Con sobrada razón, los sectores culturales manifiestan su perplejidad y rechazo, con el cual nos solidarizamos, ante el anuncio de la constitución de un tal Estado Mayor de la Cultura Venezolana por el ministerio del ramo, formalizando la absurda militarización del pensamiento y del quehacer cultural incompatible con las libertades creadoras afianzadas por los valores de la democracia, el pluralismo y, sobre todo, el respecto a la dignidad humana imposible de reducir y manipular.
Voces autorizadas, como la del profesor Carlos Guzmán, director del ININCO y coordinador de la Maestría en Gestión y Políticas Cultuales de la Universidad Central de Venezuela (UCV), alertan sobre la conformación de ese Estado Mayor que parte de supuestos anacrónicos para la defensa de un régimen que se siente amenazado, tildándolos de enemigos, por los que promueven la libertad del pensamiento. E, indudable, tal circunstancia, la que, por cierto, tardó en expresarse, la facilita a vigente Ley Orgánica de Cultura.
Es necesario recordarlo, una ley que combatimos por autoritaria e improvisada, sancionada por la Asamblea Nacional en dos sesiones por agosto de 2013 y que no fue devuelta ni promulgada en el breve plazo que fija la Constitución, para imponerse por la vía de la habilitante año y medio después. Valga la curiosidad, una ley que originalmente contemplaba un Fondo Cultural, propicio para el despilfarro oficialista, como ha ocurrido con todos, por lo que fuimos estigmatizados quienes nos negamos a votarlo, para que después el propio señor Maduro lo descartara, dejando en ridículo a sus seguidores que apostaron por la fórmula financiera.
Insisten en regimentar las actividades culturales del país, desconociendo el ejercicio de las libertades que les son indispensables para la creación y renovación plural de una sociedad a la que se le pretende espiritualmente tomar por asalto, socavándola y maniatándola. La absurda militarización de la cultura, propia de un modelo que confía en la docilidad, la precariedad y el servilismo del pensamiento, propiciando la resignación, no encuentra cabida en la decidida vocación democrática de la ciudadanía y ni siquiera en los supuestos responsables en materia de seguridad y de defensa de la nación de la cual es corresponsable el Estado y la sociedad civil.
Instalada la Comisión Permanente de Cultura de la novísima Asamblea Nacional, todos los sectores culturales podrán acudir a ella no sólo para formalizar la denuncia sobre esta pretendida militarización, como en efecto la llevaremos, sino para la rendición de cuentas que está muy pendiente por el ministerio del ramo, siendo propicia la oportunidad en la que la instancia parlamentaria ejercerá plenamente sus facultades sobre las Memorias y Cuentas de cada uno de los ministerio que conforman una gigantesca, compleja y costosísima burocracia.
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