Diputados afirman que Maduro gozó de suficientes mecanismos para atender crisis
Los parlamentarios Ana María Morales y Carlos Pinelly señalan que el documento presentado por Maduro ante la AN es una “emboscada” para “endosar” a la oposición la responsabilidad de una crisis humanitaria
(Caracas. 21/01/2016) Desde el viernes pasado, cuando presentó el Decreto de Emergencia Económica ante la Asamblea Nacional, Nicolás Maduro no ha tomado ninguna medida al respecto. Ello cuestiona el calificativo de “emergencia” y demuestra que para abordar la crisis, es innecesaria la aprobación de un Estado de Excepción en materia económica; el ordenamiento jurídico vigente lo permite. Ese es el razonamiento de la fracción parlamentaria de Vente Venezuela.
El diputado de la organización política por Delta Amacuro, Carlos Pinelly, no negó la existencia de una crisis económica –suficientemente advertida, según dijo-, pero recordó que Maduro gozó de una Ley Habilitante hasta finales del año pasado y la AN “rojita” sesionó hasta el 4 de enero. Para él, el régimen venezolano tuvo suficiente tiempo y herramientas para atender la situación, “que ellos mismos generaron”.
Decreto sin justificación jurídica
Ana María Morales, abogada y asambleísta de Vente Venezuela por el estado Falcón, explicó que no hay justificación jurídica para la aprobación del Decreto de Emergencia Económica.
Aseguró que “muchas de las cosas que ellos [diputados del oficialismo] argumentan ya están previstas en leyes aprobadas por ellos mismos, a través de la Habilitante. Ellos tienen los mecanismos en normas sublegales, como reglamentos, providencias y circulares”.
Los mecanismos necesarios para atender esta crisis están contenidos en instrumentos como la Ley de Contrataciones Públicas, la Ley de Aduanas, la Ley de Simplificación de Trámites Administrativos, la Ley Penal Cambiaria, la Ley de Seguridad Agroalimentaria y la Ley de Precios Justos.
La representante del movimiento coordinado por María Corina Machado expresó que es evidente que con ese decreto el régimen no busca solucionar el problema económico, sino “justificar a los ciudadanos que no dan soluciones por culpa de los nuevos diputados de la Asamblea que integran el bloque de la oposición”.
En esto coincidió Carlos Pinellly, quien catalogó ese decreto como una “emboscada” contra las fuerzas democráticas, que hoy son mayoría en el parlamento.
Por su parte, Morales agregó que no existen “circunstancias extraordinarias”, como lo exige la Ley Orgánica sobre los Estados de Excepción, para la aprobación de un decreto como el que promueve Nicolás Maduro.
De acuerdo con Vente Venezuela, el decreto incurre en abuso de poder y se basa en “falsos supuestos”, como la mencionada “guerra económica”. Además, en su texto no se mencionan cuáles son las garantías constitucionales suspendidas y se pretende usurpar las funciones del Legislativo que, aún en Estado de Excepción, conserva sus atribuciones.
Si bien la noche del miércoles el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró constitucional el Decreto de Emergencia Económica, la legisladora Morales resaltó que una vez que la AN apruebe o no la disposición, el máximo tribunal debe abstenerse de pronunciarse, tal como lo establece la ley en su Artículo 34.
