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Hace poco en una de esas tantas conversaciones diarias e inevitables sobre la situación crítica del país, me encontré con un viejo amigo quien me refirió una anécdota sucedida hace unos cuantos años en una elección presidencial, en efecto, mi amigo fue abordado por un férreo seguidor de uno de los candidatos, y refiriéndose al contendor de su simpatía, señaló, mi candidato va a perder las elecciones contra este rival; aseveración que a mi amigo le sorprendió, y le pregunto a aquel señor en un pueblo olvidado por la memoria venezolana, por que opinaba eso, si ambos compartían sus esperanzas de mejora en la victoria del candidato en cuestión, a lo cual el señor ya entrado en años respondió soltando una frase lapidaria y fulminante, muy sencillo, los corruptos son más que los correctos.

Muchas veces en la practica política nos encontramos con ese constante dilema, valores y anti valores conviviendo en una sociedad, en un gobierno, en un partido político, en una empresa, en las escuelas y universidades, en los hogares, planteando una lucha ético – moral que no parece terminar nunca, si nos detuviéramos a revisar los índices de percepción de la corrupción emitidos por la ONG transparencia internacional, inmediatamente brincaríamos del susto frente a un mapamundi tomado casi en su totalidad por las conductas que corrompen la ley, básicamente comenzando con casos macro como la penetración de instituciones en México involucradas con la desaparición de los 43 estudiantes de Iguala, el saqueo de Petrobras en Brasil, o de las 49 obras fantasma del fondo indígena en Bolivia, hasta cosas más comunes pero igualmente preocupantes en la evasión de impuestos por parte de empresas, el financiamiento y perdida de dinero en campañas electorales, los sobornos en la FIFA, la proliferación de la piratería y la falsificación frente a las violaciones de los derechos de autor de múltiples obras del intelecto humano, o el de los persistentes hechos de copiar o plagiar meritos académicos, y  no obedecer las normas y señales de transito sabiéndose impunes ante la posibilidad de un arreglo rápido con la autoridad de turno.

En Venezuela frente a esas mismas valoraciones nos ubicamos en el puesto 160 de países con mayor corrupción, entre 177 países evaluados, esto seria positivo de no ser porque la cuenta se lleva de atrás hacia adelante, es decir estamos en el grupo de los rezagados, y en el caso de América solo somos superados por Haití, lo que claramente nos hace pensar que poseemos como cultura una gran tolerancia a la corrupción, o peor aun, el sentimiento de impunidad es tan alto, que muy poca gente se siente cohibida al cometer un acto de corrupción penado por el ordenamiento jurídico, escándalo tras escándalo, de modo que vivimos en medio de culturas audaces para la trampa, el engaño, la estafa, o como nos gusta llamarle “viveza criolla”, un artilugio eufemístico que nos sirve como consuelo para no generar culpabilidades, sino para aupar aquello de lograr el fin sin importar los medios.

Me gusta pensar que hay más correctos que corruptos, pero no han encontrado la vitrina para mostrar otro modelo de convivencia, uno ejemplarizante, coherente y respetuoso de los derechos y deberes de todos, simplemente no han tenido la oportunidad, tal vez porque los corruptos siempre consiguen el modo de convencer con los caminos más cortos, con la manipulación de la opinión publica, y porque son capaces de cosas que otros jamás harían, esa es una realidad, avasallante por cierto en nuestro continente, donde una buena parte de los políticos de oficio aunque cabe mejor el apelativo de politiqueros, se dedican a la compra y venta de conciencias, a los fraudes de las promesas, el pensamiento y la acción, al compadrazgo y el nepotismo como método de repartición de beneficios, o a la extorsión y uso de influencias para cometer en nombre de otro la obtención de favores consistentes o no, con la institución o persona que afirma representar.

El reto es más grande hoy frente a esa abrumadora realidad, no hay manera de decirle a cada uno cuantos grados de corrupto o de correcto tiene, esa determinación pertenece a cada quien, es producto de su educación, su crianza, y sus circunstancias, aunque la condición humana también posee una antigua vocación por la búsqueda de justicia, como decía Confucio “ver una injusticia y no hacer nada es no tener valor”, pues  nunca debe cesar la aspiración de los correctos a cambiar el modelo falso y de artimañas que tanto han defendido los corruptos, que los vuelve la manzana aparentemente sana y reluciente, pero por completo podrida en su interior descompuesto, ante lo cual solo existe un antídoto posible para un veneno que recorre las venas de nuestro entramado social, la transparencia, la claridad y luminosidad del hacer a prueba de cuestionamientos e interpelaciones, la senda del obrar en base a la prudencia, la pertinencia y la congruencia,  pues solo así se gesta la realización del sueño permanente e infinito que tienen las nuevas generaciones creyentes y demandantes de un mundo mejor.

Twitter: @Daniel_Merchán 

“La amnistía es el primer paso para la paz y la reconciliación de todo el pueblo de Venezuela” (Tomás Guanipa).

La amnistía es un acto político y jurídico emanado del poder legislativo por el cual se elimina la responsabilidad penal de un delito, se extingue la acción penal y el estado renuncia al ejercicio del ius puniendi o derecho de castigo, cesando las responsabilidades de las personas involucradas. La Constitución Bolivariana de 1999 (Artículo 187.5 CN) otorga a la Asamblea Nacional la facultad de decretar amnistías como un privilegio exclusivo, con la única limitación de que no puede decretarse ni concederse respecto de delitos de lesa humanidad, violaciones graves de derechos humanos y crímenes de guerra (Artículo 29 CN).

Al referirse la amnistía a hechos considerados como punibles y despenalizarlos, no solo alude a delitos de tipo penal, sino también a ilícitos administrativos y a inhabilitaciones políticas acordadas por la Contraloría General de la República. De manera que si el hecho queda despenalizado y borrado o extinguido como hecho punible, opera para todas las personas que pudieran haber sido investigadas, imputadas, acusadas o condenadas por los mismos hechos, sin excepción alguna.

Fue un compromiso primordial de la MUD la aprobación de una ley de amnistía general para liberar a los presos políticos, estudiantes, periodistas y líderes sindicales y que permitiría el retorno de los exiliados y perseguidos. Ese fue un mandato del pueblo en las elecciones parlamentarias el 6D. Ya se dio el primer paso al consignar en la AN el proyecto de ley y ahora viene la etapa de discusión y aprobación. Es allí donde será necesario andar con pies de plomo, para no cometer errores y darle argumentos al oficialismo.

Pero ¿debe el Decreto de Amnistía revestir forma de ley y remitirse para su ejecútese a la presidencia de la República? ¿Puede ser un decreto legislativo, un acto parlamentario, que no tenga forma de ley? ¿Podrá la AN lograr el cumplimiento de la Ley o del Decreto de Amnistía luego de su aprobación? ¿Qué sucedería si el régimen se niega a su cumplimiento y no pone en libertad a los presos políticos después de aprobada la norma? ¿Cuál será la posición del TSJ y su Sala Constitucional? ¿Puede la Sala Constitucional vetar la ley o el decreto de amnistía? Estas y muchas otras interrogantes deben ser consideradas y analizadas con frialdad.

Compartiendo la opinión del Dr. Brewer Carías, consideramos que la AN debería emitir el Decreto de Amnistía mediante un acto parlamentario sin forma de ley, que no necesitaría ser enviado al poder ejecutivo y que, por ser perfectamente constitucional, no podría ser vetado por la Sala Constitucional del TSJ. Pero antes o paralelamente debe actuarse en otro frente; el del nombramiento írrito de los magistrados del TSJ, anular su designación bajo el principio de la auto-tutela de los actos y convocar a un nuevo proceso de postulaciones. Esto derrumbaría el muro de contención en el cual se ha convertido el TSJ, para impedir los cambios exigidos mayoritariamente por los venezolanos el 6D. Para todas estas acciones la AN necesita del apoyo firme y paciente, de una sociedad civil consciente de los difíciles momentos que transitamos.

Mención aparte merece la Gente del Petróleo. La Ley de Amnistía debe ser considerada como un tributo para esos más de 18.000 trabajadores de la industria petrolera, que fueron despedidos y perseguidos injustamente, a quienes les fueron robadas sus prestaciones sociales y que el tiempo y la destrucción de nuestra principal industria les ha dado la razón.

La ley de Amnistía será un importante paso para superar la venganza y el odio, crear condiciones para el entendimiento y lograr reconciliación, justicia y paz social.

Uno de los grandes paradigmas que Carlos Rangel siempre planteó a lo largo de su nada corta trayectoria pública fue la llamada mentira constitucional, idea bajo la cual amparaba todos esos engaños –grandes y pequeños por igual- que los hispanoamericanos teníamos por costumbre crear para combatir los sentimientos de inferioridad que de vez en mes nos asechaban. Por lo general, estas mentiras permitían justificar sofismas centrales para nuestras sociedades, dando un alivio temporal ante nuestras fallas pero haciendo de estas más y más insuperables, hasta que la crisis inevitable hacía del engaño un constructo inviable.

Viendo las discusiones, conversaciones y críticas que han ido apareciendo y profundizándose a lo largo de la larga crisis económica que estamos viviendo, no puedo evitar pensar que nuestra sociedad se ha vuelto víctima de su propia mentira, o más acertadamente, su propio engaño. Al ver cómo ha colapsado el modelo de repartición de renta arbitrario y demagógico construido bajo el epitome de socialismo del siglo XXI, gran parte de nuestra sociedad ha alzado la voz en defensa de lo que considera su derecho, entendiéndose esto como su beneficio correspondiente a aquel sistema.

Siguiendo esta lógica, hemos visto un desfile interminable de personas de los más amplios espectros e intereses sociales desfilar por todos cada uno de los espacios de opinión que aún quedan en el país –que es preciso recordar, no son muchos. Desde viajeros que reclaman por sus dólares preferenciales hasta burócratas que luchan por evitar a toda costa el fin de sus privilegios, asumiendo todos y explicando y defendiendo porque su interés es más importante que los demás para la patria, o el país, o cualquier epítome similar.

A la sombra de estos reclamos, ciertamente carnavalescos y superficiales, han ido surgiendo dramas más elementales y terribles para quienes son sus protagonistas. Comenzando por los miles de pacientes oncológicos condenados a una agonía cruel e inhumana por la inexistencia de los suplementos básicos para sus tratamientos, pasando por los niños que nacen condenados a un crecimiento malsano por la imposibilidad de acceder a los nutrientes más básicos y llegando a quienes deben dedicar su existencia buscando esa pastilla que les dará un día más de vida para buscar la siguiente, muchos pagan con su muerte el descalabro de un esquema que los ha condenado al ostracismo.

Ante tal realidad, dramática y dolorosa para quien sienta este país, no hemos sabido responder con las verdades que en muchos casos sabemos ciertas. Una de las respuestas más comunes es el cínico debate sobre que debe tener más ‘prioridad’ en la crisis, siendo el control de cambio la principal arma para asignar tal importancia. Tal planteamiento nos ha llevado a discutir elecciones tan draconianas como el tipo de vidas que debemos salvar, la clase de estudios que deberíamos financiar o la comida que tenemos que importar.

Esta discusión sin sentido – una más de nuestras mentiras- nos ha llevado a evitar asumir la realidad palpable a la vista: no tenemos la capacidad real de elegir ninguna prioridad. Viendo la destrucción de todos los sistemas fundamentales para una economía normal, en especial el sistema de precios y de asignación de capital, el colapso de la administración pública y la caída de los ingresos reales a niveles ínfimos, no tenemos los mecanismos para sostener siquiera una versión ínfima de un sistema que al final solo logró repartir miseria para todos por igual.

Es deber de todos los que queremos rescatar nuestra nación no solo advertir, sino desafiar tal realidad, por más impopular que sea. Es momento de hacerle ver a nuestra sociedad que debemos conjurar todos nuestros esfuerzos en asumir los costos del único ajuste que puede rescatar nuestra nación,  el desmantelamiento sin paliativos de los controles económicos y sociales, protegiendo exclusivamente a aquellos que no tienen el tiempo ni la fuerza para sobrevivir tal transición. Necesitamos el liderazgo político que asuma el peso y el costo de guiarnos ante los tiempos más oscuros de nuestra historia republicana, de manera tal que podamos retomar la marcha hacia el futuro sin engaños ni mentiras, asumiendo un camino donde la verdad nos garantice nunca más tener que escoger el tipo de vida, o muerte, que deben sufrir nuestros ciudadanos.

Twitter: @Dabiel_Jose