(Caracas. 09/09/2019) La accidentada vida política venezolana, jamás impidió que, de una u otra forma, el parlamento se ocupara del Esequibo. Excepto las más severas y, a la vez, cínicas dictaduras que lo exhibieron como una pieza ornamental, pesó el tema tanto como ocurría con una nación que, desde el primer momento, interpretó el Congreso de 1811, con el consabido principio del uti possidetis iuri.
Los diarios de debate, a partir de 1959, revelan un creciente y sistemático esfuerzo del bicameralismo por construir una política de Estado que, en este siglo, se esmeró en demoler el socialismo. La Asamblea Nacional, bajo dominio oficialista, aportó su mudez acomodaticia para agravar el problema, desempleadas todas las herramientas parlamentarias que hubiesen evitado los mayores enredijos que la retórica y el oropel nunca lograron atajar.
A partir de 2016, se ha hecho un esfuerzo por revertir la situación al fijar una doctrina a la que tangencialmente ha apelado la propia dictadura para tener un piso mínimo y racional. Antes que Miraflores y la tal constituyente abrieran la boca, la Asamblea Nacional motivó y acordó la inaplicabilidad de la decisión del Secretario General de la ONU de remitir a La Haya la controversia, lo que menos aún justificaba nuestra comparecencia en la instancia internacional. Por cierto, circunstancia ésta que no eximía a la dictadura de sus diligencias y responsabilidades.
Por supuesto, hay también diferencias de perspectivas y procedimientos, porque resulta inaceptable un tratamiento escolar del asunto. El ejemplo más marcado estuvo en la oportuna denuncia que hizo la Fracción Parlamentaria del 16-J del plazo de remisión, planteando alternativas, como el nombramiento de una comisión especial a dedicación exclusiva, en diciembre de 2016, por lo que, piando tarde, la Asamblea Nacional tuvo que encarar el asunto en febrero de 2018. No obstante, conocida la temeraria acusación del régimen, pretendiendo lavarse las manos al inculpar a la oposición, puede aseverar que el parlamento ha cumplido con su deber, corrigiendo la tarea.
Significa también un reconocimiento a los esfuerzos que se hicieron antes, pues, fueron muchos los intentos por abordar el tema ante la sistemática negación de la otrora mayoritaria bancada chavo-madurista. Era vano limitarse a una rutinaria solicitud del debate y se necesitaba un contundente hecho político que estremeciera a la Asamblea Nacional, abriendo camino a la discusión, y fue lo que ocurrió con el viaje ideado, organizado y dirigido por la otrora diputada María Corina Machado de un amplio conjunto de diputados y dirigentes al territorio venezolano del Esequibo, más allá de Anacoco, que sorprendió y desconcertó a la propia dictadura, añadido el Proyecto de Promoción y Defensa de la Fachada Atlántica, como uno de los resultados concretos.
Es justo reconocer su aporte a la esequibidad del parlamento y no es casual que Vente Venezuela y la Fraccion 16-J, sean tan sensibles a la materia. Además, nos permitimos revelar una iniciativa que pocos conocen: cuando avanzaba el plazo en cuestión, en medio de una generalizada indiferencia, le plantemos a María Corina la necesidad de convocar a una reunión de varios expertos y parlamentarios, aún contrarios, para tratar de la gravedad del asunto y ella, accediendo inmediatamente, la organizó y se realizó antes de que se produjese la decisión del Secretario General de la ONU.
Esequibidad equivale, ante todo, a autoridad moral. Y la que debe esgrimir la Asamblea Nacional frente al entreguismo territorial del régimen.
