(Caracas. 18/03/2025) María Corina Machado pidió a la Misión de la Determinación de los Hechos y la Oficina del Alto Comisionado de la Organización de Naciones Unidas (ONU) profundizar su labor y mantenerse firmes frente al “sistema criminal” de Nicolás Maduro. Así lo dijo este martes en un video presentado, en nombre de Ingenieurs du Monde, durante la 58 sesión del Consejo de Derechos Humanos.
En su testimonio, la dirigente venezolana aseguró que en su país no se enfrenta una tiranía convencional, sino al secuestro de un régimen que recurre a la represión y el terror. “Es hora de que la justicia internacional avance. Los venezolanos hemos hablado, votado y hemos luchado; y no descansaremos hasta lograr nuestra libertad”, abogó.
Asimismo, calificó la situación de Venezuela como una de las crisis de derechos humanos más graves del mundo, caracterizada por torturas, desapariciones forzadas y persecución política contra miles de víctimas.
“Después de la derrota de Maduro en las elecciones del 28 de julio, el Estado venezolano ha desatado una escalada represiva brutal, sin precedentes. Más de 2000 personas han sido detenidas arbitrariamente -incluyendo a niños, mujeres, activistas- por exigir el derecho a su voto”, recordó.
Machado también se refirió a los miembros del Comando de Campaña Con Vzla asilados en la embajada Argentina en Caracas, quienes permanecen sin electricidad, agua y productos esenciales, mientras les niegan los salvoconductos. Además, citó casos como el de los defensores de derechos humanos Rocío San Miguel y Javier Tarazona, quienes siguen encarcelados en condiciones inhumanas.
“El yerno del Presidente Electo Edmundo González, Rafael Tudares, permanece secuestrado y desaparecido desde el 7 de enero. Yo les hablo desde un lugar de resguardo, porque el régimen también quiere detenerme”, agregó.
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Transcripción en inglés:
ENGLISH
Mr. President,
Today, Venezuela is experiencing one of the world’s most severe human rights crises. This has been stated by the Fact-Finding Mission and the High Commissioner, and is confirmed daily by thousands of victims of torture, enforced disappearances, and political persecution.
After Maduro’s defeat in the July 28 elections, the Venezuelan state has unleashed an unprecedented and brutal escalation of repression. More than 2,000 people have been arbitrarily detained — including children, women, and activists — for demanding their right to vote. Members of our campaign command have spent a year trapped in the Argentine Embassy without electricity, water, or essential supplies, with their safe passage denied. Political leaders and their families have been arbitrarily detained or disappeared, such as human rights defenders Rocío San Miguel and Javier Tarazona, who remain imprisoned under inhumane conditions. The son-in-law of President-elect Edmundo González, Rafael Tudares, has been held hostage and has been missing since January 7. I speak to you from hiding because the regime also intends to arrest me.
Mr. President,
This is not a conventional tyranny. Venezuela is a country held hostage by a criminal system. The regime is left with nothing but repression and terror, which is a sign of its own weakness. The world cannot ignore this horror. This Council, the Fact-Finding Mission, and the Office of the High Commissioner must intensify their efforts and remain steadfast. It is time for international justice to move forward. We Venezuelans have spoken, voted, and fought, and we will not rest until we achieve our freedom.
Aparato represivo
La Misión documentó que, entre septiembre y diciembre de 2024, al menos 42 personas opositoras o percibidas como tales fueron detenidas arbitrariamente por las fuerzas de seguridad, entre ellas 14 periodistas. La Misión también reportó que, solo en la primera quincena de enero de 2025, el régimen detuvo al menos a 84 personas, incluidas mujeres, adolescentes, defensores de derechos humanos y dirigentes políticos. Además, denunciaron la muerte de cuatro detenidos bajo custodia del Estado, el uso de desapariciones forzadas y casos de tortura contra opositores.
Asimismo, confirmó que la práctica de detener a familiares de opositores y activistas sigue siendo una estrategia de persecución del régimen, y que persisten patrones de detenciones arbitrarias seguidas de periodos prolongados de incomunicación y desapariciones forzadas. Al respecto, Machado exigió la liberación de los defensores de derechos humanos Rocío San Miguel y Javier Tarazona, quienes siguen detenidos en condiciones inhumanas, y denunció la desaparición forzada de Rafael Tudares, yerno del presidente electo Edmundo González Urrutia, secuestrado el pasado 7 de enero cuando llevaba a sus hijos a la escuela.
En su informe, la FFM también identificó la existencia de centros clandestinos de detención, así como el traslado de detenidos a celdas de castigo e incomunicación por reclamar mejores condiciones. Además, reveló que el régimen ha negado asistencia médica a presos políticos, lo que ha resultado en muertes bajo custodia.
«El 23 de enero fueron arrebatados de una manera violenta, el 26 del mismo mes el Fiscal confirmó que los tenían detenidos. Sus familiares y nosotros hicimos un escrito de denuncia ante la Fiscalía y al día de hoy no tenemos respuesta».
También se pidió la liberación del profesor Victor Venegas, presidente de FENATEV en el estado Barinas y los más de 300 presos políticos que permanecen encarcelados.
