El día 25 de Octubre, la Asamblea Nacional como parte del acuerdo para iniciar el procedimiento de declaratoria de responsabilidad política del presidente de la república, en su segundo punto estableció lo siguiente:
«Declararse en Sesión Permanente de consulta popular, por medio de la plenaria de la Asamblea Nacional y de sus Comisiones Permanentes, en la sede del Parlamento y en las comunidades, para determinar junto al pueblo, en asambleas de ciudadanos y ciudadanas, movilizaciones y diversas formas de deliberación y manifestación pública, las decisiones posteriores que deban adoptarse ante la ruptura constitucional impulsada por el Presidente de la República, de acuerdo con los artículos 187, numeral 4, de la Constitución y 127 y 128 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional”.
En el mismo acuerdo se resuelve citar a Nicolás Maduro para que “compadezca al Hemiciclo de Sesiones el día 1 de noviembre a las 3:00 pm, a fin de que exponga sobre su posible responsabilidad por las graves violaciones a la Constitución, los derechos humanos y la democracia…”
Pero, para asombro de quienes padecemos el rigor de esta dictadura, ese mismo 1º de noviembre y en razón de haberse iniciado el día anterior un diálogo con los victimarios de la libertad de los venezolanos, la Asamblea Nacional decidió suspender el debate, sobre el juicio político a Nicolás Maduro, decisión a la que por cierto, solo se opusieron los diputados de Vente Venezuela.
La pregunta que como ciudadano me hago, es ¿junto a qué pueblo?, ¿en qué asamblea de ciudadanos y bajo qué forma de deliberación pública, tal como lo expresa el acuerdo antes citado, se decidió ir al cuestionado diálogo y suspender la comparecencia de Nicolás Maduro?, ¿a quién se le consultó respecto a la decisión de frenar en seco los compromisos asumidos en el primer acuerdo aprobado en el parlamento el día 23 de Octameritaubre de designar los nuevos cinco rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE) y los Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), así como denunciar ante la Corte Penal Internacional a jueces y rectores responsables de haber suspendido el proceso del referendo revocatorio?, ¿por qué no se debatió con la profundidad y responsabilidad que el caso de la nacionalidad de Maduro?. En pocas palabras, los venezolanos nos preguntamos, ¿qué pasó para que lo innegociable en pocos días se hiciera negociable?
Que los partidos Acción Democrática, Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo y el gobernador Henri Falcón, sin consultar de una manera amplia y desmereciendo así, la opinión de los demás factores políticos que hacen vida en la Mesa de la Unidad Democrática, hayan decidido ir a un diálogo y que al día de hoy solo ha beneficiado a la dictadura, ya es de por sí condenable. Pero, que desde la Asamblea Nacional se incumpla un compromiso adquirido a través de la formalidad de un acuerdo, dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, resulta una falta de respeto y un desconocimiento al poder soberano del cual emana tal institución y al que de acuerdo a la Constitución está sometida.
Sin embrago, más allá de la desmoralización y desmovilización lograda a raíz del inicio del diálogo y el consecuente enfriamiento de la calle, lo más grave es la falta de confianza que buena parte de la dirigencia opositora ha generado en los ciudadanos. Los venezolanos necesitamos de un liderazgo en el que podamos confiar el futuro de nuestros hijos, ya que en un país, en donde literalmente todos nos jugamos la vida, el hilo conductor de la lucha que se proponga llevarnos a la libertad, requiere de la debida coherencia, firmeza, lealtad, honestidad y transparencia que tal propósito demanda.
(@JoseaVega)
