La ruta que ha fijado
el Presidente Encargado, es: Cese de la Usurpación, Gobierno de Transición y
Elecciones Libres; en ese orden y, aunque el primer objetivo puede resultar
inquietante, dada la ambigüedad del verbo empleado, dejando pasar eso, no deja de
ser un imperativo necesario para alcanzar los otros dos objetivos.
La ruta ¿está clara?,
sí y no, veamos:
Sí, porque no hay duda
alguna de que esos tres objetivos son más que frases pegajosas que sirven a los
fines de un propagandista eficaz; al calificar al régimen como usurpador, se
exige, se requiere, se prevé su cese para que exista un gobierno que garantice,
durante un periodo delimitado por la ley, la transición hacia la reconstitución
de las instituciones del Estado y finalmente, puedan haber elecciones libres,
pero…
No, porque se ha
repetido hasta el cansancio el qué; lo que se necesita y sobre lo que es
perentorio trabajar; pero no sobre el cómo, es decir, sobre la metodología a
emplear, las estrategias más adecuadas para alcanzar dichos objetivos; en ese
sentido la difusa ruta queda casi vacía de contenidos.
Numerosos actores, pero
fundamentalmente la fracción 16J en la Asamblea Nacional, han previsto esto y
han recomendado reiteradamente el cómo; se ha propuesto la activación del
artículo 187.11; lo que supone dar soporte jurídico a la decisión ejecutiva de
la autoridad legítima (no de otra) para coordinar una misión militar
humanitaria en el país; dicho decisión, en manos del Presidente, requiere el
aval del cuerpo legislativo, pero también la voluntad del Ejecutivo en
funciones de hacerlo, por lo que exige necesariamente una coordinación con los
aliados.
En este sentido el
Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) brinda una gran ventaja,
al darle peso internacional, validez geopolítica a la decisión de hacer frente
a fuerzas invasoras claramente identificadas, como lo son la cubana, la rusa,
las de distinto origen islámico y en general, las asociadas con mafias
transnacionales.
La coalición de
partidos no alineados con los intereses de la extinta MUD, ahora Frente Amplio,
ha hecho una sugerencia que merece la pena revisar, a la luz de lo que aquí se
expone.
Si la ruta es el cese
de la usurpación, entonces es necesario que el Presidente Encargado ejerza más
que un cargo accidental, subordinado a los factores dentro de la Asamblea
Nacional; Venezuela es un Estado Presidencialista, la permanencia de Juan
Guaidó en dos cargos al mismo tiempo podría resultar contradictorio y hasta
inconveniente.
Es necesario que se
nombre un Consejo Ejecutivo, integrado por asesores técnicos, especializados y
comprometidos, que le permitan al Presidente tomar decisiones ejecutivas de
acuerdo a su rol principal; pero además, es vital que se nombren cargos con
valor ministerial en áreas como la seguridad y defensa y como la estrategia
económica; pues de esto depende el diseño de una campaña eficaz dirigida por el
Ejecutivo en funciones, para reclamar, apropiarse, tomar, legítimamente el
poder; este es el mandato que ha dado la ciudadanía al juramentarse el 23 de
enero de 2019.
Entre el Consejo
Ejecutivo y la Asamblea Nacional podrían intensificarse, priorizándose el
objetivo, los esfuerzos por articular a los países integrantes del TIAR y
alcanzar un acuerdo de cooperación con aquellos países que, o se ven amenazados
por la situación venezolana o ya han recibido los primeros efectos de los
factores apostados en el país.
Con la discusión del
TIAR adelantada, un Consejo Ejecutivo activo trabajando en una estrategia
militar efectiva, para tomar el poder, no queda más que la discusión necesaria
del artículo correspondiente a la aceptación de una misión militar con fines
humanitarios.
Pero la liberación no
solo implica esfuerzos concretos que permitan avanzar; activamente, en pro de
lograr los objetivos de la ruta; también implica cerrar ciclos abiertos que han
dado a la comunidad internacional, mensajes equivocados sobre las prioridades
del país; esto pasa por dar una declaración contundente y hacerla tangible en
la actitud, del cierre de cualquier proceso de negociación abierto o pedido por
algún país extranjero a instancias de otro o motu proprio; pero además, también
implica el desconocimiento y desobediencia a cualquier proceso de negociación
paralelo que se haya abierto por terceros no involucrados directamente en las
funciones ejecutivas.
Finalmente, así como es
indispensable la declaración de la no negociación activa; también es
fundamental la no participación en espectáculos truculentos electoreros
convocados o planificados por el régimen o que le incluyan, de alguna manera; si
se califica de usurpadores a los voceros del régimen, no puede validarse
ninguna propuesta electoral que no pase por el cese de su usurpación y por la
restitución del ordenamiento jurídico venezolano, antes.
Con esto, entonces el
ejecutivo en funciones puede coordinar acciones ciudadanas que permitan pasar
de una actitud de resistencia civil a una de desobediencia civil; es decir, el
ejecutivo debería ser capaz de ejercer el poder en la calle; cualquier decisión
o anuncio del régimen debería ser desoído por la ciudadanía, de este modo la
presión no solo sería internacional, institucional, interna y externa, sino
también popular; generando unas condiciones de conflictividad favorables al
cambio, pues no conviene esta normalidad que solo beneficia a los que se enriquecen
con la miseria de los ciudadanos.
La exigencia de la
coalición Soy Venezuela, es continuación de las muchas exigencias de la
fracción 16J, es expresión de las exigencias de muchos ciudadanos, de la
mayoría; que ve con estupor la convocatoria a actividades por infinitas
razones, pero sin ningún objetivo claro, medible, concretable en logros.
A la coalición
internacional liberadora, se ha de sumar la coalición interna liberadora, en un
proceso articulado por la autoridad, en el ejercicio de sus poderes ejecutivos,
con la independencia, determinación y prudencia necesarios.
