(Caracas 20.10.26) El abogado y defensor de derechos humanos Omar Mora Tosta afirmó que la reciente modificación de las competencias de los tribunales en Venezuela no supone el desmantelamiento de la jurisdicción especial de terrorismo, sino una ampliación de su alcance, al permitir que más de 600 tribunales penales del país conozcan estos casos. Así lo señaló durante una entrevista con el periodista Román Lozinski.
«En la práctica, el titular es una noticia completamente errada, porque no hay ningún desmontaje de la jurisdicción de terrorismo. Todo lo contrario, se multiplicaron», sostuvo Mora Tosta, quien advirtió que los tribunales podrán aplicar leyes que considera inconstitucionales y restrictivas de los derechos civiles, políticos y económicos de los venezolanos.
El abogado explicó que anteriormente existían cuatro tribunales con competencia de control a escala nacional. Según detalló, esa atribución fue retirada de esos juzgados y distribuida entre los tribunales penales del país. Mientras tanto, se reservaron para el control de los casos los tribunales nacionales de juicio en materia de terrorismo, con sede en Caracas, y dos cortes de apelaciones.
A su juicio, esta reorganización no elimina la estructura judicial que se ha utilizado para procesar casos vinculados con la persecución política. Por el contrario, extiende su aplicación a cientos de tribunales en todo el territorio nacional.
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Libertad de los presos políticos y derogación de leyes
Mora Tosta sostuvo que cualquier avance hacia la recuperación de la democracia y la reinstitucionalización del país debe comenzar con la liberación plena y sin restricciones de todos los presos políticos, así como con el cese de la persecución.
«Las leyes no deben ser reformadas ni maquilladas, Román, tienen que ser derogadas, que es el término técnico que se debe usar», afirmó al referirse a la Ley contra el Odio, la Ley de Terrorismo y la Ley Simón Bolívar.
El abogado señaló que estas normas restringen derechos fundamentales y mantienen, a su juicio, una amenaza sobre los ciudadanos, al limitar la libertad de expresión, la participación política y el ejercicio de actividades económicas.
«Mientras eso exista vamos a provocar que no haya disenso, vamos a provocar que las personas no puedan expresar libremente sus ideas ni dedicarse a la actividad económica que quieran, ni pertenecer a la agrupación política que les provoque», advirtió.
También insistió en que las inhabilitaciones políticas deben cesar para permitir la participación de todos los candidatos en futuros procesos electorales, entre ellos María Corina Machado.
Sobre la líder venezolana, Mora Tosta cuestionó la legalidad de su inhabilitación y sostuvo que la Contraloría no puede imponer una sanción de esa naturaleza al margen de un proceso penal que respete el debido proceso y el derecho a la defensa.
«Todo esto, por supuesto, para crear el ambiente propicio para un evento electoral en Venezuela, en donde, por supuesto, participen todos los candidatos que tienen razón de ser en ese evento, la principal María Corina Machado», expresó.
Justicia, reparación y garantías de no repetición
El abogado advirtió que los avances recientes en materia política y judicial son insuficientes si no están acompañados de medidas que impidan que se repitan las violaciones de derechos humanos.
«Nosotros no vamos a avanzar como sociedad sin que haya justicia para las víctimas, una adecuada reparación y la garantía de no repetición», afirmó.
En ese sentido, consideró que la garantía de no repetición pasa por desmontar las estructuras legales e institucionales utilizadas para perseguir a personas por razones políticas. Añadió que organismos internacionales han documentado casos de persecución y restricciones a la participación política en Venezuela.
Mora Tosta también recordó que la utilización de tribunales militares para procesar a civiles fue cuestionada en el ámbito internacional y señaló que posteriormente se recurrió a tribunales especiales en materia de terrorismo.
Para avanzar hacia la liberación de los presos políticos, planteó profundizar los mecanismos jurídicos disponibles, entre ellos una amnistía que cumpla con los estándares internacionales, la revisión de condenas, las nulidades procesales, los sobreseimientos y los indultos, según corresponda en cada caso.
A su juicio, el ordenamiento jurídico venezolano contempla herramientas para resolver estas situaciones, pero su aplicación requiere voluntad política.
«Así como una orden que determinó la detención de todas las personas que han sido procesadas por razones políticas, debería existir otra en la dirección contraria. Pues liberen a todos de una buena vez y cierren todos esos casos, cierren la jurisdicción de terrorismo, deroguen las leyes que limitan derechos y garantías fundamentales de los venezolanos», manifestó.
Denuncia discriminación en la aplicación de la amnistía en el caso de Perkins Rocha
Durante la entrevista, Mora Tosta también se refirió a la situación de Perkins Rocha, abogado al que representa y cuyo caso, aseguró, evidencia una aplicación discriminatoria de la amnistía.
Explicó que Rocha fue procesado junto con otros ocho imputados y que, según su relato, seis de ellos obtuvieron libertad plena y el cierre de sus causas mediante la aplicación de esa norma. Un séptimo también se encuentra en libertad, mientras que Rocha continúa bajo restricciones.
«Perkins Rocha es la viva imagen de lo que significa la discriminación en la aplicación de este instrumento por razones políticas», sostuvo.
El abogado indicó que Rocha permanece en su domicilio con un grillete electrónico y vigilancia policial, además de estar obligado a someterse a controles periódicos. Aseguró que estas condiciones le impiden retomar sus actividades habituales y acceder a atención médica.
Mora Tosta advirtió que su defendido presenta patologías médicas importantes, entre ellas una válvula cerebral relacionada con antecedentes de hidrocefalia y tuberculosis cerebral. Según denunció, Rocha no ha podido acudir a consultas médicas ni siquiera odontológicas.
«No nos importa la ley, él es un hombre inocente y hay mecanismos dentro de nuestro ordenamiento jurídico para resolver esa situación», afirmó al insistir en que su caso debe recibir una respuesta.
El abogado atribuyó la continuidad de estas restricciones a la falta de voluntad política y reiteró que las autoridades pueden recurrir a los mecanismos jurídicos existentes para cerrar las causas y garantizar la libertad de los procesados por motivos políticos.
Llamado a cumplir los compromisos internacionales
Mora Tosta instó a las autoridades venezolanas a retomar el cumplimiento de la Constitución y de los tratados internacionales de derechos humanos suscritos por el país.
Mencionó los pronunciamientos y las recomendaciones del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otros organismos multilaterales, y cuestionó que las autoridades hayan buscado apartarse de compromisos internacionales en esta materia.
«Yo creo que tenemos que, todo lo contrario, regresar a la vigencia de la Constitución, de los tratados internacionales que son ley en Venezuela y cumplir con nuestros pactos como está establecido allí», concluyó.
Para el abogado, la liberación de los presos políticos, el cese de la persecución, la derogación de las leyes que restringen derechos y el desmantelamiento de las estructuras judiciales utilizadas para procesar estos casos son condiciones necesarias para avanzar hacia una transición democrática y la recuperación de la institucionalidad venezolana.