En su esencia más básica, la administración pública es la encargada de los ingresos y egresos, dicho en otras palabras se encarga de recaudar el dinero necesario para hacer frente a los gastos del Estado, bien por vía de los impuestos, o por la venta de sus materias primas (petróleo, oro, diamante, coltán), venta de activos, préstamos, entre otros, destinando o debiendo destinar la mayor cantidad de los mismos, hacia el beneficio de los ciudadanos, distribuidos en bienes y servicios: como carreteras, parques, educación, salud, seguridad, etc., quienes de una u otra manera son los depositarios de la soberanía y, por medio de ellos, se aprobaron los principios rectores (Derechos Sociales) consagrados en un texto legal, que establece sin lugar a duda la obligación de la administración pública de cumplirlos, brindando a cada venezolano mejor calidad de vida, la posibilidad de aumentar su poder adquisitivo (ser rico no es malo), sueldos bien remunerados, múltiples fuentes de empleo; es decir, fomentando el crecimiento y desarrollo económico del país.
Sin embargo, la realidad es otra: corrupción, escasez, subdesarrollo, pésimos servicios públicos, desnutrición, falta de oportunidades y salarios de hambre, son algunos de los prejuicios que padecemos, para no hacer la lista más extensa.
Por ende, ante la inminente posibilidad de un cambio político en nuestro país, es imperativo adoptar un nuevo modelo y restructuración de la gestión pública, apegado al servicio del ciudadano, con un nuevo componente de profesionales, altamente competentes, capacitados, expertos en las distintas áreas económicas y sociales del país, que obedezcan al conjunto de principios y teorías de sus profesiones y no respondan a los intereses clientelistas de un partido, que ocupen su puesto por el concurso de credenciales y la meritocracia y no sea el resultado del amiguismo y favoritismos políticos, un gobierno pequeño pero eficiente, con los hombres y mujeres adecuados y suficientes, sin institutos ni ministerios de adornos, que solo consumen los recursos del Estado, y son utilizados para comprar las intenciones de votos de sus empleados.
El nuevo sistema de administración pública debe deslastrarse de las empresas que solo absorben capitales y que no generan beneficios, que están inactivas e improductivas, pero que absorben grandes cantidades de dinero para el pago de nóminas.
El nuevo Estado debe invertir grandes cuantías de recursos en educación, servicios públicos, vialidad y seguridad, lo que facilita el crecimiento de nuevas empresas, el fortalecimiento de la economía y abre el abanico de oportunidades a todos para conseguir un mejor empleo y bien remunerado.
Para eso debe garantizar las libertades económicas, contempladas en el texto citado. Por otra parte, restablecer las competencias técnicas del Banco Central para controlar los índices de inflación, liquidez, control cambiario y los índices macroeconómicos, de manera de tener una economía sana, equilibrada y constante, abriéndose a los mercados internacionales y por su puesto a la libre competencia, para atraer nuevos procesos de producción, tecnología y mano de obra calificada.
La nueva administración pública debe velar por la restructuración del presupuesto, basado en una adecuada asignación de recursos, que tome el sendero de los principios de eficacia y eficiencia, donde se gaste para los objetivos propuestos, los cuales deben ser alcanzados en un tiempo prudente y que se consigan de la manera más económica, es decir (que no se maten moscas a cañonazos) y por último un control exhaustivo de los resultados obtenidos de ese presupuesto.
Franklin Ramírez
Coordinador de Gestión Pública de Vente Trujillo