(Caracas. 23/03/2022) Este miércoles, el Comite de Derechos Humanos de Vente Venezuela emitió un comunicado en rechazo a las declaraciones realizadas por la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas (ONU), Michelle Bachelet, durante la Sesión 49 del Consejo de Derechos Humanos de esa organización, ya que a su juicio, reflejó una minúscula parte de las múltiples arbitrariedades y crímenes de lesa humanidad que viven los venezolanos, dentro y fuera de nuestro territorio, sin definir acciones firmes y contundentes para la obtención de justicia, reparación y no repetición de los crímenes.
En el pronunciamiento definen como absurdo el calificar las reformas aplicadas por el régimen al sistema de justicia y la reestructuración de la Policía Nacional como pasos prometedores, cuando no son más que una estrategia implementada por el Estado Criminal para bloquear la justicia internacional. En este sentido, hacen un llamado a la comunidad internacional a actuar inmediatamente por todos y cada uno de los ciudadanos que son víctimas de violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad en Venezuela, a fin de que exista justicia y la no repetición de estos crímenes.
A continuación texto integro del Comunicado:
Vente DDHH: Supuestas reformas judiciales del régimen buscan blanquear imagen de la tiranía
Desde el Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela rechazamos las declaraciones realizadas por la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas (ONU), Michelle Bachelet, durante la Sesión 49 del Consejo de Derechos Humanos de esa organización, en la que reflejó una minúscula parte de las múltiples arbitrariedades y crímenes de lesa humanidad que viven los venezolanos, dentro y fuera de nuestro territorio, sin definir acciones firmes y contundentes para la obtención de justicia, reparación y no repetición de los crímenes. Eso ha causado incomodidad e inconformismo por parte de los venezolanos, y con razón.
Es absurdo calificar las «reformas” aplicadas por el régimen al sistema de justicia y la reestructuración de la Policía Nacional como “pasos prometedores”, cuando no son más que una estrategia implementada por el Estado Criminal para bloquear la justicia internacional y defender los grandes intereses financieros y geopolíticos que pretenden lavarle la cara a Nicolás Maduro y su tiranía.
Estas supuestas reformas no son más que una máscara para ocultar la realidad de lo que ocurre en el país, algo que ellos han pretendido esconder durante todos estos años. No existe ningún avance, porque mientras el régimen criminal dice que hay reformas que buscan poner fin a la impunidad, en Venezuela trasladan a presos políticos a otras celdas de torturas, les niegan atención médica, persiguen a la disidencia y amparan a criminales.
Por otro lado, su solicitud de levantar las sanciones a Nicolás Maduro y demás miembros de su régimen criminal no está en consonancia con lo que los venezolanos quieren, que es obtener justicia, y cuanto antes.
Pedir que sean levantadas las sanciones que fueron aplicadas al régimen venezolano es un planteamiento incomprensible, considerando que lo que hemos presenciado recientemente es un nuevo intento por jugar con la dignidad de ciudadanos inocentes que durante meses y años han sido expuestos a torturas, malos tratos, hacinamiento y violaciones reiteradas a sus Derechos Humanos, como parte de su política de Estado.
Recordemos que la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) registró 1246 casos de presuntas Ejecuciones Extrajudiciales por parte del Estado criminal, y que también reconoció ante las Naciones Unidas que durante los últimos 4 años se han iniciado 4890 investigaciones por esta causa, y sólo el 16% ha podido obtener una condena.
Además, presos políticos como Emilendris Benítez, Javier Tarazona, Josnars Baduel, entre otros, continúan siendo torturados y sin recibir ningún tipo de atención médica, corriendo el riesgo de ser asesinados bajo la custodia de los cuerpos represores, como sucedió con el General Raúl Isaías Baduel, asesinato que la señora Bachelet omitió al presentar su informe.
Por otro lado, saludamos el pronunciamiento realizado por la presidente de la Misión de Determinación de Hechos, Marta Valiñas, en el que considera que una reforma legal, por sí sola, es insuficiente si no se implementa de modo adecuado.
Valoramos su preocupación en cuanto a la situación del conflicto armado en las zonas fronterizas, la migración forzada, los presos políticos, las ejecuciones judiciales y las muertes bajo custodia que la Alta Comisionada de DDHH de la ONU no mencionó, así como su preocupación por el hostigamiento y persecución contra activistas de Derechos Humanos, dirigentes políticos y la sociedad civil, en un intento del régimen por violar el derecho a la libertad de expresión.
Lo antes expuesto deja claro que en Venezuela hemos estado luchando por la libertad y por nuestras vidas, y que a estas alturas, la comunidad internacional sabe muy bien cuál es la realidad del país. Han escuchado testimonios de crímenes de lesa humanidad por parte de las propias víctimas; todos, con enorme valor, así como los relatos de los defensores de derechos humanos. Asimismo, han leído lo explicado por los propios equipos de tareas de Naciones Unidas y de su Misión de Determinación de Hechos.
Es por ello que reiteramos a la comunidad internacional la exigencia de actuar inmediatamente por todos y cada uno de los ciudadanos que son víctimas de violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad en Venezuela, a fin de que exista justicia y la no repetición de estos crímenes.
Caracas. 23 de Marzo del 2022.
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