(Los Teques. 18/11/202) El Consejo Directivo de nuestra Universidad Simón Bolívar en reunión bastante anterior a la incorporación de los más recientes «interinos», decidió crear una comisión para buscar incorporar a todos los sectores que hacen vida en la universidad en unas posibles elecciones de autoridades y representantes ante ese mismo cuerpo. Como representante profesoral salvé mi voto ante esa decisión que pretende cumplir con la sentencia 0324 y la posterior que la suaviza, ambas del Tribunal Supremo del régimen.
La comisión avanzó y produjo un informe final que está sometido a la discusión de toda la universidad como producto de una nueva reunión de Consejo, esta vez sí, con los interinos en frente. Arduo trabajo que propicia el ajuste ladino a la sentencia, como se le encomendó. Para salvar el voto, como hice en dos oportunidades, tomé en consideración varios aspectos: legales y políticos. Entre los legales están la Constitución, la ley de universidades, el reglamento interno de la universidad y los estatutos de nuestra Asociación de Profesores. Encima, la USB se ubica entre las universidades que introdujeron un recurso que adversa la sentencia, aún no respondido por ese mismo TSJ. Rige para ello, en lo legal, el principio de que un universitario -al igual que cualquier ciudadano- no debe despegarse de la legalidad y mucho menos guiar a la sociedad contra ella.
Respecto a los políticos abundan consideraciones internas tanto como externas. La Asociación de Profesores de la USB ha ratificado públicamente su contrariedad a las decisiones al respecto del TSJ, la única universidad que intentó un modelo cercano al que quieren imponer, la UNET, salió trasquilada y traumada, al punto de que no se han planteado repetir la malsana experiencia. Las demás universidades tienen mucho que ver y saber de esto. Y, finalmente, el régimen ha demostrado hasta la saciedad que quiere imponer el poder que tiene, así tenga que arrollar principios, derechos, instituciones o personas, como de hecho hace.
El régimen en sus recientes documentos aprobados, como la Convención Colectiva, o en estudio, como la Ley de Universidades, se plantea lo que de hecho está ejecutando: la toma absoluta de las universidades para volverlas comunales, desvirtuando así sus objetivos, sus principios, su valor institucional en la sociedad. Eso debemos seguirlo enfrentando sin matices, ni grises. La violación a la Autonomía seguirá mientras el régimen avance. No se trata de anestesiarlo cariñosamente, sino de encararlo y denunciarlo reiteradamente.
Las manipulaciones acerca de que tratamos de evitar una inclusión que está dada, chocan con la legalidad establecida, con la necesidad política de defender las conquistas universitarias Y la institucionalidad. A nadie sensato le resulta conveniente entregar para su transformación en comunal a la USB. Si ellos, quienes secundan al régimen a lo interno, desean complacerlo en sus propósitos que corran solos con las consecuencias dentro y fuera del país.
¿Necesitamos elecciones? Desde luego. Pero no como sea, ni como el régimen quiera. ¿Serán así en uso de sus poderes? Enfrentémoslo. Queda decidir entre solo dos aguas turbulentas el tema electoral: con la sentencia impuesta o con los principios. Los segundos son garantes ante el mundo de nuestra lucha en defensa de la universidad, la institucionalidad, la legalidad, la democracia y la libertad. La brega por las elecciones universitarias debe continuar en todos los ámbitos hasta arrebatárselas. Dejando muy en claro su posición y la nuestra, confrontada, como es.
William Anseume