(Caracas. 18/10/2021) Hacía tiempo que no escribía en este espacio, pero hoy he querido compartir mis reflexiones en torno a la situación política que vivimos en Venezuela. Una ciudadana como yo, involucrada en el mundo de la política por decisión, no solamente de la partidista, sino desde mucho antes, en la política de la sociedad civil organizada, tengo como hábito estar en lo más posible actualizada en análisis, estudios, opiniones, etc., procurando encontrar espacios de congruencia y coincidencia con las ideas propias, y de las organizaciones en las que estoy, e incluso para construir nuevas ideas a partir del debate y el intercambio.
Es, como lo llamo, una «deformación profesional», pues me resulta imprescindible día tras día realizar la tarea de sumar más fuerzas a la ruta común cuyo final la inmensa mayoría de los venezolanos queremos concretar: la salida del régimen para lograr un cambio radical de sistema político, hacia uno en el cual el ciudadano y sus capacidades sean el centro, y la clave del desarrollo y la prosperidad.
En ese contexto, a partir de toda la información con la que se cuenta la primera conclusión a la que llego, por el lado que lo mire, es que no existe ningún modo de alcanzar la libertad real, la verdadera prosperidad, maquillando o «reconstruyendo» lo que tenemos hoy. No lo hay.
En nuestro país no hay soberanía territorial, cuando vemos cómo ejercen impunemente su dominio los grupos irregulares que habitan en el arco minero, o en regiones de Apure, Barinas, Guárico, Sucre, la cota 905, la Guajira o el Amazonas.
No existe estado de derecho, de acuerdo a la publicación reciente del World Justice Project Rule of Law Index 2021, de 139 países evaluados, Venezuela ocupa el lugar 139. No podemos estar peor.
No hay respeto por la propiedad privada, lo cual está harto demostrado desde hace muchos años, cuando comenzó el proceso arbitrario e ilegal de expropiaciones o mejor expresado: expoliaciones.
Los derechos civiles y políticos de venezolanos dentro y fuera de Venezuela se han restringido en forma brutal a partir de sistemas de control, filtros, misiones abiertamente clientelares amarradas a la lealtad ideológica, entre otros muchos ejemplos. Y ni hablar del tema electoral, en el cual desde hace años se ha demostrado el manejo de «ingeniería» que hace el régimen para garantizar siempre los resultados a su favor, y decidir a quién le asigna algún espacio de adorno -junto por supuesto a su protector oficialista correspondiente- para cubrir algún nivel de apariencia democrática.
Delincuentes públicamente señalados, de todos los colores, investigados por la justicia internacional, se auto proclaman representantes institucionales dentro y fuera de Venezuela, como si nada pasara.
Todo lo anterior me lleva a pensar en aquellos personeros políticos que se dicen de «oposición» y que se empeñan en hablar del país como si estuviéramos viviendo simplemente un «mal gobierno», por lo que se auto-justifican participando en procesos convocados por quienes nos han traído hasta acá. Y más aún, reconocen como legítimos a aquellos que la justicia internacional investiga como delincuentes.
Comencé diciendo que como ciudadana consciente y responsable busco permanentemente documentarme para tomar posición. Pero yo no considero que sea alguien particular que tiene acceso a información exclusiva, lo que me llega a mi les llega también a los demás actores en el mundo social y político. Y es esa parte de mi reflexión que me llevó a poner el título de este artículo.
Que el régimen nos quiera seguir empujando a su ruta y a su juego, es normal. No quieren salir del poder, por lo que harán todo lo que esté a su alcance para garantizarse seguir allí.
Pero resulta inaceptable que políticos que se autodefinen como líderes de la oposición también quieran empujarnos hacia esa ruta, con la excusa de que no hay nada más que hacer. Es como si a un condenado a la horca le dicen que no se angustie, porque pondrán alfombra roja en los escalones del cadalso y la soga estará recubierta de tela de seda. Al final, el resultado será el mismo, ¿no?
Pienso que los que intentan convencer a la ciudadanía que no hay otra salida sino la de cohabitar, están condenando a la población al cadalso del socialismo y la pobreza. Y lo peor es que lo hacen a conciencia, sin que les importe el grave daño que se le hace a nuestros connacionales. ¿Qué derecho tienen para condenar a una población a seguir viviendo en esta agonía? ¿A cuenta de qué se abrogaron ser la voz de todo un país que clama solución verdadera?
No los reconozco ni acepto sus «soluciones», que no son sino parte del problema. En mi caso, seguiré trabajando cada día, en todos los espacios que me corresponda, para que la condena vaya al lugar que debe: a los verdaderos culpables de todo el dolor que vivimos. Y sin duda, dicha condena debe incluir también a aquellos «opositores» que, a sabiendas, han estado haciendo lo posible por retrasar la salida del régimen, que es imprescindible para realmente alcanzar la libertad.
Los ciudadanos tenemos que seguir organizándonos y empujar por la ruta correcta, porque cuanto antes llegue esa condena, mejor.
Catalina Ramos