El Coordinador Estadal de Organización de Vente en Vargas asegura que la tiranía tiene como objetivo con estas medidas “engañar a la comunidad internacional”
(La Guaira. 09/10/2021) “Las reformas de ley impulsadas desde la ilegítima Asamblea Nacional, sin cumplir con el procedimiento constitucional, carecen de legitimidad y pretenden engañar a la comunidad internacional”, expresó este viernes Jhillkys Alcila, coordinador estadal de Organización de Vente en Vargas, en referencia a las “reformas legales” del Código Orgánico Procesal Penal, Ley de Protección de Víctimas, Testigos y demás Sujetos Procesales, Código Orgánico Penitenciario, la Ley del Estatuto de la Función de la Policía de Investigación y el Código Orgánico de Justicia Militar, publicadas el pasado 17 de septiembre en Gaceta Oficial.
“Estos supuestos cambios que fueron aprobadas y promulgadas en contravención a lo establecido en el artículo 211 de la Constitución lo que representa a todas luces una ilegitimidad de origen, en virtud que debió primero publicarse los proyectos para el conocimiento público y posterior a ello realizar una discusión plural que incluyera los órganos del Estado, a los ciudadanos y a la sociedad organizada para oír su opinión sobre los mismos tal y como lo establece el mencionado artículo”, denunció Alcila.
El también Relator de Derechos Humanos del partido de la libertad en Vargas aseguró que estos cambios no son para “mejorar un sistema de justicia con muchas carencias y deficiencias durante estos últimos años, sino con el trasfondo de engañar a la comunidad internacional y a los organismos encargados de velar por la defensa de derechos humanos”.
Alcila hace referencia a los artículos 124 y 517 del Código Orgánico Procesal Penal, donde en el primero de ellos “pretenden que una persona víctima de violación de derechos humanos por parte de un régimen criminal investigado por crímenes de lesa humanidad, acuda ante la Defensoría del Pueblo para que lo defienda en sus derechos o intereses ante la comisión de este tipo de delitos”, recordando que ese organismo es dirigido y controlado por los mismos personeros del Estado Criminal.
“En lo que respecta a lo establecido en la reforma del 517 «ningún civil podrá ser juzgado por los tribunales de la jurisdicción penal militar», pretendiendo limpiar la historia de todos estos años, con un artículo que en la práctica no se ha cumplido, donde según cifras de la Corte Interamericana de Derechos Humanos desde el 2014 a marzo del 2021, al menos 870 civiles habrían sido presentados ante la jurisdicción militar y de estos 19 continuaban hasta esa fecha privados de libertad”, recordó el dirigente político.
El Coordinador Estadal de Organización concluyó que “la aplicación de estas reformas sin el cumplimiento debido del artículo 261 de la Constitución representa un nuevo acto de arbitrariedad y abuso de poder por parte del régimen, por lo tanto nos corresponde a los profesionales del derecho denunciar y hacer público estos hechos que solo cesaran con la aglomeración de fuerzas en pro de un nuevo liderazgo opositor que nos permita alcanzar la tan ansiada libertad para así impartir justicia y rescatar el estado de derecho ausente hoy en Venezuela”.