Si algo más ha caracterizado al régimen del presidente obrero, ha sido su profundo desprecio por el trabajo y el trabajador. Así lo evidencian los sueldos apegados a la esclavitud: acaso para mísera sobrevivencia, de las empresas públicas del país. Así lo denota el ínfimo y risible, salario mínimo.
El aborrecimiento por el trabajo y el trabajador se expresa también en los diversos límites que el régimen coloca a las libertades de asociación y de sindicación. El derecho humano a asociarse libremente, se ve allanado con suma evidencia al evitar conformar partidos políticos, al perseguirlos como ha ocurrido con Voluntad Popular, por ejemplo. O con aquellos que, aunque no han sido ilegalizados, tampoco legalizados han sido, o con los que el régimen ha poseído para despedazarlos, como AD o Copei.
En ese sentido, Pérez Jiménez llegó a proscribir dos partidos que fueron perseguidos, uno con más saña que otro: el propio Acción Democrática y el Partido Comunista. También, como ahora, el oriundo de Michelena desconoció gremios y sindicatos, lo que le produjo serios inconvenientes con los organismos internacionales. No más que eso, como apreciamos que suele ocurrir con la protección de gobiernos o regímenes de esos mismos organismos multilaterales que suelen apañar actuaciones crueles de todo tipo y hasta propiciarlas.
Este régimen macabro actúa menos directamente en estos casos. No ilegaliza pero desconoce, que al fin y a los cabos, resulta la misma vaina con otro grano. También paraliza. Inutiliza. Recientemente ocurrió la aprobación de la IV Convención Colectiva de los universitarios y allí, saltándose nuevamente las indicaciones expresas de la Organización Internacional del Trabajo ante la que tiene varias quejas, el régimen discutió no tripartitamente sino monologalmente, solo con el sindicato que creó para eso. Con esa acción impone criterios, a los que me referiré públicamente en los próximos días, y vulnera los derechos de opinión, de asociación y de sindicación.
Por otra parte, ha incorporado a las universidades y todos los empleados de la administración pública, con amenazas sobre las empresas privadas, a la Plataforma Patria, lugar virtual desde el que, violando la autonomía universitaria una vez más, paga la nómina u otros efectos económicos de los trabajadores. Los fines están claros: atacar el derecho a huelga y condicionar más a los trabajadores y sus reclamos. Por ejemplo: en la universidad Simón Bolívar y, muy probablemente, en otras universidades no solo se retrasan cuando y cuanto quieren con el pago de las nóminas, sino que recurrentemente han dejado de cancelar por meses, como ahora, a sindicatos, gremios, institutos de previsión y cajas de ahorro. Buscan desaparecer todo aquello que escape de su control. Atacan de nuevo las libertades de opinión, sindicación y asociación. Retienen los pagos tendiendo a la desaparición de los gremios y sindicatos por falta de financiamiento.
Aun con las dudas de rigor, hay que insistir con los organismos que deben proteger los derechos fundamentales y laborales internacionalmente. La esperanza radica en que Fedecámaras, una de las partes involucradas en la denuncia respecto al trabajo, no recule. Sería nefasto. Pero ya sabemos como anda ahora en su «negociación» con el régimen. Seguiremos la lucha.