El proyecto de Ley de Educación Universitaria que pretende aprobar la ilegítima Asamblea Nacional representa un basamento jurídico que solo busca el establecimiento y consolidación de lo que pudiéramos llamar “la comuna universitaria”.
En su articulado, el referido proyecto elimina la autonomía universitaria al establecer en su artículo 24 que “cada universidad elaborará su reglamento y lo propondrá al ministro del subsistema para su aprobación”. Para que no quede ningún margen de duda sobre el control gubernamental del sector universitario, en el artículo 11 se establece que “el Estado, mediante el órgano rector en materia de educación superior, ejercerá las competencias establecidas en la Ley Orgánica de Educación para garantizar la participación integral e integradas de las organizaciones del poder popular en la gestión universitaria”.
Todo ello, con la finalidad de tener el control absoluto por parte del poder popular en la creación, modificación, o suspensión de programas de formación, creación intelectual, suspensión total o parcial de sedes, núcleos o extensiones, patrimonio de la institución, ingresos obtenidos por la prestación de servicios o donaciones, fundaciones o empresas, convenios y cobro de matrícula.
En el enfoque totalitario del referido proyecto, no podía quedar por fuera lo concerniente a las universidades privadas y, en ese punto, reestablece en el artículo 22 que “su organización, funcionamiento, programas, proyectos, cobro de matrícula y de servicios serán regidas por un reglamento que al efecto dicte el ministro con competencia”.
El escenario de concertación democrática entre el gobierno y las universidades queda eliminado con la desaparición del Consejo Nacional de Universidades (CNU) y es sustituido, según lo establecido en el artículo 17, por una “Comisión Consultiva Nacional”.
En términos de democracia participativa revolucionaria, en el artículo 82 del proyecto se establece que “tendrán derecho a elegir las autoridades universitarias todos los estudiantes y todos los trabajadores académicos, administrativos y obreros, sin exclusión alguna”, eliminando, sin justificación alguna, la proporcionalidad de la votación de cada sector participante.
En fin, pretender como lo establece el articulado del proyecto, que la educación universitaria sea regida autoritariamente por el anticonstitucional poder popular y que sus instituciones estén obligatoriamente al servicio y promoción de los ideales y objetivos del socialismo del siglo XXI, no es más que una aberración totalitaria que solo busca transformar a la universidad venezolana en una comuna.