No le bastó al régimen terrorífico con maniatar a las universidades limitando hasta la asfixia su presupuesto. Ahora, en una escalada, deja sin efecto la administración de las mismas.
El secretismo, una de las estrategias más usadas por el régimen de Nicolás Maduro, que le permite ocultar las cifras y datos de cuanto ocurre en Venezuela, impide hace años conocer quién, cómo y cuánto aprueba como presupuesto universitario o de la educación. Hace años, usando las reconducciones presupuestarias, se venía limitando al máximo las asignaciones de recursos, hasta el punto de enviarlos casi únicamente para cubrir los pagos de las nóminas. Este año arreció la escalada antiuniversitaria y hasta la nómina le arrebataron a las universidades, dejando, de facto, sin utilidad alguna a los vicerrectorados administrativos.
Confiscar las nóminas, por vías de la coerción o la manipulación a las que sometieron a las universidades ha significado un inmenso caos en ellas, a la par de ser también un acto ilegal, pues con ello el régimen de Maduro ataca una vez más la autonomía universitaria, del mismo modo que derechos laborales y humanos, como la libertad de asociación y de sindicación.
El deplorable acto de llevarse las nóminas ha traído nefastas consecuencias: desinformación mayor acerca de los cobros, universidades como la Simón Bolívar que han dejado de cobrar por largos períodos, y, la guinda de esta torta: meses sin entregar los recursos descontados (desde marzo) a los profesores y los trabajadores universitarios, correspondientes a las cajas de ahorro, a los institutos de previsión (los que velan por la salud y la seguridad social), así como (también sumamente importante) a los gremios y sindicatos.
Así que este hecho de arrebatarle las nóminas a las universidades para convertir al Sistema Patria en patrono de las mismas, es otra vulneración institucional, un quiebre de los vicerrectorados administrativos y un acto que viola derechos laborales y humanos abiertamente. Razones suficientes para que la universidad celebre con regocijo los procesos seguidos por la Corte Penal Internacional a estos violadores sistemáticos de derechos humanos. Por su parte, la FAPUV introdujo una nueva queja por el asunto de las nóminas ante la Organización Internacional del Trabajo, ente que pronto arrojará un nuevo informe y volverá a tratar el caso Venezuela en noviembre, contrariando los deseos del régimen. La justicia internacional y los organismos hace años enterados en el mundo deberán proceder, ya que, entre otras lindezas, nos encontramos también sin aplicación de justicia ni a quien pedirla en el país. Las estocadas a la universidad son mortales y permanentes.