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El actual régimen que ejerce el poder en Venezuela, a lo largo de 22 años ha estado signado por el terror, las persecuciones y la tortura. El balance de su gestión no es nada halagador, por el contrario, es un monumento a la devastación y a la ruina, basta con cuantificar las empresas expropiadas, las que cerraron por la acción envolvente de la inflación y los ataques al sector privado.

Por otra parte, la destrucción de nuestra empresa petrolera, Petróleos de Venezuela (PDVSA) es la evidencia de lo que este régimen le hace al país, dejándola a expensas de un grupo de depredadores, después de lanzar a 22.000 trabajadores hacia nuevos destinos. Las empresas de Guayana corrieron la misma suerte.

La conclusión de esta conducta, es que el régimen chavista madurista es enemigo de las personas e instituciones exitosas, no soportan la iniciativa individual porque dota al ciudadano de poder de decisión y de libre albedrio, lo que le permite ser crítico y no dependiente de dádivas.

En este régimen está prohibido protestar, expresarse libremente, invocar el estamento legal establecido en defensa de la integridad personal, de los derechos adquiridos en más de 100 años de luchas, de avances, en doctrinas y jurisprudencia de los derechos civiles y laborales.

El mundo fue testigo de la agonía de un productor exitoso, profesional del agro venezolano como lo fue Franklin Brito, quien solo exigía justicia. Pues no, ese no es el método del régimen. Es el rastacuerismo, la pleitesía y la reverencia palaciega la actitud aceptada por el socialismo del siglo XXI.

Cientos de venezolanos permanecen en las mazmorras de los cuerpos de seguridad del Estado, inclusive llegando al extremo de algunos con boleta de excarcelación y no les dan la libertad.

En todo el país la arremetida en contra de los trabajadores y el movimiento sindical ha sido feroz, el profesor Robert Franco, detenido desde diciembre por las FAES en Carúpano y Eudis Girot, líder sindical petrolero con la acusación de terroristas por reclamar beneficios contractuales y legales.

En Guayana, hemos sido testigo de los ataques que van desde la suspensión de salarios a Cruz Hernández, Carlos Ramírez y José Saracual hasta el abandono de compañeros llevándolos a la muerte como es el caso de José Jiménez, Miguel Eckar y otras decenas de trabajadores que han sido ruleteados en busca de atención médica.

Los trabajadores tenemos que asumir nuestra responsabilidad en defensa de nuestra supervivencia, sino, estamos condenados a desaparecer.