Nicolás Maduro presenta las violaciones laborales más graves en 102 años de la OIT (Organización Mundial del Trabajo). En Venezuela no existe el respeto por los derechos fundamentales laborales, aún cuando el Gobierno es el patrón directo de los trabajadores.
Actualmente, persisten acciones de violaciones graves de manera sistemática y continua, sobre los principios y derechos laborales como la intimidación, el hostigamiento, las amenazas y persecuciones, las detenciones, la aplicación de medidas que atentan contra la dignidad humana, entre otros.
Asimismo, el Estado es partícipe y tiene corresponsabilidad de la esclavitud moderna en hechos presentados por trabajadores de otros países (Transnacional) ante la corte penal internacional.
También presenta denuncias por desconocimiento y expropiación de los beneficios laborales, jubilación forzosa, condiciones inseguras en los puestos de trabajo, destrucción y eliminación de áreas de trabajo. Lo que demuestra un claro retroceso en los procesos de mejoras laborales. Esto tiene un impacto negativo en los aspectos económicos, sociales y ambientales, tres pilares fundamentales de sostenibilidad y sustentabilidad hoy en día.
Desde el año 2013, en sus 08 años continuos de poder, el Estado ha incumplido y violentado los acuerdos y normas internacionales, la legislación nacional, las convenciones colectivas, las normas y los reglamentos. A raíz de toda esta situación se han presentado la mayor cantidad de protestas por temas laborales de la historia del país, un record negativo que incrementa casi a diario.
Nicolás Maduro usa el poder para aplicar abusos contra los Derechos Humanos, junto a miembros funcionarios, iniciando por los ministros y viceministros del trabajo, presidentes y directores de empresas, incluso instituciones de seguridad como cuerpos represivos y de hostigamiento hacia los dirigentes sindicales y trabajadores sin importar el género, hechos que afectan tanto a hombres como mujeres.
A pesar de casi una década de recomendaciones por parte de la OIT, la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, entre otros organismos internacionales han hecho un llamado de atención al régimen criminal sobre estas irregularidades, sin embargo, Nicolás Maduro y sus esbirros se niegan a cumplir y arremeten contra la dirigencia sindical.
Son más de 100 hechos denunciados y confirmados hasta ahora por organizaciones defensoras de derechos humanos y relatores, además de investigaciones periodísticas que lo demuestran. Entre los afectados se encuentran dirigentes sindicales, delegados de prevención, trabajadores y sus familiares, y los pensionados.
Es importante destacar las persecuciones que existen a trabajadores y dirigentes por haber realizados denuncias de corrupción y desvíos de fondos públicos de las empresas e instituciones del Estado. Los hechos de corrupción superan más de 10 veces el PIB de Chile, el país mejor posicionado de la región.
También el daño psicológico es gigantesco, donde más de una decena de trabajadores de distintas empresas presuntamente se quitaron la vida en un periodo de tiempo determinado, posiblemente afectados por insuficiencia salarial, por la suspensión del salario y sus prestaciones, entre otros.
Son muchos los casos de trabajadores, dirigentes sindicales y familiares que presentan un estado de salud grave, en los cuales no se activaron sus beneficios de atención médica o se les fue negado su uso a pesar de estar establecidos en las convenciones colectivas.
A los pensionados, durante un promedio de 20 a 35 años se les han realizado descuentos en su salario de manera mensual y continua, este dinero que es manejado por el Estado y que debiese garantizar una calidad de vida digna y la tranquilidad, no se cumple. Esta situación pone en riesgo la seguridad social e incluso la vida de las personas de la tercera edad por no tener el acceso a medicamentos, alimentos y mucho más.
El incumplimiento de los acuerdos, convenios y leyes por parte del régimen de Nicolás Maduro deja desamparado a los trabajadores y sus familiares. El secuestro del salario y sus prestaciones conlleva a la exclusión de la independencia económica de hombres y mujeres y su carga familiar (pareja, niños y persona de la tercera edad.), aumentando y agravando sus necesidades básicas. Esto se convirtió en un robo del propio Estado hacia sus ciudadanos productivos.
La salida de Nicolás Maduro del poder y de quienes los sostienen es necesaria y urgente para lograr detener daños graves existentes para la masa laboral y sus puestos de trabajo, se requiere libertad y respeto a los derechos laborales en este país donde la mano obrera tiene mayor peso.
Ramón Bejarano, coordinador estadal de Asociaciones Ciudadanas.