Recientemente, la titular caraqueña de la usurpación ha planteado expropiarles a los mirandinos los municipios que constituyen sendos referentes urbanos para todo el país, con importantes comunidades de clases medias y populares, y que, no por casualidad, reportan un mayor desempeño económico en el contexto de nuestras calamidades. Esto significaría, además, desmembrar una entidad federal que, en el terreno de las realidades, se resiste y rechaza al régimen que la acosa con sus artificios también electorales.
Desde una perspectiva jurídica, el asunto significa no sólo modificar la Constitución de la República y la del propio estado Miranda, sino sincerar el fracaso y la manipulación del ordenamiento político-territorial de la usurpación que, desde sus inicios, no supo qué hacer con el Distrito Federal, cuyo reemplazo improvisó hasta desconocer – violentando toda normativa – a la alcaldía metropolitana. Los más connotados administrativistas y municipalistas, han enloquecido por todos estos años al intentar abordar los más dispares casos en el ámbito de las competencias y despachos que atañen a la ciudad capital, sujetos a disposiciones arbitrarias y sobrevenidas que inútilmente la complican, en sus relaciones con la llamada gran Caracas.
Desde una perspectiva política, el problema consiste en domesticar definitivamente a los mirandinos, desintegrándolos territorialmente, intentando siquitrillar toda noción de identidad regional. A la construcción del evidentemente inconstitucional Estado Comunal, todavía en desarrollo que significa una decidida fragmentación del país, sólo atado por un irresistible poder central, se suma la posibilidad de que cuatro municipios ajenos caigan en las manos de una jefe de gobierno del Distrito Capital no electa por la ciudadanía, por lo que, sarcásticamente, convendría, al menos, que esa instancia fuese integrada a Miranda que cuenta teóricamente con decisores representativos, según una sentencia digital atribuida al arquitecto Enrique Larrañaga.
Desde una perspectiva intestinal, extraña que la fraudulenta y quizá ni tan extinta constituyente haya dictado, según la nomenclatura, una ley constitucional consagrando la desintegración estadal, por lo que, inferimos, por un lado, la propuesta obedece a una corriente interna del oficialismo contrapuesta a la otra que impera en el estado Miranda; o, por el otro, al acostumbrado globo de ensayo. Hábito consagrado, los geómetras del poder, derrotados por referéndum en 2007, jamás aportan una propuesta concreta para someterla a la pública y libre discusión, sino que la esbozan, subrepticiamente la implementan y, sorpresivamente, la deciden al cumplir con una dudosa formalidad, según las circunstancias.
Al respecto, se impone una campaña de sensibilización y movilización ciudadana de todo el estado Miranda amenazado, cuya segmentación y, faltando poco, rebautizo, está pendiente. La sola celebración de un referéndum consultivo regional, porque compete a todos, se traduciría en una simple evasión de responsabilidades.
