El Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela se pronunció mediante un comunicado este lunes, a propósito de las recientes deportaciones de más de 16 niños y 13 adultos venezolanos realizadas por el gobierno de Trinidad y Tobago, donde aseguraron que se trata de una evidente violación a los derechos fundamentales de las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo.
Es por ello, que hicieron un llamado urgente al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnuy) y a los organismos internacionales de protección de los derechos humanos, para avanzar en una respuesta regional integral, unificando criterios de regularización de las condiciones migratorias y de protección, reiterando que es necesario el reconocimiento de la condición de refugiado como mecanismo para asegurar la protección de los venezolanos que se han visto forzados a migrar del territorio nacional.
A continuación, el texto integro del comunicado:
Vente DDHH sobre violación de Derechos Humanos a migrantes venezolanos en Trinidad y Tobago
A propósito de las recientes deportaciones de más de 16 niños y 13 adultos venezolanos realizadas por Trinidad y Tobago en una evidente violación a los derechos fundamentales de las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo, desde el Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela hacemos un llamado urgente a ACNUR y a los organismos internacionales de protección de los derechos humanos.
Es imperativo ratificar ante los Estados del mundo la condición de refugiados de los migrantes venezolanos como mecanismo para asegurar la protección de quienes se han visto forzados a migrar del territorio nacional porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por la violación masiva de los derechos humanos, que en Venezuela significa también el impedimento para el goce efectivo de los derechos de alimentación, salud y una vida digna.
La crisis de refugiados que atraviesa Venezuela no sólo es la más grande de nuestra historia, sino además constituye la segunda crisis más grande del mundo en la actualidad; exponiendo a cientos de venezolanos a una realidad dantesca en los países de acogida, a la que se le suma la ausencia de políticas de ayuda por parte de organismos internacionales para que sus derechos fundamentales sean respetados.
Así, vemos con preocupación la situación que atraviesan un gran número de venezolanos en Trinidad y Tobago desde hace algunos meses. Grupos de conciudadanos están siendo objeto de persecución, amedrentamiento y detenciones arbitrarias por parte del gobierno de ese país, acciones que han venido aumentando durante los últimos meses.
Los venezolanos, entre ellos niños, jóvenes y adultos, son detenidos por el gobierno trinitario de manera arbitraria en la cárcel IDC de Arimas y en el Helipuerto de Chaguaramas, y una vez allí, son deportados en grupos de 200 personas a Venezuela, donde al llegar son juzgados por el régimen venezolano y tratados como criminales y traidores, a pesar de tener papeles autorizados por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) en calidad de refugiados para permanecer en el vecino país.
El primer ministro de Trinidad y Tobago, Keith Rowley, ha declarado que no aceptarán a un venezolano más en su territorio y esto ha empeorado las políticas migratorias. Desde entonces, muchos botes son devueltos y a sus ocupantes no les permiten ingresar al país.
Este domingo 22 de noviembre fueron devueltos a Venezuela en un bote un total de 16 niños, entre ellos una bebé de 4 meses de nacida, así como 13 adultos, negándoles refugio y separándolos de sus padres que ya estaban en ese país. Éstos fueron trasladados a un paradero desconocido. A pesar de que la corte suprema pidió la devolución, hasta el momento se encuentran desaparecidos y no se sabe nada de ellos.
Todas estas acciones demuestran una clara violación a todos los tratados internacionales y principios de solidaridad por parte del gobierno de Trinidad y Tobago y no justifican el silencio de Acnur, quienes no se han pronunciado durante los últimos meses, ni han evitado que estas agresiones ocurran.
Además, recientemente Acnur ha cambiado el proceso de solicitudes de asilo y refugio, haciéndolo aún más difícil y sometiendo a los venezolanos a esperas de un año aproximadamente. Mientras tanto, éstos deben permanecer escondidos y sometidos a grandes riesgos.
La Declaración de Cartagena recoge el principio de no devolución, llama a los países a buscar soluciones duraderas como la repatriación voluntaria o la integración local y a realizar esfuerzos para erradicar las causas que originan el problema de las personas refugiadas, ya que éste debe ser aplicado a todos los Estados, sean o no partes de la mencionada Convención y/o Protocolo.
Es por ello que desde el Comité de Vente Derechos Humanos condenamos el abuso de las autoridades trinitarias contra nuestros migrantes, así como la deportación ilegal de todos los venezolanos que hoy huyen de la crisis que vivimos.
Asimismo, insistimos a Acnur sobre la urgencia de avanzar en una respuesta regional integral, unificando criterios de regularización de las condiciones migratorias y de protección. Es necesario el reconocimiento de la condición de refugiado como mecanismo para asegurar la protección de los venezolanos que se han visto forzados a migrar del territorio nacional.
Caracas, 23 de noviembre del 2020.