De grandes problemas de la corrupción, se ha hecho la historia del poder en Venezuela y en el mundo, pero debemos hacer – por lo pronto – tres distinciones que ayudan a minimizar o solventar el flagelo cíclicamente. La primera, la capacidad de indagarlos y denunciarlos, gracias al cabal ejercicio de la libertad de prensa y el eficaz funcionamiento de las instituciones parlamentarias. Segunda, la existencia de una convincente administración de justicia que investiga y castiga. Y tercera y final, la naturaleza del delito mismo que hace relativamente sencillo el esfuerzo de saneamiento de la administración pública.
De los dos primeros, sabemos cómo está la situación del país. Sin embargo, sobre este último aspecto deseo llamar la atención: Por citar un par de ejemplos, Juan Vicente Gómez y Marcos Pérez Jiménez, metieron las manos en el tesoro público; uno, murió en el poder aunque no pudo evitar que, inmediatamente, siendo un latifundista de vocación, la nación recobrara muchas de las propiedades que logró por medios censurables; el otro, incluso, luego fue condenado por malversación, yéndose del país no sólo porque «los pescuezos no retoñan», sino también para multiplicar afuera el capital robado a la nación. Todos recurrieron a mecanismos innobles para amasar fortuna y entrar en el propio circuito comercial criollo, como ocurrió con numerosos prohombres del perezjimenismo. Se les sabían acaudalados, pero en lo posible, cuidaron las formas. El delito en el que incurrieron era más fácil de determinar y llegaba a límites, por decirlo así, razonables.
Sin embargo, radicalmente diferente, la corrupción socialista ha llegado a la estratósfera de lo indecible. No se ha quedado siquiera en los límites del territorio nacional, sino que incursiona en el mundo de las grandes finanzas, paraísos fiscales, comprando consciencias y voluntades, hasta internarse en el peligrosísimo terreno que compromete la seguridad, la defensa y la mismísima existencia del país: tráfico de drogas, blanqueo de capitales, comercio de armas, trato con terroristas y quién sabe cuántas cosas más que desborda el campo de la criminalidad, de la criminología y de la criminalística por los medios de comisión de los que se vale.
Ya no es el testaferro, como tercera persona que les promete guardar un dinerito o una inversión, sino una espesa madeja de intereses empresariales que dejan muy atrás los maletines que denunció tan tardíamente Jorge Giordani, nunca investigados y que sólo sirvió para pasarle factura a quienes lo echaron de lado, cuando seguramente pensaba en una cómoda y plácida embajada, como las que ha desempeñado Lucas Rincón o Elías Eljuri (¿Recuerdan a Eljuri, el mismo que falseaba o maquillaba las estadísticas nacionales?).
Por estos días, recordé un viejo chiste. Sube el telón: Escena uno, el ministro de un país europeo invitó a un ministro venezolano para decirle: ¿Ves allá? Sí, ya sé que los edificios no están terminados: 15% de comisión. Escena dos, el de un país asiático le dijo al madurista venezolano: ¿Ves allá? Claro, faltan las ventanas y los ascensores, pero fue 50% de comisión. Escena tres, el de un país africano: ¿Ves allá? Claro, falta frisar, el drenaje y sistema eléctrico. Claro, 70% de comisión. Escena final, invitados sus pares de Europa, Asia y África, el ministro madurista les dijo que se asomaran a la ventana y respondió: Claro, no se ve nada, 100% de comisión, todavía me deben porque mandé a pintar el edifico aparte, y los reales los invertí en un negocito del Arco Minero por el que depositan en Andorra.