Pareciera una contradicción, y lo es, el hecho de que aquellos que con vehemencia esgrimen el Derecho de autodeterminación de los pueblos y además con insistencia abrumadora se definen a sí mismos como -Defensores de los derechos de las minorías-, son precisamente los que habitualmente violan los derechos individuales. No existe una “minoría menor” al individuo, entonces ¿cómo pueden ser defensores de los derechos de las minorías quienes violan los derechos de los individuos?
Donde gobierna la tiranía y el despotismo, el incremento de libertad en teoría siempre se traduce en un decrecimiento de libertad en los hechos. La historia nos muestra con claridad meridiana, que las medidas dictatoriales multiplicadas con rapidez, han tendido continuamente a estrechar las libertades de los individuos, como una especie de “tubo venturi socialista”, que estrechando la libertad en los individuos, les induce un acelerado proceso de barbarie.
En Venezuela esto lo han hecho varias maneras. Han sido promulgadas reglamentaciones, en números anualmente crecientes, restringiendo al ciudadano en esferas donde sus acciones eran anteriormente libres y obligándolo a acciones que previamente podía realizar o no, según su deseo. Al mismo tiempo, las pesadas cargas públicas, han restringido más su libertad, de comprar, vender y hacer tratos voluntarios y, a través de un macabro esquema muy planificado de economía intervenida, sitiar a los individuos ante el monstruo hiperinflacionario, aniquilando y dejando incluso en déficit, la parte de su salario que podía gastar como quisiera y aumentando la parte que se recauda para que dispongan de ella los funcionarios.
La gran superstición política de las monarquías del pasado fue el derecho divino de los reyes. La gran superstición política del presente en los países donde las calamidades sociales están a la orden del día, es el derecho divino de los pocos individuos que conforman “el gobierno” sobre el resto de los individuos que vendrían ser algo así como sus súbditos.
Los santos óleos parecen haber pasado inadvertidamente de la cabeza de uno (el monarca) a la de muchos (el presidente y su séquito), santificándolos a ellos y también a sus decretos. A este dogma, a esta delictiva presunción la llaman convenientemente Derecho de autodeterminación de los pueblos, que parece ser la excusa perfecta para desacreditar las justas reclamaciones sobre tan deleznable proceder, sobre todo cuando estas reclamaciones vienen desde el exterior, pero seamos sinceros y objetivos, un delito es un delito, y su esencia no se ve afectada por la nacionalidad del denunciante ni por la negación de quién lo comete.
Es muy frecuente, incluso en los llamados “tiempos modernos” y específicamente en los países al margen del desarrollo, que se desvirtúe el problema crucial de la libertad y la propiedad. El asunto no es tanto si la propiedad debe ser pública o privada, sino sus los propietarios que son forzosamente privados son sus dueños legítimos o ilegítimos.
En última instancia existe un ente llamado “Administración pública”, pero en la práctica, sólo existen personas que se reúnen en grupos, asociaciones o partidos, se dan el nombre de “gobierno o administración pública” y actúan de forma gubernamental, muchas veces imponiendo situaciones que si lo hiciesen a manera particular, nadie dudaría que se tratase de un delito grave
Continúa en una segunda entrega…
Ingeniero Mecánico
Coordinador estadal de formación de cuadros de Vente Barinas
@dmontenegrov1