El pasado 11 de agosto de 2020, la Conferencia Episcopal presentó un documento al país relacionado a las elecciones parlamentarias, donde realiza una serie de reflexiones y exhortaciones dirigidas tanto a la población en general, como a la dirigencia política.
La Conferencia Episcopal, por un lado, hace un llamado ante “el sufrimiento del pueblo, golpeado por la profunda crisis económica, social, moral, institucional y política que vive el país”, pueblo que, según dicen los Obispos, se encuentra olvidado “por quienes asumieron el rol de representarlo en el plano político”. Dicen que la gran vocación democrática del pueblo establece el camino electoral como la única vía posible a la solución de sus problemas, descartando cualquier salida fuera de la “institucionalidad constitucional”, siendo necesario la celebración de “elecciones libres, justas e imparciales con participación de todos los partidos y movimientos políticos”.
La Conferencia Episcopal plantea la necesidad de participar en la elecciones parlamentarias convocadas para el próximo mes de diciembre, con la finalidad que los ciudadanos no abandonen la acción política, no renuncien a mostrar sus propias fuerzas y no se inmovilicen. Además, dicen, la decisión de importantes líderes y partidos políticos de no participar en estas elecciones no es suficiente, ya que “deben asumir la responsabilidad de buscar salidas y generar propuestas para el pueblo que durante años ha creído en ellos”.
A pesar que la Conferencia Episcopal reconoce las irregularidades que se han cometido hasta el momento (designación del CNE, confiscación de partidos políticos, inhabilitación de candidatos, amenazas, cambio del número de diputados y circunscripciones, entre otras), nos dice que la “participación masiva del pueblo es necesaria y podrá vencer los intentos totalitarios y el ventajismo por parte del gobierno. El momento actual exige la participación plena y libre de todos los partidos y movimientos políticos, junto con el compromiso ineludible de las autoridades y los dirigentes de los mismos, de dejar a un lado sus propios intereses para promover el bien común y el servicio a todo el pueblo venezolano”.
Debo reconocer que la opinión de la Conferencia Episcopal es muy importante y que este documento llegó en un momento oportuno para abrir un espacio para el debate de ideas, donde la gran mayoría de los factores políticos se encontraban en la inacción y el adormecimiento. Aunque en lo personal, con el respeto que la opinión de los Obispos se merece, no comparto su llamado a participar en las elecciones parlamentarias. Hasta me atrevería a decir que los Obispos se contradicen cuando manifiestan que cualquier salida fuera de la “institucionalidad constitucional” está descartada, ya que la misma convocatoria a esas elecciones es ilegal e inconstitucional, pues todos los acuerdos y decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente son ilegales, entre ellos la designación del TSJ.
También olvidan los señores Obispos la posición, inconstitucional además, asumida por el Jefe del Plan República, al decir que mientras él se encuentre en esa posición no habrá posibilidades que la oposición gane elecciones. Igualmente olvidan mencionar el detalle que la actual presidente del CNE fue la misma Magistrada que, desde la Sala Electoral, impidió en 2015 la incorporación a los diputados de Amazonas y al representante indígena por la región sur, así como su imposición de la tesis del desacato de la Asamblea Nacional. Todas estas decisiones, por supuesto, al margen de la “institucionalidad constitucional”.
El proceso convocado para el mes de diciembre viola el derecho a la participación de casi 4 millones 200 mil venezolanos, quienes no han podido actualizar su situación o su inscripción en el registro electoral. Igualmente, a menos de 4 meses de esas elecciones, no hay información transparente sobre licitaciones de las nuevas máquinas que se deben adquirir, ni sobre el sistema que se utilizará, ni sobre el mecanismo de auditoría.
Ante este terrible panorama, muchos venezolanos, entre los que me incluyo, hemos decidido no participar en unas elecciones que no brindan ningún tipo de garantía de que serán libres, justas e imparciales. La ruta a seguir sigue siendo la misma que se anunció en enero de 2019: Cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Eso es lo que debe exigírseles a la Asamblea Nacional, a los partidos políticos y a toda su dirigencia. De todas formas, debemos agradecerles a los señores Obispos su legítima preocupación y sus importantes reflexiones y exhortaciones, pero no, gracias.
Ruth Useche
Coordinadora de Comunicaciones de Vente Táchira