Muy a menudo se oye en las calles venezolanas, todo tipo de argumentos, sólidos, por cierto, de cuál debe ser el merecido castigo de los sujetos que, en Venezuela, han conducido al país a la situación actual. No conforme con lo anterior, el régimen no tiene forma de satisfacer todo el apetito corrupto de muchos funcionarios, lo que ha llevado a estos, a mejorar sus ingresos y hasta adquirir bienes, con el tráfico y venta de gasolina, entre otras depravaciones.
En las condiciones actuales, es aterrador observar, por ejemplo, en los niveles más bajos de lo que queda de instituciones públicas, como en las Alcaldías, a funcionarios sin ninguna legitimidad, que se pelean por ser los encargados de una Estación de Servicio, en la “organización” del suministro de gasolina. El objetivo final de toda esta vergonzosa y planificada forma de turnarse, es cobrar en divisas a los particulares o mejor aún, ellos mismos servir a sus “clientes VIP” fuera de horario para llenarle los tanques de combustible a un buen precio.
¿Será que, como a muchos, a estos funcionarios se les retiró el alma?
Con seguridad su enloquecido afán por medrar a costa de los recursos de la nación, no se dan cuenta que están cada vez más agravando y llevando a Venezuela a un Holocausto en el cual ni ellos mismos estarán a salvo. Para la población, todos están identificados ,lo que derivará para ese funcionario, en Responsabilidad Civil, Responsabilidad Administrativa y Responsabilidad Penal.
Llegado el momento, deberá imperar la justicia, tanto a través de la Ley Contra la Corrupción Art. 61 y Código Penal en su Artículo 197, para el funcionario público que por algún acto de sus funciones reciba para sí mismo o para otro, retribuciones en dinero u otra cosa y que este acepte, deberá ser castigado