En medio de una terrible circunstancia, donde médicos, enfermeras, personal de salud y ciudadanos en general, están expuestos a contraer el virus chino que está causando estragos en el mundo entero, pero que en Venezuela llega en medio de una emergencia humanitaria compleja, producto de más de 20 años de malos manejos políticos; duele y preocupa ver el estado de abandono a los trabajadores de la salud y a los pacientes en los centros asistenciales del país. Quienes tendrían a cargo la responsabilidad de garantizar el derecho a la salud de los venezolanos, se lavan las manos y dejan a los venezolanos abandonados a su suerte; ni asumen la responsabilidad, ni rinden cuentas.
Igualmente molesta ver millones de horas hombre perdidas por ciudadanos haciendo colas durante días para tratar de surtir combustible para sus vehículos. Un país paralizado, improductivo, azotado por una hiperinflación que colocó en condiciones de pobreza a más del 96% de los venezolanos, paradójicamente, en el país que cuenta con las reservas petrolíferas probadas más grandes del mundo, pero sin capacidad para extraer el petróleo del subsuelo, como tampoco para procesarlo, debido al estado de abandono en que se encuentran las hoy destartaladas refinerías venezolanas. Los responsables no responden ni explican, pero cada vez que pueden, no dudan en despachar el petróleo y gasolina de los venezolanos para la Habana.
Son muchos años expoliando los recursos de los venezolanos, no hay explicación, ni rendición de cuentas. Han venido cediendo el control territorial, la soberanía y recursos a grupos armados irregulares internacionales. El máximo jerarca de la justicia del país ha sido sancionado por prácticas de corrupción, a cambio de influir en los resultados de los casos penales en Venezuela. Han suspendido el estado de derecho, convirtiendo el país en un Estado fallido.
Hay demasiados ruidos por manejos poco claros de fondos congelados de la República; de operaciones turbias y por designaciones de funcionarios en cargos estratégicos de empresas venezolanas; por la aprobación y nuevas emisiones de bonos de deuda pública. Sin embargo, a la fecha de hoy, los funcionarios no han rendido cuenta al país, por sus actuaciones.
Los venezolanos no merecemos esto, y no reclamar nos hace cómplices. Los ciudadanos estamos obligados a entender que no podemos emular aquello que criticamos, por esta razón, aquí no puede haber patentes de corso para nadie, especialmente para los funcionarios públicos que están obligados por ley a rendir cuentas de manera transparente y regular de sus actuaciones. La opacidad administrativa afecta la confianza ciudadana en las instituciones y facilita las malas prácticas y la corrupción. Esta última, al fin de cuentas ha sido el agente activador que sirvió como excusa para sustituir una democracia enferma, por un conglomerado criminal en decadencia, que está costando muchas vidas y dolor a los venezolanos.
Mientras tanto, los sospechosos de siempre, billete en mano se pavonean ofreciendo una tajada del botín para captar candidatos en una farsa que persigue legitimar una nueva oposición, que cohabite con el régimen, sin hacer tanto alboroto, ¡Qué asco!