La Dirección Ejecutiva Estadal de Vente Venezuela en Aragua asegura que no existen razones jurídicas ni sanitarias para justificar la violación de los derechos de propiedad a los ciclistas
(Maracay. 14/07/2020) Ese martes, la Dirección Ejecutiva Estadal (DEE) de Vente Venezuela en Aragua se pronunció mediante un comunicado, en contra de la decisión arbitraria por parte de funcionarios de seguridad aragüeños, de confiscar las bicicletas de los ciclistas en Maracay y Cagua.
«La pandemia del COVID-19 se ha convertido en el nuevo recurso para justificar la escalada de represión de la tiranía de Nicolás Maduro y sus mafias», reza el comunicado, donde además denuncia que éste se ha convertido en un medio de transporte importante dada la escasez de combustible y reducción del parque automotriz en Venezuela.
A continuación, el comunicado en su integridad:
Vente Aragua rechaza ataques contra la propiedad privada con la incautación de bicicletas en el estado
Desde la Dirección Ejecutiva Estadal (DEE) de Vente Venezuela en Aragua, queremos rechazar de manera contundente los ataques en contra de la propiedad privada de los ciudadanos aragüeños a quienes funcionarios del Estado Criminal chavista y usurpador mediante una medida arbitral han decidido confiscar sus bicicletas, el cual se ha convertido en su medio de transporte en un país donde el parque automotriz está destruido y acceder al servicio de compra de combustible se ha convertido en una odisea.
La pandemia del COVID-19 se ha convertido en el nuevo recurso para justificar la escalada de represión de la tiranía de Nicolás Maduro y sus mafias. Es un hecho público los atropellos por los cuales están pasando los ciudadanos ciclistas, especialmente en la ciudad de Maracay y Cagua, cuándo las autoridades de forma autoriaria deciden detenerlos y confiscar sus bicicletas, sin mayor motivo que su intención de robar a los ciudadanos.
Mientras que en el mundo entero, el uso de las bicicletas se potencia con propuestas y reflexiones de las bondades de la movilidad en las mismas, ya que mantiene distanciamiento social, fortalece el sistema respiratorio y conlleva diferentes implicaciones sociales y de inclusión activa, en Venezuela han decidido sin ninguna justificación o incluso explicación previa, el decomiso de las mismas y la “detención preventiva momentánea” de sus propietarios.
No existe ninguna justificación sanitaria y mucho menos jurídica que ampare esta acción. Lo que se demuestra con esta, es la intención de someter a la sociedad a la fuerza, con amenazas y atacando su propiedad privada.
Vivimos la amenaza sanitaria contra la humanidad más grave de los últimos 100 años, pero esto no es aval para violar los derechos ciudadanos. Por esto invitamos a los aragüeños a alzar la voz, documentar y denunciar.
Maracay, 14 de julio de 2020.
