Un día como hoy, hace un año, Miguel Alberto Castillo Cedeño fue sacado de su residencia en Santa Mónica sin mediar palabras. Presuntos funcionarios armados y encapuchados allanaron sin orden judicial su casa y se lo llevaron.
La familia del coronel de la Aviación retirado no supo de él hasta una semana después, cuando el 28 de junio del año pasado se enteraron sería presentado ante el Tribunal Militar Tercero de Control, donde le dictaron privativa de libertad.
El día de su secuestro, se encontraba en Venezuela la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. Poco importó al régimen de Nicolás Maduro desaparecerlo durante siete días y maltratarlo, como pudo constatar el 6 de julio de ese año su familia. Castillo, en mano de sus captores, sufrió lesiones en la espalda, muñecas y nariz, además del daño psicológico al que fue sometido.
Actualmente, se encuentra recluido en Ramo Verde, donde ha enfrentado, junto al resto de los presos políticos ahí recluidos, requisas irregulares, tratos crueles, inhumanos y degradantes.
El coronel de 66 años e hipertenso es acusado falsamente por “instigación a la conspiración” y es uno de los 137 presos políticos militares en Venezuela, algunos privados de libertad desde 2014.
Desde el Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela exigimos la inmediata liberación de Miguel Castillo y de cada uno de los venezolanos presos por motivos políticos, hoy separados de sus familias y sometidos a tratos crueles y degradantes en distintos recintos penitenciarios venezolanos. Asimismo, hacemos un llamado precisamente a organismos internacionales como el que encabeza la Alta Comisionada Michelle Bachelet a constatar y denunciar esta situación de vejación permanente que ni siquiera se detuvo mientras ella estuvo en Venezuela.