En la columna anterior introduje los seis fundamentos de lo que he denominado la política inteligente. Comprenderla requiere de un ejercicio individual de reflexión en apego a la mayor virtud que tenemos como seres humanos: la razón.
En este momento de desconexión evidente y con motivo, entre la sociedad y la dirigencia política, resulta importante detenernos a detallar lo que no funciona para desecharlo y avanzar hacia lo que si es viable. Así entonces, estas próximas seis columnas estarán dirigida a todos los lectores, pero especialmente aquellos que se responden tras cada amanecer: ¿Cómo puedo hacer las cosas bien? o en su defecto, ¿Cómo puedo mejorar?
El primer fundamento de la política inteligente yace en la que debe, sin desviación alguna, ser la verdadera esencia del político: El servicio público.
Si algo ha de diferenciar las actividades privadas (corporativas o personales) de las públicas, es el grado de responsabilidad. Más que de accesible a todos, lo público realmente impacta a todos y por ello la necesidad de un mayor grado de responsabilidad, ya que tu acción como servidor puede impactar de manera considerable a unos y a otros.
Acá debemos entonces esclarecer algunos aspectos cruciales para que esto no sea comprendido por la mera noción en la que el servidor “debe hacer lo que la gente le pida que haga”; pues éste es el principal argumento del chavismo y el comunismo per se, escudado en la llamada democracia participativa o directa.
Lo primero es que el servidor público, si bien se debe a la gente, es precisamente la gente organizada entorno a una comunidad, la que le confiere la legitimidad para que sea servidor público. Acá entonces existe una primera tarea para todos que trasciende partidos y políticos; es la sociedad quien debe dictaminar qué tipo de servidor público quiere y luego a quién le confieren esa legitimidad, sea por el voto u otro mecanismo.
El segundo aspecto crucial que debemos entender y nunca olvidar es que ese servidor público también es otro ciudadano; es decir, lo amparan las mismas leyes, deberes y derechos. Sin embargo, al ejercer su rol de servidor desde un espacio público tiene nuevos derechos a los cuales apegarse, pero sobretodo nuevos deberes a cumplir. Sencillo, su cargo es de libre remoción y en apego a esas leyes.
Siguiendo el punto anterior, es fundamental comprender el tercer y más importante elemento del servidor público: Su deber inquebrantable de rendir cuentas, ser transparente y auditable en todo sentido por la ciudadanía. Al administrar, desde fondos públicos hasta los intereses mínimos de una comunidad que tiene una determinada solicitud; quién ejerza el rol de funcionario público como es, desde la esencia del servidor, debe avalar que la que fue su vida privada en un momento, sea auditable en el tiempo en que sirve a esa comunidad, el municipio o a la nación.
Si algo ha buscado el sistema político del siglo XX y el criminal del siglo XXI, es preservar la relación clientelar de dependencia con el electorado y los financistas. Ese es el motivo por el cuál las cuotas o espacios de poder son una constante pelea en los partidos tradicionales o por lo cual los diputados se molestan con la prensa cuando les preguntan de dónde provienen sus recursos.
La única manera de vencer ese clientelismo es generando los debidos niveles de contrapeso y contraloría ciudadana. En países como Estados Unidos, desde un concejal hasta el presidente de esta nación están obligados a publicar sus estados financieros, sus declaraciones de impuesto, sus fuentes de ingreso y hasta en donde estudian sus hijos o el trabajo de su esposa(o). Es una manera de incentivar lo que verdaderamente motiva a que los anteriores elementos se cumplan y lo que ha dejado de existir en Venezuela: Confianza.
Pero cuidado con malinterpretar esa confianza. Está no es hacia al individuo (el político con ambiciones) exclusivamente, sino hacia nuestras instituciones, comenzando por cada uno de nosotros que contribuye a que las instituciones existan y sean fuertes.
Es la confianza la que otorgará la legitimidad a quién deba cumplir con nuestros estándares e intereses; es la confianza de que, si no se rinde cuentas, así como se eligió a ese individuo, se removerá y elegirá uno nuevo; es la confianza de que quién asuma este rol, deberá aceptar la contraloría ciudadana. Finalmente, es la confianza y garantía de que más nunca tendremos politiqueros, sino servidores públicos que ejercerán una política inteligente.
Economista, con máster en Gestión Pública y Gobierno Abierto
Coordinador de Vente Los Salias
Coordinador de Vente Mundo
@FabioLValentini