La ruta que ha fijado el Presidente Encargado es: cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres, en ese orden y, aunque el primer objetivo puede resultar inquietante dada la ambigüedad del verbo empleado, dejando pasar eso, no deja de ser un imperativo necesario para alcanzar los otros dos objetivos.

La ruta ¿está clara?, sí y no, veamos:

Sí, porque no hay duda alguna de que esos tres objetivos son más que frases pegajosas que sirven a los fines de un propagandista eficaz; al calificar al régimen como usurpador, se exige, se requiere, se prevé su cese para que exista un gobierno que garantice, durante un periodo delimitado por la ley, la transición hacia la reconstitución de las instituciones del Estado y finalmente, puedan haber elecciones libres, pero…

No, porque se ha repetido hasta el cansancio el qué, lo que se necesita y sobre lo que es perentorio trabajar, pero no sobre el cómo, es decir, sobre la metodología a emplear, las estrategias más adecuadas para alcanzar dichos objetivos. En ese sentido, la difusa ruta queda casi vacía de contenidos.

Numerosos actores, pero fundamentalmente la Fracción 16J en la Asamblea Nacional, han previsto esto y han recomendado reiteradamente el cómo. Se ha propuesto la activación del artículo 187.11, lo que supone dar soporte jurídico a la decisión ejecutiva de la autoridad legítima (no de otra) para coordinar una misión militar humanitaria en el país. Dicha decisión, en manos del Presidente, requiere el aval del cuerpo legislativo, pero también la voluntad del Ejecutivo en funciones de hacerlo, por lo que exige necesariamente una coordinación con los aliados.

En este sentido, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca brinda una gran ventaja al darle peso internacional y validez geopolítica a la decisión de hacer frente a fuerzas invasoras claramente identificadas, como lo son la cubana, la rusa, las de distinto origen islámico y en general, las asociadas con mafias transnacionales.

La coalición de partidos no alineados con los intereses de la extinta MUD, ahora Frente Amplio, ha hecho una sugerencia que merece la pena revisar, a la luz de lo que aquí se expone.

Si la ruta es el cese de la usurpación, entonces es necesario que el Presidente Encargado ejerza más que un cargo accidental, subordinado a los factores dentro de la Asamblea Nacional. Venezuela es un Estado Presidencialista, la permanencia de Juan Guaidó en dos cargos al mismo tiempo podría resultar contradictorio y hasta inconveniente.

Es necesario que se nombre un Consejo Ejecutivo, integrado por asesores técnicos, especializados y comprometidos, que le permitan al Presidente tomar decisiones ejecutivas de acuerdo con su rol principal, pero además, es vital que se nombren cargos con valor ministerial en áreas como la seguridad y defensa y como la estrategia económica, pues de esto depende el diseño de una campaña eficaz dirigida por el Ejecutivo en funciones, para reclamar, apropiarse, tomar, legítimamente el poder. Este es el mandato que ha dado la ciudadanía al juramentarse el 23 de enero de 2019.

Entre el Consejo Ejecutivo y la Asamblea Nacional podrían intensificarse, priorizándose el objetivo, los esfuerzos por articular a los países integrantes del TIAR y alcanzar un acuerdo de cooperación con aquellos países que, o se ven amenazados por la situación venezolana o ya han recibido los primeros efectos de los factores apostados en el país.

Con la discusión del TIAR adelantada, un Consejo Ejecutivo activo trabajando en una estrategia militar efectiva, para tomar el poder, no queda más que la discusión necesaria del artículo correspondiente a la aceptación de una misión militar con fines humanitarios.

Pero la liberación no solo implica esfuerzos concretos que permitan avanzar activamente en pro de lograr los objetivos de la ruta. También implica cerrar ciclos abiertos que han dado a la comunidad internacional mensajes equivocados sobre las prioridades del país, esto pasa por dar una declaración contundente y hacerla tangible en la actitud del cierre de cualquier proceso de negociación abierto o pedido por algún país extranjero a instancias de otro o motu proprio; pero además, también implica el desconocimiento y desobediencia a cualquier proceso de negociación paralelo que se haya abierto por terceros no involucrados directamente en las funciones ejecutivas.

Finalmente, así como es indispensable la declaración de la no negociación activa; también es fundamental la no participación en espectáculos truculentos electoreros convocados o planificados por el régimen o que le incluyan, de alguna manera. Si se califica de usurpadores a los voceros del régimen, no puede validarse ninguna propuesta electoral que no pase antes por el cese de su usurpación y por la restitución del ordenamiento jurídico venezolano.

Con esto, entonces el Ejecutivo en funciones puede coordinar acciones ciudadanas que permitan pasar de una actitud de resistencia civil a una de desobediencia civil; es decir, el Ejecutivo debería ser capaz de ejercer el poder en la calle; cualquier decisión o anuncio del régimen debería ser desoído por la ciudadanía, de este modo la presión no solo sería internacional, institucional, interna y externa, sino también popular; generando unas condiciones de conflictividad favorables al cambio, pues no conviene esta normalidad que solo beneficia a los que se enriquecen con la miseria de los ciudadanos.

La exigencia de la coalición Soy Venezuela es la continuación de las muchas exigencias de la Fracción 16J, es expresión de las exigencias de muchos ciudadanos, de la mayoría, que ve con estupor la convocatoria a actividades por infinitas razones, pero sin ningún objetivo claro, medible, concretable en logros.

A la coalición internacional liberadora se ha de sumar la coalición interna liberadora en un proceso articulado por la autoridad en el ejercicio de sus poderes ejecutivos, con la independencia, determinación y prudencia necesarios.

Andrés Cordovés, Coodinador de Formación de Cuadros del municipio Palavecino del estado Lara.