Ciertamente el liberalismo es una teoría económica, al mismo tiempo es partidario de la economía de mercado; como teoría política es simpatizante del Estado que gobierne lo menos posible o, como se dice hoy, del Estado mínimo. El liberalismo como expresión de pensamiento y acción debe ser caracterizada para que incluya la diversidad y multiplicidad de ideas sin que se pierda su significación esencial como ideología.
Es por ello que Montesquieu en su obra “El espíritu de las leyes”, expone una división de poderes y el equilibrio de funciones del gobierno, acorta el poder mismo del Estado. La libertad del ser humano radica en el espacio privado conformado por el interior moral de las personas físicas y por la decisión económica de la persona jurídica. Esta libertad se satisface considerándola así, como un derecho de los individuos que se basa en la separación del ser humano en relación de sus semejantes, es decir excluyéndose de sus congéneres.
En el liberalismo, el Estado se considera como servidor de la sociedad; y no la sociedad que sea servidor del Estado, tal como lo plantea el socialismo; el mismo se controla rigurosamente y se somete a un sistema de normas jurídicas, ante ello lo importante es que su condición de Estado (contundencia del poder y manifestación de su fuerza) no sea un riesgo para la vida ciudadana. De ahí que se le responsabilice de salvaguardar las libertades civiles y políticas.
El Estado de Derecho es también un Estado de justicia, porque en él hay un control judicial de la administración, es decir, la arbitrariedad del poder puede y debe someterse a la jurisdicción de los tribunales civiles. Así se explica que se haya designado como Estado de Derecho, sólo a aquél en el que hay un control judicial de la administración. En el celo contra la “omnipotente burocracia” se llegó durante un tiempo a exigir la sumisión de la Administración toda a los tribunales civiles de modo tal, el Estado de Derecho se convierte en el llamado Estado de justicia.
Es Estado de Derecho cuando lo que se denomina “imperio de la ley” significa, ante todo y en primer término, que el legislador mismo queda vinculado a su propia ley y que su facultad de legislar no es el medio para una dominación arbitraria. La organización del poder en la sociedad y el Estado liberal o Estado de Derecho tienen por objeto, y es el de garantizar que la vida individual y la ciudadana se conjuguen atendiendo al principio de igualdad. Es una igualdad que tiene por objeto erradicar privilegios, quebrantamientos y posibles dispensas en favor de unos cuantos. Es una igualdad formal y abstracta que rige para los fines del interés general.
En este sentido, el concepto de ciudadanía, propio del Estado liberal que a su vez se enmarque más a proteger a la ciudadanía confiriendo a la ley un carácter general, de ahí que la ley no se considere ni buena ni mala.
Entre tanto el liberalismo como forma de vida, es una planta que conviene cultivar a escala reducida y en terreno propicio, protegida de la insidia, del espíritu pusilánime que intenta conciliarse con los grandes o pequeños despotismos del lugar y de otras malas yerbas, que deben extirparse con premura y nitidez. Así echará raíces, y luego podrá servir de semilla y esparcirse en un campo más extenso.
El liberalismo es una tradición de ideas y sentimientos arraigados en las actividades de un grupo humano compuesto por individuos acostumbrados a ejercer su libertad en el respeto de la de los demás. En consecuencia, a ello si el gobernante o administrador comete errores, presunta malversación o irregularidades, están las instituciones competentes para examinar su gestión, investigar y juzgar de acuerdo a los elementos probatorios.
Las libertades ciudadanas forman también parte de ese sistema democrático que descansa sobre la responsabilidad de las autoridades (nacionales, estatales y municipales), quienes asumen así el compromiso de gobernar y administrar los bienes del pueblo, este es un principio de la República, cuyo significado deriva del vocablo latino res pública, que quiere decir «la cosa pública».
Es por ello que una República es un sistema político que se fundamenta en el imperio de la Constitución Nacional, las leyes y la igualdad ante la ley. Esta premisa debe saber en lo posible la mayoría de los ciudadanos por ser un principio básico de formación cívica. Venezuela debe contar con ciudadanos y gobernantes que defiendan, quieran y amen un estado donde prevalezca y luchen por la Vida, la libertad así como la propiedad.