(Caracas. 04/07/2019) El Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela envió este jueves una carta a la Alta Comisionada de los DDHH de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, para ratificarle que los venezolanos esperamos de ella y la institución que representa menos pronunciamientos y más acciones para lograr el cese de la usurpación y recuperar el Estado de Derecho.
A continuación, el texto íntegro de la carta:
Sra. Michelle Bachelet
Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
Palacio de las Naciones
CH-1211 Ginebra 10, Suiza
Por medio de la presente, el Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela, se dirige a Usted en ocasión del asesinato del Capitán de Corbeta Rafael Acosta Arévalo; quien falleciera a causa las torturas recibidas por parte de funcionarios del régimen de Nicolás Maduro, luego de que fuera detenido el pasado 21 de junio y permaneciera como desaparecido durante 7 días en las instalaciones de la Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM), hasta que fuera presentado en Tribunal Militar, fuera del lapso estipulado, el viernes 28 de junio.
Las cárceles de Venezuela, sus comandancias policiales y sus cuerpos de “seguridad” se han convertido en sinónimo de muerte para los venezolanos. Los privados de libertad sufren por condiciones de insalubridad, desnutrición, enfermedades que nunca son atendidas, hacinamiento, retardo procesal, violencia carcelaria y tratos crueles, mientras que la disidencia se enfrenta a una política de Estado en su contra basada en persecución, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, tortura y asesinatos.
La dictadura convirtió al Capitán de Corbeta Rafael Acosta Arévalo en su más reciente víctima con la ejecución de un nuevo caso de violaciones de derechos humanos; razón por la cual respetuosamente le solicitamos no se limite a incluir este caso en su informe sino que además instruya a los funcionarios de su oficina permanente en Venezuela para que con carácter de urgencia formen parte activa en la investigación de este hecho y exhorte a la implementación de los Protocolos de Estambul y Minnesota para una investigación eficaz e independiente sobre este nuevo crimen de lesa humanidad, a fin de identificar no solo a los perpetradores directos de la tortura sino a toda la cadena de mando y establecer las responsabilidades correspondientes, evitando que una vez más manipulen los hechos y gocen de la impunidad que los caracteriza.
Dicha investigación no puede estar a cargo de quienes, con la usurpación, mantienen el control de las instituciones públicas y el sistema de justicia; mucho menos cuando el caso parte de una detención arbitraria enmarcada en una supuesta investigación de una nueva ficción conspirativa detallada por Diosdado Cabello en su programa televisado el día 26 de junio, en el que no sólo señaló y acusó a Acosta Arévalo sino que además admitió tenerlo “a buen resguardo”, a pesar de que ni sus familiares ni abogados tuvieran información oficial de su lugar de reclusión. Es por lo anterior que insistimos en la exigencia de que la investigación sea conducida por expertos independientes de acuerdo a los estándares internacionales, de manera exhaustiva e imparcial.
De igual manera solicitamos a la Alta Comisionada se agilicen acciones desde su oficina permanente para constatar de manera presencial las condiciones y evaluar el estado físico y psicológico de los compañeros del Capitán de Corbeta: General de Brigada Miguel Sisco Mora, Coronel Francisco Torres Escalona, Coronel Miguel Castillo Cedeño, Teniente Coronel Pedro Caraballo Lira y los Comisarios José Valladares y Miguel Ibarreto, quienes se encontraban detenidos en la Dirección de Contrainteligencia Militar por las mismas razones y quienes también fueron víctimas de tortura, tratos crueles y degradantes; razón por la cual solicitamos además les sean otorgadas medidas especiales de protección a los pre mencionados oficiales y comisarios, así como a sus familiares y a los familiares de Rafael Acosta Arévalo.
Finalmente, tal como ha solicitado la organización no gubernamental para la protección y promoción de los derechos humanos, COFAVIC, en su comunicado fechado el 1ero de julio; exigimos sea verificado “el estado de la integridad personal de todas las personas detenidas en la Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM), a través de medios técnicos independientes y confiables para sus familiares”, como también urgimos a la evaluación de todas las personas privadas de libertad por motivos políticos, para quienes exigimos la pronta y plena libertad.
Como Secretaria General Adjunta de las Naciones Unidas, le instamos a tomar medidas y ejecutar acciones concretas que pongan fin a esta historia de terror que amenaza con acabar con la vida de muchos más venezolanos si no se actúa de inmediato, pues en Venezuela nos enfrentamos a un conglomerado criminal con el que no se puede dialogar pues mientras se sienta en el extranjero, en nuestro territorio amenaza, persigue y ejecuta, forzando un éxodo masivo que no sólo afecta la región sino que se ha convertido en un conflicto de escala mundial.
La población venezolana necesita ayuda para desalojar, sin más dilaciones, a los violadores de sus derechos humanos y por ello apelamos nuevamente a la Responsabilidad de Proteger adoptada por las Naciones Unidas en su Cumbre Mundial de 2005. Los venezolanos esperamos de ustedes, más que pronunciamientos, acciones que permitan lograr el cese de la usurpación, el rescate de la democracia y el Estado de Derecho, lo que sin duda traerá consigo bienestar y desarrollo para los venezolanos, con la garantía y el respeto de sus derechos, y será una contribución invalorable para la convivencia global pacífica en general.
Agradecidos de antemano por su atención, en espera de su pronto y favorable accionar en pro de evitar más muertes por violaciones de derechos humanos en Venezuela.
Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela