Con un sistema penitenciario en el cual quienes se encuentran privados de libertad sufren por condiciones de insalubridad, desnutrición, enfermedades que nunca son atendidas, hacinamiento, retardo procesal, violencia carcelaria, tortura y tratos crueles; las cárceles de Venezuela se han convertido en sinónimo de muerte.
Al día de hoy, en el país permanecen casi mil venezolanos acusados injustamente por motivos políticos. Algunos se liberaron a sí mismos, como Iván Simonovis; otros, como María Afiuni, continúan sometidos a retardos judiciales que amenazan con devolverlos a los reclusorios donde se perpetran todo tipo de vejaciones. Pero la mayoría continúa tras las rejas, víctimas de constantes violaciones a sus derechos humanos.
Ayer, el Capitán de Corbeta Rafael Acosta Arévalo fue la víctima más reciente de un régimen que persigue, detiene, desparece, tortura y asesina, justificando sus actos con planes «para desmontar» una fantasía golpista muy desgastada.
Su nombre retumba junto al del concejal asesinado Fernando Albán y los miles de venezolanos que han muerto en manos del Estado criminal, y hace eco en la tragedia que ha generado el éxodo más grande de nuestra historia con decenas de miles forzados a huir del país padeciendo las secuelas de años de vejaciones y maltratos.
Desde el Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela, extendemos toda nuestra solidaridad a los familiares de Rafael Acosta Arévalo, en especial a su esposa y dos hijos, quienes hoy sufren una irreparable pérdida por responsabilidad de Nicolás Maduro e Iván Hernández Dala.
No solo exigimos justicia para todas las víctimas del aparato represor y torturador, sino acciones concretas que pongan fin a esta historia de terror que amenaza con acabar con la vida de muchos más venezolanos si no actuamos de inmediato.
A la Alta Comisionada de los DDHH de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, quien estuvo en Venezuela en días recientes: no se limite a incluir este caso en su informe, instruya a su oficina permanente en Venezuela a lograr la implementación de los Protocolos de Estambul y Minnesota para una investigación eficaz e independiente sobre este nuevo crimen de lesa humanidad, a fin de evitar que los perpetradores nuevamente manipulen los hechos y gocen de la impunidad que los caracteriza.
A las fuerzas democráticas del mundo: Este nuevo hecho demuestra, una vez más, que nos enfrentamos a un conglomerado criminal con el que no se puede dialogar pues mientras se sienta en el extranjero, en nuestro territorio amenaza, persigue y ejecuta a los venezolanos. Es por ello que apelamos nuevamente a su Responsabilidad de Proteger. La población venezolana necesita ayuda para desalojar, sin más dilaciones, a los violadores de sus derechos humanos.
Al presidente Juan Guaidó y a cada diputado de la Asamblea Nacional: ¿Cuánto más falta para actuar? Después de 18 semanas de exigir la activación del artículo 187 numeral 11, después de 7 semanas de la primera discusión sobre el reingreso de Venezuela al TIAR, después de 6 meses de gobierno encargado tras aprobado el artículo 233, después de Fernando Albán, después de Rafael Acosta Arévalo, los venezolanos esperamos de ustedes el coraje necesario para avanzar con una acción definitiva que le ponga cese a la usurpación y rescate la democracia y el Estado de Derecho.
Caracas, 30 de junio de 2019.