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Las circunstancias que contribuyeron a lo que hoy en día es la falta de estabilidad institucional en Venezuela tuvieron su génesis en el año 1958, tras la caída de Pérez Jiménez, pues se inició un proceso democrático que prometía la efectiva vigencia de una Constitución. Tenemos entonces que el proyecto político de 1958, fundamentado en la modernización de la sociedad, bajo la figura de un modelo democrático, representativo y pluralista, se reemplazó por un proyecto constituido en estatismo, centralismo, presidencialismo, partidismo y populismo, rasgos que han caracterizado al Estado venezolano a partir de entonces[1].

Es por esto que se dio la constituyente de 1961, proceso político impulsado en el afianzamiento de la democracia formal y la búsqueda de división de poderes. Sin embargo, la realidad fue otra, pues el afán por implementar una verdadera democracia en Venezuela, conllevó a discrepancias en el poder, sobre todo por parte de aquellos con jerarquía o relación militar, generando lo que se puede llamar un “intento fallido de democratización”.

Es evidente entonces que, más allá de otorgarle la culpabilidad completa a un gobierno caracterizado por rasgos populistas, como lo fue el del presidente Hugo Chávez y posteriormente Nicolás Maduro, los planteamientos hecho con anterioridad han sido un virus presentes en el desenvolvimiento político desde 1961 hasta la actualidad. Por lo tanto, la plataforma institucional del sistema político venezolano depende en gran medida de la estabilidad democrática y la renta petrolera, los cuales son factores que pueden ser vulnerados con gran facilidad, más que todo por el hecho de ser caracteres externos que no pueden ser controlados por las instituciones del Estado.

Un quiebre palpable de la institucionalidad venezolana se evidenció en los intentos golpistas de 1992, por la presencia de un descontento social latente  y una indiferencia arraigada hacia las instituciones, lo que nos hace creer que, gran parte de la sociedad venezolano no tiene sentido de pertenencia para con sus instituciones gubernamentales, lo que genera un fuerte riesgo, ya que es posible que se presenten “mesías políticos” ofertando soluciones que realmente no pueden ser cumplidas.

Aunado a ello, un ejemplo evidente la escaza institucionalidad en Venezuela son los diversos procesos constituyentes que se han llevado a cado, sobre todo aquella Asamblea Nacional Constituyente llamada en 2017, ya que se puede observar cómo todo proceso constituyente realmente tiene como finalidad la detentación del poder y la integración explicita de los intereses de aquellas personas que ostentan el poder, lo cual genera inseguridad jurídica. Podemos derivar entonces que los procesos constituyentes no son la solución ante las problemáticas que pueda presentar un país en un momento determinado, sino un instrumento de intereses políticos.

Como resultado de los planteamientos hechos con anterioridad es necesario plantearnos las siguientes incógnitas: ¿realmente el problema político de Venezuela radica en los detentores el poder? o  ¿más bien son un reflejo de la falta de conciencia ciudadana sobre la institucionalidad o sistema normativo positivo?

A criterio personal, el problema radica principalmente en la falta de conciencia ciudadana –entendiendo también la falta de educación, tanto estadal como familiar-, ya que un ciudadano consciente de todos aquellos derechos, garantías y deberes que son inherentes a él está totalmente capacitado de exigir el pleno cumplimiento y respeto de la institucionalidad, así como, de exigir el pleno respeto al Estado de Derecho.

La Venezuela actual es el claro resultado de una sociedad que tiene como prioridad la búsqueda constante de comodidades individuales dadas por subsidio, conllevando a la reiteración de los mismos errores históricos, y por la idolatría a “mesías político” circunstanciales, cuando la verdadera solución a los problemas son ellos mismos, la verdadera educación ciudadana y la independencia de la renta petrolera –la cual, ya no abastece las necesidades del país-.

[1] La gobernabilidad democrática en Venezuela: trayectorias y actualidad. María Isabel Puerta R.

 

Oriana Tovar

Coord. Organización Regional Vente Joven Vargas