(Barinas. 10/05/2019) La interrupción del suministro eléctrico en Barinas se agudiza y se convierte en algo insoportable. Por eso, este jueves la sociedad civil decidió apersonarse masivamente en las instalaciones de la Defensoría del Pueblo para exigirles a las autoridades el cumplimiento de sus funciones. Para el abogado Eugenio Martínez, comisionado laboral de Vente Barinas, la protesta debe ir más allá porque el verdadero ataque al servicio eléctrico viene del Estado criminal.
“Barinas es consumidor de una carga eléctrica estimada entre 240MW y 250MW aproximadamente y por alguna razón errónea la administración del Sistema Público Nacional asume que Barinas consume 400 MW, por lo que al establecer el plan de cortes eléctricos, se le exigió a todo el estado un racionamiento de 180 MW. Sin embargo, el deterioro que presentan las instalaciones de la corporación en la entidad obliga a los barineses a disponer de 70MW, lo cual es insuficiente para abastecer a toda la población”, sostuvo el especialista.
Por otro lado, los trabajadores de Coorpoelec denunciaron que el sector eléctrico en la entidad requiere con carácter de urgencia inversión en equipos, personal y mantenimiento. A la fecha, Termobarrancas continúa totalmente paralizada y declarada en un mantenimiento que nadie dice cuántas horas lleva.
Frente a esto, Martínez señaló que es lamentable observar que mientras el país exige a gritos acciones reales y contundentes a la Asamblea Nacional para salir de esta calamidad, ésta decide postergar la reincorporación de Venezuela en el TIAR (Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca) para dedicarse a aprobar el pago de bonos de PDVSA de 2020.
Y agregó: “Este régimen criminal es completamente de la muerte de venezolanos en hospitales y de la paralización del sector productivo. La postergación de soluciones a la crisis eléctrica en el país constituye una violación de los Derechos Humanos de los venezolanos, un crimen de agresión, un crimen de guerra y un crimen de lesa humanidad que no prescribe. Así lo establece el estatuto de Roma”.
