La Dirección Ejecutiva Estatal del partido de la libertad se pronuncia en contra de la Juez Ligmar Alvarado a quien acusan de “abuso de autoridad” en el caso de los 18 yaracuyanos injustamente detenidos
(San Felipe. 08/05/2019) Este martes, la Dirección Ejecutiva Estatal de Vente Venezuela en Yaracuy interpuso una denuncia contra la juez del Tribunal de Control #2 del estado, Ligmar Lisette Alvarado Corona, por el delito de abuso a la autoridad “sancionado en los artículos 69 y 86 del decreto con rango, valor y fuerza de Ley Contra la Corrupción”, así lo expresó Marbella Gutiérrez.
La afiliada del partido de la libertad y abogada defensora además denunció que Alvarado por “la usurpación de funciones”, delito previsto en el Código Penal en su el artículo 213. Bajo estos apartados legales la Gutiérrez agregó que “procedemos a consignar una denuncia ante el Ministerio Publico, contra la ciudadana Ligmar Alvarado».
La abogada detalló que Ligmar Alvarado, excediendo los límites de su competencia y haciendo uso abusivo de autoridad, imputó a Eleazar Betancourt, coordinador estatal de Formación de Cuadros de Vente en Yaracuy, por el delito adicional al de resistencia a la autoridad, evadiendo así la petición realizada por el fiscal.
«Alvarado abusó de su cargo para imputar a los detenidos por agavillamiento agravado, adicional al de resistencia a la autoridad, el cual fue el establecido por la fiscalía, decretando así la privativa de libertad de los muchachos”, afirmó Gutiérrez.
En este sentido, informó que ante la violación del debido proceso y la tutela judicial efectiva por parte Tribunal de Control #2 en el proceso, el bloque de abogados e imputados presentes, se negaron a firmar cualquier acta cómo gesto de inconformidad y desobediencia civil.
«En el proceso judicial de los detenidos evidenciamos la falta de autonomía, independencia e imparcialidad del poder judicial en este momento, el cual sólo fortalece las decisiones de la dictadura», explicó la afiliada de Vente.
Para concluir, la aboga Gutiérrez expresó que «la situación procesal de nuestros detenidos y demás presos políticos secuestrado por la narco-tiranía es preocupante. Debemos hacer todo lo necesario para restaurar la vigencia de nuestro ordenamiento jurídico. Ante esto, tenemos el deber de exigir entonces a la Asamblea Nacional la aplicación del artículo 187.11 constitucional de manera inmediata».