La ayuda humanitaria ha sido un tema coyuntural en el discurso político. No se ha desmayado en los intentos para la entrada de los insumos para así palear la ingente necesidad de medicinas y alimentos que necesitan los venezolanos.
La realidad de Venezuela es innegable. Los criminales que tienen secuestrado el poder, han sido descarados al manifestar que aquí no hay escaseces ni miseria, han soslayado, de manera escueta, las pérdidas humanas de aquellos que no pudieron superar la barrera de la hambruna y las enfermedades que padecieron. El venezolano está sumergido en dolorosos acontecimientos que se desvanecen en el tiempo, bajo argumentos esperanzadores bajo el eslogan de “Vamos Bien”.
Esto nos lleva a dudar y a pensar por dónde viene la jugada de la “Ayuda Humanitaria”. El por qué Maduro pidió la mediación de la Cruz Roja y el afán de algunos diputados del parlamento en aceptarla. Muchos venezolanos, estamos enterados quien está organizando “imparcialmente” los suministros que vienen del exterior. Subrayamos que no es el ente como tal, es quien lo dirige. La batuta de la distribución la domina un lobo disfrazado de oveja, el cual ha mantenido relaciones con estos delincuentes, desde el inicio del chavismo. Es el consultor del ilegítimo Tribunal Supremo de Justicia y es quien decide, en dicho tribunal, los casos más importantes. Las redes sociales y algunos periodistas venezolanos, han alertado y señalado, a este personaje, como testaferro de Calixto Ortega, magistrado del ente de justicia, quien posee multimillonarios bienes en España.
¿Podríamos confiar en alguien, como el descrito, para que la “Ayuda Humanitaria” llegue a las personas más necesitadas o los chavistas se están regodeando de las prebendas que están recibiendo por parte del organismo distribuidor?
Se conoció que algunos suministros de la “Ayuda Humanitaria” se estarían vendiendo en el oeste de Caracas. ¿Cómo es posible, que medicamentos y algunos insumos de saneamiento, donados para esta causa, se estén comercializando libremente en las calles? Suponemos que el control y resguardo de estos suministros debe ser estricto, por el bienestar público y por la imagen del organismo encargado de administrarlos. Algunos diputados del parlamento han manifestado que no pueden informar datos de la cantidad de toneladas que han ingresado al país ni a qué entidades se les ha distribuido porque deben respetar “el acuerdo de no injerencia política”.
Desearíamos, desde lo humano, que dichas donaciones entregadas por la Cruz Roja venezolana y las que aún faltan por llegar, sean suministradas a las instituciones bajo la mirada de la sociedad civil, la iglesia y ONGs para que, sustancialmente, lleguen a los más necesitados y no se desvirtúe el propósito en manos de solapados y encubiertos funcionarios que puedan estar al servicio de los delincuentes usurpadores del poder.
Carolina Márquez