La ilegal Asamblea Nacional Constituyente convocó a elecciones presidenciales en Venezuela para antes del 30 de abril de este año 2018, en un intento desesperado por dar una falsa imagen de democracia y aliviar así un poco la presión interna y externa que tiene en jaque al régimen venezolano. Lamentablemente, los partidos de la Mesa de la Unidad democrática, en una posición más cómplice que ingenua, han decidido seguirle el juego.
Recordemos que nuestro legítimo Tribunal Supremo de Justicia, con sede en la OEA, nombrado por la Asamblea Nacional el año pasado, y apegado al mandato dado por los venezolanos el 16 de julio de 2017, en una consulta pública sin precedentes, sentenció la ilegalidad de todos los actos emanados de la írrita Constituyente, por lo cual, prácticamente, los partidos que llamen a la población a participar en las elecciones presidenciales, están llamando a cometer un DELITO contra la nación.
En un momento tan importante en la lucha por la democracia, en el cual la comunidad internacional en pleno condena a la dictadura, es inaceptable que la dirigencia opositora pretenda darle tiempo, estabilidad y peor aún, legalidad.
Además de ser ilegal, recordemos que iríamos a esa elección con el mismo Consejo Nacional Electoral (CNE) responsable de robar a los ciudadanos el derecho constitucional de convocar un referéndum , para revocar el mandato presidencial de Nicolás Maduro, quien por cierto, será de nuevo el candidato oficialista.
Una elección organizada por el mismo ente comicial , CNE, ejecutor del fraude electoral más grande de nuestra historia: la convocatoria a elegir una Asamblea Nacional Constituyente, írrita desde su origen.
Esta convocatoria fue ordenada por el presidente y no por la población, con bases comiciales inconstitucionales que establecían el voto de segundo grado. De paso, la empresa Smartmatic, encargada de proveer la plataforma tecnológica del proceso, denunció públicamente la alteración de los resultados ofrecidos por el CNE.
Iríamos a la elección con el mismo órgano rector que, en el 2017, reubicó estratégicamente cientos de centros electorales para desestimular y dificultar el ejercicio del voto, garantizando así la victoria del oficialismo en las elecciones regionales. Paradójicamente, según todas las encuestadoras, el gobierno tiene más del 85% de rechazo de la población, y aun así se le adjudicaron 19 gobernaciones.
Según la dirigencia de la Mesa de la Unidad, aún en esas condiciones podría ganar la elección presidencial si la población acude masivamente, y supongamos que tiene razón y la gana. Según nuestra constitución (porque cuando le conviene al gobierno defenderla si lo hace), el nuevo período presidencial empezaría el 10 enero de 2019, fecha en la cual debe juramentarse el hipotético nuevo presidente.
Es decir, la «plenipotenciaria y supra constitucional» Constituyente tendría 9 meses para adaptar a su antojo el marco jurídico de la nación, pudiendo incluso quitarle facultades al futuro presidente, y todo en aparente normalidad, porque la oposición estaría satisfecha de haber ganado la presidencia. En pocas palabras, ¿cuál es la importancia de una presidencia frente a una Asamblea Constituyente plenipotenciaria legitimada con su llamado a elecciones?
Esta incoherencia sólo lograría darle estabilidad política al gobierno y su constituyente, mientras la población venezolana quedaría frustrada y muriendo lentamente por el hambre, la inseguridad, la escasez de medicinas y el resto de problemas que han disminuido severamente su calidad de vida.
Las perspectivas económicas para Venezuela luego de este anuncio son más sombrías que nunca. No se espera un cambio político en el corto plazo. La inflación se estima superará el 13000% este año, y el Producto Interno Bruto (PIB) sin sorpresas, volverá a presentar un decrecimiento de aproximadamente 15% según cifras del Fondo Monetario Internacional (FMI), debido a la falta de certeza jurídica y las continuadas políticas hostiles del gobierno contra la iniciativa privada.
La única vía es seguir apostando al colapso del régimen, cada vez se encuentra más cuestionado y acorralado por la comunidad internacional, para poder así avanzar a un nuevo modelo económico que garantice la prosperidad económica. Para lograrlo necesitamos coherencia. En Venezuela, la salida electoral fue cerrada por el gobierno desde hace años, por lo tanto su final será muy diferente a una derrota electoral.
Coordinador municipal Vente Joven Libertador, Mérida