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Diputados Barragán y Flores afirman que la infraestructura no es de la libre disposición del alcalde Jorge Rodríguez

La Fundación de la Memoria Urbana y los propios funcionarios del Ministerio de la Cultura se muestran legítimamente inquietos por la modificación del espacio construido en 1906

(Caracas. 14/03/2016) Los diputados Luis Barragán y Winston Flores, de Vente Venezuela, denunciaron la semana pasada ante la Comisión Permanente de Cultura y Recreación de la Asamblea Nacional (AN), la construcción irregular que adelanta el alcalde del municipio Libertador, Jorge Rodríguez, alterando la arquitectura y estructura del Palacio Municipal de Caracas. Esto estaría a la vista de los parlamentarios que acceden al Palacio Legislativo por la puerta este.

A través de una misiva, los parlamentarios señalaron que el arquitecto Alejandro Chataing concibió el ala occidental del Palacio Municipal, construido en 1906, para proteger la antigua Capilla de Santa Rosa de Lima, empleándola como Salón del Ayuntamiento.

Además –explicaron- entidades como la Fundación de la Memoria Urbana y los propios funcionarios del Ministerio de la Cultura se muestran legítimamente inquietos por esta situación.

“No sólo debemos distinguir entre una remodelación y una restauración, sino observar que se trata de un Monumento Histórico Nacional, declarado en 1979 como tal. Faltando poco, el propio Instituto de Patrimonio Cultural lo declaró Bien de Interés Cultural, incluyéndolo en el Catálogo del Patrimonio Cultural Venezolano en 2006”, señaló Barragán, quien fuese miembro de la Comisión de Cultura.

El asambleísta por Aragua sostuvo que el alcalde Jorge Rodríguez no debe disponer del inmueble sin el riguroso aval de las autoridades patrimoniales en todo el país. “Mucho menos intentando un anexo para ANTV como se ha dicho”, insistió.

Por su parte, el también diputado Winston Flores, actual miembro de la Comisión Permanente de Cultura y Recreación de la Asamblea Nacional, indicó que la Ley de Protección y Defensa del Patrimonio Cultural es muy clara en sus artículos 21, 44 y 45, en cuanto a la debida autorización emanada del Instituto del Patrimonio Cultural sobre los monumentos nacionales y sus modificaciones, acarreando severas sanciones.

“En todo caso, es necesario que la Comisión se imponga de los hechos y abra una investigación a fondo, impidiendo cualquier daño irreparable al inmueble, cuyo valor histórico y arquitectónico es incuestionable. Inmueble que no es de la libre y arbitraria disposición del alcalde Rodríguez”, denunció.