María Corina Machado se ha convertido en el símbolo de la valentía de la mujer latinoamericana. Al filo de la medianoche del lunes 31 de marzo último, el Tribunal Supremo de Venezuela, sin citar ni escuchar a la referida parlamentaria, resolvió despojarla de su curul en la Asamblea Nacional, señalando que el artículo 191 de la Constitución venezolana “opera de pleno derecho, ante la aceptación de una representación alterna de un país, indistintamente a su tiempo de duración, ante un órgano internacional por parte de la ciudadana Corina Machado, quien estaba desempeñando su cargo de diputada en la Asamblea Nacional, lo cual constituye una actividad incompatible…” con su mandato parlamentario.
En esta forma María Corina Machado fue despojada de su diputación, en un proceso judicial que ha durado menos de 48 horas, sin habérsele brindado la oportunidad de apersonarse y de ejercer su defensa, mínimo derecho que cualquier tribunal del mundo otorga a cualquier persona acusada de una infracción legal. En el presente caso, el Presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, acusó sin fundamento alguno a María Corina Machado de haber cometido el delito de traición a la patria, al presentarse ante el Consejo Permanente de la OEA gracias al acceso que le brindó Panamá, para exponer sobre la crítica situación de Venezuela en el ámbito del respeto a los derechos humanos y políticos de los ciudadanos venezolanos. Esa presentación se efectuó de manera reservada, pues la delegación venezolana, con el apoyo de los países caribeños que integran Petrocaribe, impidió que el Consejo Permanente sesionara públicamente, en contra del pedido de un grupo de países, entre ellos el Perú.
La presencia de María Corina Machado en el asiento de Panamá fue considerada por Diosdado Cabello, como la aceptación de un cargo público de ese país, ignorando que hace pocos años, cuando el Presidente Zelaya fue destituido por el parlamento hondureño, el gobierno venezolano de Chávez permitió que la ex Canciller de Honduras, se presentara en la OEA en el asiento que le brindó la delegación venezolana. Resulta obvio que hablar en un foro internacional gracias a la facilidad que pueda dar un país miembro, no significa desempeñar un cargo oficial de tal país. Semejante acusación viene a ser una maniobra carente del más mínimo fundamento jurídico y constituye un pretexto para impedir que se debata en un foro continental de alcance mundial, como se supone debe ser la OEA, la masiva violación de derechos que las autoridades venezolanas están perpetrando sobre su pueblo.
¿Qué pueden hacer los demócratas de Latinoamérica y del mundo frente a semejante atropello? En esta coyuntura debemos seguir denunciando los estropicios que a diario se cometen en Venezuela por el gobierno dictatorial de Maduro, a fin de generar una corriente de opinión que lo lleve a enmendar su conducta. En Venezuela, hoy día es un delito participar en las manifestaciones organizadas por la oposición y colectivos ciudadanos que discrepan con su gobierno. En estos momentos para desgracia del continente americano, el régimen venezolano ha adquirido todas las características de un Estado totalitario que se inspira en las tiranías del pasado y una del presente en la isla de Cuba, cuyo gobierno maneja desde la sombra el destino de Venezuela para terminar con los últimos vestigios de su democracia.