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Los gobiernos democráticos toleran las manifestaciones de protesta. Cuando estas se tornan violentas o causan una prolongada perturbación del orden público, proceden a disolverlas utilizando agua a presión. Si las mismas aumentan en intensidad, los guardianes del orden lanzan bombas lacrimógenas delante de los manifestantes para obligarlos a retroceder y dispersarse.

En el  régimen de Maduro  la Guardia Nacional lanza  las lacrimógenas delante, en medio, detrás y directamente al cuerpo de los manifestantes, porque la intención es causar daño. Además, innecesariamente  disparan balas de plástico que causan heridas e inclusive pueden matar. Por si fuera poco, hay evidencias de disparos con armas de guerra por parte de la Guardia Nacional, de la Policía Nacional Bolivariana y por el Sebin, así como muchos casos de torturas. Para   producir pánico  Maduro se vale de sus grupos paramilitares, mal llamados colectivos, que generalmente se desplazan en motos y portan y disparan armas de fuego. Estos paramilitares actúan con la complicidad de la Guardia y de la Policía.

Quizás extrañe que un gobierno que llegó al poder mediante elecciones, aunque no fueron transparentes, recurra a tanta violencia. El punto a considerar es que Maduro y los suyos no creen en la alternabilidad del poder y  predican que los opositores  «no volverán». No solo pretenden eternizarse, sino que quieren  implantar un régimen castrocomunista. Es decir, destruir al sector privado nacional, lograr una hegemonía comunicacional y controlar a los ciudadanos a través de un sistema judicial sumiso. Es más, han llegado a predicar que ser rico es malo y que para sostenerse la revolución requiere que haya muchos pobres.

Cada  día más ciudadanos se percatan que el sistema económico que intentan imponer causa desabastecimiento, inflación, desinversión, desempleo, baja productividad y servicios públicos deficitarios. A esta grave situación hay que agregar  la represión con presos políticos y exiliados. Como consecuencia, se producen frecuentes  manifestaciones de grupos afectados algunos de los cuales incluso se identifican con el oficialismo. El año pasado se contabilizaron 4.140 manifestaciones relativamente pequeñas en demanda de mejores condiciones de vida, las cuales eran generalmente toleradas por el régimen.

A partir del 12 de febrero se presentó el fenómeno de la participación  de estudiantes en las manifestaciones, frustrados porque visualizan que no tienen futuro en Venezuela mientras persista el llamado Socialismo Siglo XXI. Este nuevo ingrediente prendió las alarmas en los oficialistas que percibieron una amenaza real que había que desmantelar al costo que fuese, antes de que se le unieran otros sectores de la población. Ello explica el grado de brutalidad de la represión. Por suerte,  el régimen está desprestigiado en el exterior y debilitado internamente. Ya no podrá perpetuarse. Es asunto de tiempo.

Como en botica: Reiteramos nuestra solidaridad con Fernando Gerbasi, injustamente perseguido. La decisión de la Sala Constitucional amenazando con encarcelar a los alcaldes de oposición que no controlen el orden público demuestra una vez más su sumisión al Ejecutivo. ¡No más prisioneros políticos, ni exiliados!

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