Sociedad Venezolana de Salud Pública
Red Defendamos la Epidemiología Nacional
Venezuela en la encrucijada de una crisis humanitaria en salud
La tragedia que vive Venezuela como país y como sociedad, se ha venido acentuando en el último año. La descomposición que sufre la estructura institucional del Estado y simultáneamente, la puesta en marcha de un conjunto de decisiones que violan la constitución y buscan ¨la ruta hacia el socialismo¨, a pesar de que esta propuesta fue derrotado en el referéndum constitucional de 2007, nos conduce directamente a la anomia, a la ausencia de Estado de Derecho, a la conflictividad permanente, a la polarización, a la destrucción de la democracia, a la pérdida de la condición de ciudadanos libres. Los gobernantes han dejado de cumplir con sus obligaciones y han abandonado las garantías que deben ofrecer para el ejercicio de los derechos políticos y sociales de todos los ciudadanos. Las personas vivimos en permanente zozobra, incertidumbre y miedo, impuesto, en buena parte, instrumentalmente desde el Gobierno Nacional.
El Gobierno ha colapsado institucionalmente, no ha respetado la independencia de los otros poderes del Estado y ha dilapidado las inmensas riquezas nacionales provenientes del petróleo y otras fuentes de recursos; ha auspiciado y permitido la corrupción y el delito que permanecen impunes; solo procura preservar el poder por la fuerza, imponiendo su hegemonía a cualquier precio. Se empeña en buscar y señalar culpables de sus propios desatinos e incompetencias, en quienes disentimos o no compartimos sus orientaciones.
Poco parece importarle el malestar de las personas, la pérdida de vidas humanas, el sufrimiento de muchos, de manera más acentuada en los más pobres. Poco importa que no hayan alimentos, ni medicinas esenciales, ni otros bienes básicos, ¨lo importante es la Revolución¨. La ilusión de recibir más dinero, no compensa la realidad de que con éste, cada vez se adquieren menos bienes básicos para la subsistencia.
Las múltiples dimensiones del colapso del Estado, producto del liderazgo irresponsable, carente de escrúpulos, de racionalidad y razonabilidad en lo político, económico, social y ético, impactan todos los sectores de la vida nacional, con sus indeseables consecuencias: empobrecimiento colectivo, retroceso en el desarrollo, conflictividad, ruptura de la paz y la convivencia, injusticia e impunidad crecientes, que son obstáculos para la construcción compartida de bienes sociales.
Dudas sobre la legitimidad de las autoridades del Estado, abren nuevas brechas insalvables para alcanzar los consensos necesarios del buen gobierno. Por el contrario, las respuestas que recibe la sociedad de sus gobernantes están cada vez más cargadas de populismo, demagogia, engaño, promesas incumplidas, odio, intolerancia, exclusión, indiferencia, insensibilidad, improvisación y disparates. También de un silencio que pone en evidencia: miedo, complicidades, falsedades y una creciente deriva autoritaria.
Los ciudadanos carecemos cada vez más de los servicios esenciales: seguridad de las propiedades y de nuestras vidas -amenazadas por el hampa incontrolable-, salarios y empleos estables y productivos, educación de calidad, servicios básicos de saneamiento ambiental, agua potable, electricidad, transporte, educación, cultura y salud.
No escapa este último sector a fallas, ineficiencia, corrupción y errores inaceptables.
Así, el fracaso de las políticas de salud y del modelo desarrollado en los últimos 14 años, no puede ser maquillado por la propaganda oficial y es evidenciado claramente por el retroceso de los indicadores de salud, como la mortalidad materna y la mortalidad infantil, especialmente dado por la mortalidad neonatal, producto de cuidados insuficientes a la madre y de atención al recién nacido. También, en la falta de prevención y control que ha permitido la reaparición de enfermedades infectocontagiosas y otras como la malaria y el dengue, transmitidas por vectores. En el colapso total de los servicios asistenciales que prestan la red pública de ambulatorios y de hospitales, incapaces de satisfacer las necesidades y demandas de la población. La provisión de medicamentos esenciales para atender los problemas de salud más importantes está limitada a menos de la mitad y hoy no hay acceso suficiente a los mismos ni cobertura a toda la población. La capacidad del Gobierno para realizar la adecuada vigilancia epidemiológica y dar las respuestas oportunas de prevención y control, ante nuevas amenazas de salud colectiva han sido insuficientes. Los anteriores indicadores muestran brechas muy importantes con respecto a las metas que Venezuela se comprometió a cumplir para el año 2015, en los Objetivos del Milenio. Hemos visto como los pacientes con cáncer que acuden a los centros públicos se han quedado sin la oportunidad de recibir tratamientos, mediante cirugía, radioterapia y muchos de ellos fallecen sin recibirlo, a lo que se agrega la inexistencia creciente de medicamentos de quimioterapia, por lo que los enfermos se encuentran literalmente condenados a morir sin tratamiento. Lo mismo está ocurriendo con los pacientes afectados por el VIH-SIDA, o aquellos que deben recibir atención por enfermedades hematológicas en los bancos de sangre nacionales. Ellos han sido abandonados a su suerte y no se le asignan recursos financieros suficientes. La disponibilidad de sangre para atender las necesidades básicas de la población por lo tanto está comprometida y mucho más, en el momento actual, no podríamos responder ante una situación de emergencia o desastre.
Los hospitales generales se encuentran sin los recursos financieros para garantizar su funcionamiento, situación que había sido advertida antes de la aprobación del presupuesto ordinario en noviembre de 2012 y de 2013. Ahora la insuficiencia de recursos ha sido reconocida, al aprobar recientemente créditos adicionales para su operatividad por un monto 4 veces superior a lo que originalmente se asignó. La nueva ley de Presupuesto Ordinario, aprobada hace pocos días, reincide en los errores e insuficiencias de años anteriores. A las carencias financieras se suman las precarias condiciones de infraestructura y planta física, de dotación, el incumplimiento de las obras de remodelación de los hospitales públicos, a que fueron sometidos en los últimos 7 años sin planificación alguna. Es crítico el déficit de recurso humano, altamente capacitado, necesario para prestar servicios de calidad a la población. Los indicadores de gestión, eficiencia y calidad hospitalarios muestran un grave deterioro cuantitativo y cualitativo inaceptable, si se compara con estándares nacionales e internacionales. La deuda de intervenciones quirúrgicas en los hospitales públicos supera la cifra de 300.000, entre 2007 y 2012. Para subsanarlas el gobierno propuso en 2013, ¨micromisiones¨ que solo producen ¨microresultados¨ y solo alcanzan a solventar el 3% del déficit.
La creación por parte del Ejecutivo, de un sistema paralelo de salud (Barrio Adentro), ha llevado a una mayor fragmentación y segmentación del sistema, que se encuentra hoy en día casi totalmente centralizado, bajo la dirección de la Misión Médica Cubana. Hay evidencias del franco deterioro del sistema Barrio Adentro, en cuanto a cobertura, operatividad de los centros y calidad de los servicios, a pesar de ser privilegiado con fuentes inagotables de recursos financieros.
De esta forma, al menos unos 17 millones de personas, sin capacidad de pago son atendidos actualmente en el sistema asistencial público y se encuentran desasistidos. Los numerosos testimonios de las personas reflejan la insatisfacción por la calidad de los servicios. Otros 12 millones de personas, son actualmente atendidos, supletoriamente, por el sistema de clínicas y hospitales privados, al menos 9 millones de ellos, que son empleados públicos y sus familiares; son financiados mediante la compra de servicios por parte de la administración pública centralizada y descentralizada, utilizan los HCM previstos en sus contratos colectivos y los aplican mediante Fondos Autoadministrados y Pólizas de Seguros, en la imposibilidad de hacer uso de los servicios públicos que se encuentran inhabilitados para prestar estos servicios. El resto corresponde a pólizas adquiridas privadamente por personas o instituciones privadas, o por pago bolsillo de personas no amparadas por sistemas de seguros.
Estos 12 millones de personas con cobertura por los servicios privados de salud, se sumarán a una situación de desatención global inminente, producto de las decisiones no consultadas del Gobierno Nacional, carentes de racionalidad, que impone unilateralmente una cuota creciente de regulaciones, medidas laborales, criterios de pago, fijación y ajuste de costos, que no cubren los costos operativos de los servicios privados, a lo que hay que agregar: restricciones en el otorgamiento de divisas para la adquisición de insumos, equipos y medicamentos, en su mayoría importados, necesarios para cubrir la demanda de servicios para los próximos 5 meses y la aplicación de obstáculos o barreras como las guías de certificados de no producción nacional. A los que se suma una deuda acumulada y no pagada cercana a los 6.000 millones de bolívares por servicios médicos prestados a las instituciones públicas agrupadas, que pone el peligro la viabilidad y el equilibrio financiero de las instituciones privadas.
Como resultado de esta situación, a un corto plazo de 7 semanas, los servicios prestados en clínicas y hospitales se verán restringidos, solo a situaciones de emergencia, servicios vitales de alta tecnología no podrán seguir funcionando, tales como las unidades de diálisis, de quimioterapia y radioterapia, las unidades de exploración hemodinámica, las unidades de imágenes, los servicios de anatomía patológica, los cuidados especiales, los servicios de administración de fármacos, unidosis de medicamentos indispensables, al igual de lo que ya ocurre en los hospitales públicos.
En suma, todo el sistema de salud estará colapsado, independientemente de su capacidad de pago, no podrá prestarse atención médica sino a casos de estricta emergencia y por un tiempo y en cantidad limitada, producto de la carencia de insumos, medicamentos y equipos. Esto configura, sin lugar a dudas, el escenario de una CRISIS HUMANITARIA DE SALUD cuya gravedad afectará a la nación, en toda su geografía y a todos sus habitantes, en pocas semanas, con impredecibles consecuencias.
En vano han sido las advertencias y recomendaciones de la Academia Nacional de Medicina, la Red de Sociedades Científicas Médicas de Venezuela, Gremios de la Salud, la Asociación Venezolana de Clínicas y Hospitales Privados, la Comisión Permanente de Servicios Públicos de la Asamblea Nacional, La Asociación Venezolana de Importadores de Insumos Médicos, de las Organizaciones de Derechos Humanos y Representantes de los pacientes y de otras instituciones y personalidades, que han exhortado al Ministerio del Poder Popular de la Salud y a otros Organismos del Ejecutivo a quienes compete este asunto, a reanudar las conversaciones destinadas a lograr un acuerdo que permita una solución global al problema.
El tiempo se acaba, y así mismo, se acorta el margen para que las decisiones a tomar impidan mayor sufrimiento de la población y evitemos que muchas personas fallezcan por negación del derecho fundamental a la atención médica y la exclusión que ocurrirá debido a causas de fuerza mayor, provocadas por la terquedad y los errores gubernamentales. Numerosos conflictos éticos se derivarían de esta crisis humanitaria de salud, en la que el Gobierno Nacional llevará la mayor responsabilidad, por falta de sensibilidad y disposición al diálogo, empeñado en conducir irreflexivamente, a todo el sistema de salud nacional, al colapso total; sin duda, un delito de lesa humanidad. Parafraseando al Dr. Rafael Muci Mendoza, Presidente de la Academia Nacional de Medicina: ¨a ese tedio de vida en que han devenido nuestros hospitales (públicos), aquellos, antaño orgullo del país¨.
Exhortamos a las autoridades del Gobierno Nacional a reanudar inmediatamente, el diálogo y las mesas de trabajo con los actores de la salud, para dar una solución oportuna a los graves problemas que afectan la asistencia sanitaria en Venezuela.
Caracas 6 de enero de 2014.
José Félix Oletta L. Carlos Walter V. Ángel Rafael Orihuela Rafael Muci Mendoza
Ana C. Carvajal Oswaldo Godoy Saúl O. Peña