El Instituto de Altos Estudios Europeos y la Red Internacional de Universidades para la Paz han presentado un informe que resume los delitos electorales parciales registrados en las elecciones presidenciales del pasado 14 de abril. Las fallas son tan graves que el documento denomina “viciado de nulidad” el proceso electoral del que Nicolás Maduro resultó electo presidente. El corresponsal de Informe21 en Madrid, José A. Puglisi, ha tenido acceso a este estudio que demuestra las dudas europeas sobre la transparencia en la victoria oficialista.
Una misión europea ha asegurado lo que muchos venezolanos denunciaban: la elección presidencial del pasado 14 de abril está “viciada de nulidad”. En un estudio del Instituto de Altos Estudios Europeos y la Red Internacional de Universidades para la Paz, se indican todos los delitos electorales parciales registrados durante los últimos comicios en los que Nicolás Maduro fue electo presidente de Venezuela. Un largo listado que, contrario a los principios democráticos, exigiría la nulidad de las votaciones, tal como ha venido solicitando la Mesa de la Unidad.
El informe, denominado Misión de apoyo Internacional a la Observación de las Elecciones en Venezuela, se centra en la inhabilidad constitucional de Nicolás Maduro para postularse como candidato presidencial. Según el análisis, Maduro no cumplió con los requisitos establecidos en los artículos 227 de la Constitución Nacional, puesto que contraviene al artículo 229. La situación ocurre cuando el Tribunal Superior de Justicia aplicó el principio de “continuidad administrativa” para evitar la posesión de Hugo Chávez y reconocer a Maduro como vicepresidente ejecutivo para el nuevo periodo. Tras la muerte de Chávez, el vicepresidente ejecutivo está legalmente inhabilitado, por la Constitución, para postularse como candidato presidencial, por lo que todo el proceso está “viciado de nulidad” desde sus inicios.
El informe incluso va un poco más allá y asegura que “esta situación constituye un vicio de nulidad que afecta a todo el proceso haciéndolo nulo de pleno derecho y la Sala Constitucional del TSJ habría incurrido en la conducta tipificada en el artículo 25 de la misma Constitución que ha jurado defender y garantizar según el cual todo acto dictado en ejercicio del Poder Público que viole o menoscabe los derechos garantizados por esta Constitución”.
Las violaciones contra unas elecciones transparentes no se limitan a la inhabilitación de Maduro para ser candidato. En la Misión de apoyo Internacional a la Observación de las Elecciones en Venezuela se apunta que, además, se “observa una abierta y reiterada violación de normas y procedimientos que conduce a acrecentar las sospechas de una suspensión del Estado de Derecho. Las instituciones del Estado han perdido su neutralidad, vulneran la garantía del ejercicio libre y sano de los derechos y las obligaciones ciudadanas, dejan indefensa a la ciudadanía y sin razón de ser a la democracia”.
Abusos revolucionarios
El informe indica que, tras observar algunas dinámicas en relación con el sector público, se percibe que se presiona a los funcionarios públicos (fijos y/o contratados) que no apoyen activamente a Nicolás Maduro, se cambia de cargo o se amenaza con su continuidad laboral a quienes no muestren un apego al Gobierno y se movilizan a funcionarios y personal público para participar en actos de campaña. Además, se condicionan los horarios, prestaciones, relaciones labores y otras condiciones con los intereses políticos o de actividad oficial.
Las violaciones determinadas por el informe se extienden hasta la Asamblea Nacional. Específicamente, se denuncia la negativa del Presidente de la Asamblea a dar el uso de la palabra a aquellos diputados que no hicieran declaración pública de reconocimiento expreso del candidato Nicolás Maduro Moros como Presidente electo. Una acción que es tachada como una “evidente vulneración de los principios constitucionales referidos al Estado de Derecho, al Derecho de Representación, a los Derechos de expresión y manifestación. Al ser ésta, una vulneración grave de los principios originarios del Estado de Derecho tiene una consecuencia de suspensión ‘de facto’, no ‘de iure’ de dicho Estado, así como también de las bases sobre las que se asienta el sistema democrático de representación conforme a la Ley”, asegura el estudio.
El Poder Judicial no se queda por fuera. “En las últimas decisiones judiciales de algunos órganos jurisdiccionales, especialmente del Tribunal Superior de Justicia, y dentro de él su Sala Constitucional, se constata una muy preocupante permeabilidad a la voluntad del ejecutivo y del partido que le mantiene. Una situación así, pone en peligro y en serias dudas la necesaria neutralidad y objetividad imprescindible exigible a este órgano en un sistema democrático”, explican el Instituto de Altos Estudios Europeos y la Red Internacional de Universidades para la Paz. Asimismo, agregan que se han realizado exaltaciones públicas a Hugo Chávez y Nicolás Maduro, en un tono político partidista poco procedimental.
Otro conjunto de irregularidades son denunciadas por el informe en el ámbito de las Fuerzas Armadas, medios de comunicación, CNE, voto electrónico, tarjetón electoral y centros electorales. La suma de estos factores ha supuesto una ventaja para el sector oficialista y presiones contra los grupos opositores.
Sin transparencia
El informe considera que, además de la falta de información oficial por parte del CNE en el recuento de los votos, la estrecha diferencia entre ambos candidatos y las noticias contradictorias sobre la realización o rechazo de una auditoria llevaron a consolidar las manifestaciones post-elecciones. Asimismo, precisa que la falta de transparencia a lo largo del proceso y las filtraciones de datos previos por internet y redes sociales, fueron un factor importante para que un sector de la población sintiera que se trataba de un intento de golpe de estado opositor, mientras que el otro consideraba que se les habían robado las elecciones.
El informe Misión de apoyo Internacional a la Observación de las Elecciones en Venezuela es una pieza más en el complicado rompecabezas por demostrar la ilegalidad del gobierno de Nicolás Maduro y la falta de transparencia en las elecciones del pasado 14 de abril. La denuncia no proviene de sectores de la oposición en el exterior, sino de una misión internacional que analizó la situación durante el 11 y el 22 de abril, lo que podrá tener su repercusión dentro de las valoraciones europeas sobre la situación en Venezuela. Este estudio es una pieza fundamental, ya que coincide con el reciente viaje a Europa de Maduro y del ministro de Asuntos Exteriores, Elías Jaua, para intentar demostrar la legalidad de su régimen y el cumplimiento con los requisitos democráticos. (Informe 21)
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Informe Final de la Misión Electoral Internacional en las Elecciones Presidenciales de Venezuela 2013