Consabido, la función parlamentaria cuenta con un complejo de inmunidades orientado al mejor y más diligente desempeño que no, privilegios personales. Resulta indispensable para la existencia independiente de un órgano del Poder Público, cuya composición es sufragada directa, universal y secretamente por la ciudadanía.
Los diputados no deben ser perseguidos, arrestados, detenidos, procesados judicialmente, ni sometidos a registro personal y domiciliario alguno, desde el momento mismo de su proclamación. La intercepción de sus comunicaciones telefónicas, postales y digitales, o la requisa de sus documentos o cualesquiera otras perturbaciones configuran también un delito, agravándose: excepto que haya la correspondiente solicitud y el allanamiento votado favorablemente por la cámara, satisfechos los extremos constitucionales.
Muy a pesar de la mayoría constituyente que quiso, por 1999, desmejorar las condiciones respecto a las establecidas en la Carta de 1961, la vigente Constitución de la República inequívocamente ampara la función parlamentaria y, en definitiva, a toda la Asamblea Nacional frente a las arbitrariedades, dislates y conspiraciones de otros órganos que la rivalicen, principalmente el Ejecutivo. Valga acotar que el empleo generalizado del llamado antejuicio de mérito, por vía del Código Orgánico Procesal Penal, ha pretendido equiparar – disminuyéndola – la inmunidad parlamentaria a la del resto de los más altos funcionarios de la República que, en la práctica, ciertamente, gozan de una privilegiada protección de sus excesos – además – políticos.
Excepto una abierta, descarada y no menos temeraria violación de la Constitución, Maduro Moros no puede ordenar – como lo hizo públicamente – una interpretación distinta a las inmunidades parlamentarias que, al desconocerlas, protocolizaría un atentado contra la vida republicana misma. No existe ningún subterfugio doctrinario que aventure tan descabellada hipótesis y, si fuere el caso, consagraría definitivamente un poder de facto.
Todo un exabrupto, el diputado oficialista Loengri Metheus, adelantándose a su bancada, pretende ofrendar ese complejo de inmunidades a Maduro Moros, evidentemente para congraciarse: “… El presidente solicitó a la Sala Constitucional del TSJ que interprete la posibilidad de eliminar la inmunidad parlamentaria y de ser así, los diputados del Bloque de la Patria le damos nuestro apoyo irrestricto y ponemos nuestra inmunidad a la orden”. Empero, suerte de kamikaze parlamentario, se hubiese sentido muy cómodo después del asalto al Congreso de 1848, reverenciando a José Tadeo Monagas. Y esto no significa otra cosa que traicionar la confianza de sus propios electores, apostando por una posible figuración que, por siempre efímera, tampoco lo protegerá de sus desleales competidores en el renglón del servilismo y la docilidad.
@LuisBarraganJ
