El diputado a la Asamblea Nacional y miembro de la Fracción Parlamentaria 16 de Julio asegura que “el régimen socialista busca la más completa degradación de una sociedad hasta hacerla ágrafa, de mera supervivencia y fundada en la delación y castigo de quienes deseen alterarla”
(Caracas. 10/07/2020) “Superando lo que ocurre en el Cuerno de África, la somalización venezolana tiene el sello inconfundible del socialismo del siglo XXI, intentando tragarse viva a todas nuestras universidades”, expresó Luis Barragán, diputado a la Asamblea Nacional (AN) por Vente Venezuela, durante el foro virtual “Somalización y universidad en Venezuela”, donde se centró parte de la discusión universitaria sobre la situación de la Universidad de Oriente (UDO).
“Lo acaecido y lo que todavía acaece en a UDO, objeto del impune y sistemático vandalismo y saqueo de sus instalaciones, ejemplifica el fenómeno ya desbordado de una somalización que obedece al interesado proceso de destrucción de la universidad venezolano para una nueva y nefasta geopolítica del saber, del conocimiento y de la información de inspiración anti-occidental. El régimen socialista busca la más completa degradación de una sociedad hasta hacerla ágrafa, de mera supervivencia y fundada en la delación y castigo de quienes deseen alterarla”, aseguró el parlamentario.
Barragán agregó que el incendio de la Biblioteca Central de la UDO en Cumaná, no constituye un hecho aislado o fortuito, sino que se inscribe en una estrategia de destrucción física y espiritual de la propia y básica noción de universidad. “Es necesario cuantificar las pérdidas materiales acaecidas en todas y cada una de las universidades venezolanas, sólo en el presente año, convertida en una deuda de las autoridades – sobre todo administrativas – y de los distintos gremios que deben revelar la verdad de la tragedia que están viviendo. Resulta indispensable hacerlo, además, para apreciar la dimensión exacta de la catástrofe, a objeto de solventar la situación con el cese de la usurpación”, explicó.
El asambleísta concluyó que las condiciones en las que se encuentran otras casas de estudios en el país, puntualizando lo que ocurre en la Universidad Central de Venezuela (UCV) que “sobrevivió al terremoto de Caracas de 1967, como parece que no lo logrará con el madurato, por el derrumbe de sus caminerías, las fallas estructurales y las filtraciones que puede sincerar el más modesto movimiento sísmico”.
Tratando de desmentirlo, somos cada vez más convencionales en la crítica. Ésta trilla los caminos que el régimen ha empedrado, por lo que requerimos de un poco más de ilustración para romper los nudos de las intrigas y los estereotipos que retrotraen el debate político a la barbarie devenida espectáculo.
El formidable y antes impensable analfabetismo ideológico (o ideológico-cultural) de los socialistas del XXI, urgió del predominio de sectores de la oposición que les fuesen equivalentes, consiguiéndolo. El poder establecido se ha esmerado en promover y consolidar la interlocución de quienes, forzados a un Tweet de duelo, por vez primera, recibieron noticia de la existencia de Emeterio Gómez o Asdrúbal Baptista, por citar un par de ejemplos recientes, en tránsito hacia la nada. Y es que ser, siéndolo de acuerdo al canon, es como un ilimitado instante de numerosos y melódicos selfies en el que cualesquiera gestos y palabras, por banales que fuesen, prometen una buena escalada en el trendingtopics de la política cohabitadora.
Por esta suerte de banalidad correspondida, nadie osará molestar al opinante con preguntas que le obliguen a congregar el mínimo necesario de neuronas; en todo caso, a la mano se encuentran las etiquetas y, no faltaba más, los etiquetadores dispuestos al sacrificio que pocos saben cómo paga. ¿Para qué hablar de la trascendencia e interpelación del 5 de julio de 1811, pues, unas horas después, nadie siquiera sabrá si hubo o no desfile militar? Sin embargo, los hay – algo más que disidentes – atrevidos a preguntar y a responder, aguándoles la fiesta a los sembradores de la resignación circense.
Versamos sobre el atípico dirigente político que denuncia una historia mal contada, asegurándonos en 1814, y trae a colación a Picón-Salas y a Briceño-Iragorry para extenderse en los cargos fiscales. Acaso, con más de Lacan que de Proust, dice buscar una fecha patria que ya ha encontrado en sus frecuentes reflexiones, comprometiéndose en un esfuerzo histórico hasta donde sus fuerzas lo permitan, como los atípicos dirigentes políticos que construyeron este país con razones y pasiones de imposible prefabricación.
Para coincidir y discrepar, auténticas voces críticas, avisadas, informadas, ilustradas, comprometidas que serán aún más necesarias para el futuro (re) enderezamiento del país. Preparadas para asumir altas responsabilidades de Estado, tienen el talento indispensable para acabar con los festines del (auto) engaño, precisando a los payasos y a los dueños del circo, como muy pocos se atreven a hacer hoy.
Profundamente significativo, la Independencia venezolana tuvo por origen la deliberación. El 5 de julio de 1811, condensa todas las inquietudes, pareceres y también temores de una hora que se supo estelar en todo el continente.
En una extraordinaria conferencia virtual a la que concurrimos ayer, la Dra Carole Leal, así lo ratificó, luego de disertar en torno al proceso electoral que dio origen al Congreso Constituyente. Y, aunque se ha perdido un buen porcentaje de las actas de entonces, hay evidencias de un rico y continuo intercambio de ideas de profundidad en medio de las apremiantes circunstancias y las variadas presiones políticas del momento.
Parlamentarizadas las aspiraciones por la libertad, encontraron cauce y orden las numerosas demandas surgidas de una naciente y activa opinión pública. Al igual que la Junta Patriótica, otros clubes políticos intentaron influir en la voluntad de una representación que, con todas sus imperfecciones, insistió en reivindicarse como tal.
Hubo disidencias manifiestas en relación a la propia declaración de Independencia o del modelo a acoger, añadida la posibilidad de una monarquía constitucional. Aquellas discrepancias no acarrearon el desconocimiento de la investidura, la estigmatización inmediata o la criminalización del parlamentario en trance de hacer historia.
Quizá la impresión de un congreso timorato, tímido o débil para dar el paso decisivo, fruto de la intensa propaganda de grupos que rivalizaron por la atención pública, dejó una huella en el inconsciente colectivo, capaz de aminorar el papel del parlamento de compararlo con los otros órganos del Poder Público, a la postre. Quizá, por siempre, se le supuso domicilio seguro de lo peor de la política que es la política de lo peor, como casi dos siglos más tarde se hizo moneda común para facilitar la emergencia del proyecto totalitario hoy en curso.
El
parlamentario de la Fracción Parlamentaria 16 de Julio asegura que “el régimen trató
de subestimar su importancia y de
aplacar cualquier inquietud que suscitara, cumpliendo así con el tradicional apoyo que le ha dado Cuba
a Guyana”
(Caracas.
29/06/2020) “Debemos tener mucho
cuidado, porque hay cohabitadores de estilo y vocación que cuentan con el
Esequibo como el formidable pretexto para aliarse a la usurpación en la
búsqueda de las curules que ansían en unas pretendidas elecciones para este año.
Al final La cohabitación y los usurpadores quieren confiscar al Esequibo”,
aseguró Luis Barragán, de cara a que éste martes 30 de junio la Corte
Internacional de Justicia, con sede en La Haya, celebrará la audiencia pública
virtual relacionada con la demanda interpuesta por Guyana sobre la zona en
reclamación.
El diputado a la Asamblea Nacional (AN) que
desde la Fracción Parlamentaria 16 de Julio “creemos muy importante que la
opinión pública esté pendiente de la referida audiencia, no sólo que al país le
duele el problema del Esequibo, sino el fracaso de un régimen que, desde sus
inicios, trató de subestimar su
importancia y de aplacar cualquier inquietud que suscitara, cumpliendo así con el tradicional apoyo que le ha dado Cuba
a Guyana”.
“El comienzo de una solución firme y
convincente sobre el Esequibo, será con el cese de la usurpación, como lo
referimos tiempo atrás en la plenaria del parlamento, pero esto no significa
olvidar que necesitamos echar desde ya las bases de una política de Estado en
la materia y, con una mayor habilidad, empuje y destreza diplomática de los
jefes de misión de la encargaduría presidencial, neutralizar las diferentes
campañas internacionalmente adelantadas por Guyana a su favor”, denunció el
parlamentario.
Barragán asegura que desde Vente Venezuela se
ha dado una propuesta para lograr el cese de la usurpación y de esa manera
atender las diversas cuestiones que afectan al país, entre ellas la situación
del territorio Esequibo. “La Operación de Paz y Estabilidad (OPE), también es
respuesta para la pérdida de control territorial interno por lo que queda de
Estado, e inicio de otra convincente, coherente y eficaz frente a Guyana.
Entendamos el problema en el marco de una guerra o convencional”
El asambleísta concluyó que “en el fondo,
tratan de ridiculizar la propuesta como ha ocurrido con aquello de ‘pedir una
pizza’ con el objeto de descalificar y desalentar la aplicación efectiva del
TIAR, como si no comportara la tarea de promoverlo, diligenciarlo y concretarlo
en los países adscritos, en lugar de esperarlo con los brazos sentados, algo
que beneficia a Maduro y los cómplices que tanto le temen”.
(Caracas.
22/06/2020) Simplemente a la universidad
alzada se le cerraba franca y visiblemente. Al cabo de poco o mucho tiempo,
abría sus puertas con o sin dictadura militar. Se le encanguró con un célebre
allanamiento para desalojar la violencia que anidó, después de derrotada la
insurgencia armada en el resto del país, Recordemos, fue devuelta para un
desarrollo de la normalidad que incluyó limpios procesos electorales internos.
Siguiendo la ilustración, décadas muy atrás,
la UCV fue el escenario predilecto de una guerra de posiciones. En ella se
atrincheraron lo más granado del sector presupuestívoro de la Venezuela
rentista. Luego, la hicieron parte de una guerra de movimientos con la visible
exhibición de los encapuchados que tomarían por asalto el poder. Nada más y
nada menos que el poder, al que accedieron emboscando a todo un país, siguen
apostando por pulverizar a la universidad como noción misma.
Hoy, cada casa de estudios afronta una guerra
no convencional. Poco importa la deserción masiva de estudiantes y profesores,
el déficit crónico del presupuesto, el deterioro de la planta física, los
salarios de hambre, la prolongación artificiosa de sus autoridades. Una inmediata
represión de sus naturales protestas, las caracterizan. La delincuencia común
ejerce el control social, y los llamados colectivos armados pueden andarla a punta de disparos y lacrimógenas
con increíble impunidad.
Lo peor de esta guerra no convencional, está
en la eficaz neutralización de quienes están
llamados a resistirla. Añadimos la expresa o tácita asimilación de los
que tienen por deber la defensa de la autonomía universitaria, la
inviolabilidad del recinto, la libertad de cátedra. No le pagan sus salarios a dos profesores, jubilado
y desterrado uno de ellos, porque fueron seleccionados como representantes de
la Asamblea Nacional ante el Consejo Nacional de Universidades. Prefieren la
nada amable cohabitación con el régimen,
como ocurre con esa oposición que, ante las cámaras, niega todo diálogo y, por
detrás, suscriben acuerdos con los victimarios a la postre traicionados.
María Corina Machado, muy consciente también
del problemario universitario, ha propuesto la Operación de Paz y Estabilización
(OPE). Porque las universidades no pueden solas, como el resto de la población,
siendo necesario algo mucho más que la cohabitación, la que goza del síndrome de Estocolmo. A los resabiados de la cohabitación
doméstica, por supuesto, acomodaticios, no les gusta arriesgar siquiera, por
muy constitucional que sea la autonomía y las elecciones autonómicas que están
en el deber de impulsar.
Por lo menos, deseable, el debate es una característica fundamental de la vida universitaria. Puede decirse, en las distintas disciplinas, el aula entrena para ello, por largos años.
El empleo constante de la razón, cada vez más profunda, es el sello inconfundible. Pensamiento y elocuencia, por cualesquiera medios empleados, las mejores credenciales a exhibir por los que hacen la universidad de cada día. No obstante, a pesar de atravesar un agudo e inminente peligro existencial, la cuarentena ha sido motivo para el escandaloso silencio de estudiantes, docentes y egresados, como de los gremios y autoridades universitarias.
Siendo pocas – realmente, muy pocas – las excepciones, las universidades han perdido un precioso tiempo para la discusión franca, abierta y fundada de sus problemas, pretendiendo esconderse de algún ataque de furia de la usurpación, o – peor – afinando la complicidad con el régimen que las detesta. El incendio de la Biblioteca Central de la Universidad de Oriente (UDO), en Cumaná, u otros sucesos parecidos, apenas sirven para despachar el breve mensaje de estilo por las redes y, luego, ocuparse inmediatamente de otros asuntos que no comprometen muchas neuronas para dejar constancia de una “presencia crítica”.
Jamás, la universidad venezolana fue tan extraordinariamente silenciada, como ahora, salvo que algún brochazo de bytes se jure todo un estremecimiento de sonoridades. Esperábamos más de AVERU, FAPUV o del estudiantado que finalmente no logró confederarse, es lo cierto; o de la propia Asamblea Nacional que nada dijo de la negación del salario o pensión de sus dos representantes ante el CNU, por la propia UCV.
Con este régimen socialista se irá también la universidad rentista que no se cansa de guiñarle el ojo. Y vendrá la nueva universidad audible, sobre los hombros de quienes hoy, por pocos que sean, luchan por ella, luchando.
Tuvo mala prensa, cuando ejerció la prefectura o presidencia de la Congregación de la Doctrina de la Fe, aunque muy luego le sería reconocido el esfuerzo disciplinario para evitar las fáciles y también acomodaticias concesiones frente a la modernidad en descomposición, o lo que suelen llamar la post-modernidad. Ahora, Joseph Ratzinger ha hecho falta en el solio papal para una más firme, decidida e inequívoca orientación ante un mundo que, constantemente, cambia en demasía para no cambiar en nada.
Bastó una declaración reciente del emérito sobre el matrimonio igualitario, observando la estigmatización social de quienes nos oponemos a ello, para que William Anseume lo acusara de majadero. Por cierto, una observación válida que contrasta con la frecuente sandez de una oposición que desconoce a la Iglesia actuante en el mundo terrenal, equivalente a la invocación de las sempiternas hipocresías sociales o sexuales de una institución la Eclesiástica – que significativamente también partió de las imperfecciones de San Pedro para su peregrinación terrenal.
La presente nota, obviamente tiene una vertiente de la fe que poco interesará a Anseume, aunque – como todos, incluyendo al suscrito – siempre está llamado a la conversión, y otra que concierne a la soberanía – esta vez – ciudadana. No obstante, adversando la equiparación con la institución matrimonial entre hombre y mujer, más acá del sacramento, es necesario reconocer que una sociedad libre o, mejor, convincentemente libre, ha de responder con fórmulas alternativas y sensatas ante una realidad insoslayable.
Ni siquiera el concubinato le es reconocido a la pareja de homosexuales que han compartido una vida entera y estable, como tampoco todo el sector goza de una adecuada representación política, agravando – esta vez – una hipocresía personal y social que se une las ya incomprensibles demandas del cambio de sexo que – tarde o temprano – llegará a la de un reconocimiento legal a la zoofilia. Quizá sea ésta una exageración, pero está tan contaminado el debate que la criminalización es automática para quienes nos oponemos o para quienes defienden el matrimonio igualitario, apelando a la mutua descalificación que las empobrecidas instituciones republicanas del presente siglo venezolano, no son capaces de procesar, esclarecer y consensuar en dirección al bien común.
El solo tratamiento de este y de otros tabúes, constituye un riesgo inmenso para todo opinante público, teniendo por contexto la crisis de un país que se niega a morir, pero que igual se sabe acompañado por Jesús en la ruta hacia Emaús, aunque no lo reconozcamos. O, para el no creyente, que tiene en sus afanes de libre y respetuoso discernimiento, una oportunidad para dirimir las diferencias, salvando a la Venezuela misma.
El régimen que confiscó el siglo XXI venezolano, más allá de sus variadas y también llamativas facetas, cuenta con una naturaleza que todavía y ridículamente sorprende a sus críticos o pretendidos críticos. La urgencia de romper con los convencionalismos atañe no sólo a los actores políticos o a los líderes de opinión, sino a la propia academia en el esfuerzo de enderezar el curso de una oposición obligada al aporte histórico real y sustancial.
Por ello, valoramos un título tan oportuno y sagazmente didáctico, como el de Luis Manuel Marcano Salazar: “Responsabilidad de proteger. Visión y revisión de la intervención humanitaria como alternativa de política pública global. Una mirada desde la complejidad y el sistema-mundo” (Editorial Hammurabi, Santiago de Chile, 2019).
Desde la portada misma, el autor deja constancia de las precisiones que caracterizan a toda la obra, aunque la más notable que trasluce es la del ejercicio responsable de la académia. El empeño por reflexionar y aportar (53, 97), aún distante geográficamente del país que le vio nacer, apunta al debate temido por algunos sectores que hasta interesadamente nos creen en el curso de un simple episodio de ocasión.
Fenómenos como el de las crisis humanitarias complejas, los Estados Fallidos, los desplazados y refugiados y, en fin, los insólitos niveles de violencia que los explican, como las limitaciones del sistema internacional y de la normativa derivada de la Paz Westfaliana, aconsejaba de un dispositivo teórico, como el legado por Edgar Morín e Immanuel Wallerstein. Permitiéndole al investigador fractal adentrar el bisturí en los hechos, aunque subyace una cierta inclinación por la teoría de la dependencia, la complementación de la teoría de la complejidad con la del sistema-mundo, revalidó el legítimo propósito de reconstrucción del derecho internacional sobre bases distintas a la de una realidad que hoy lo erosiona, erosionándose ella misma.
Resultado inevitable de su propia naturaleza, vemos al régimen fielmente retratado en la caracterización que Marcano Salazar hace del Estado Fallido, pues, también “deja a sus ciudadanos a la intemperie de grupos delictivos que deshilachan la sana convivencia civil y el proyecto de vida ciudadano, como es el caso de Venezuela” (61). Tiene por contexto un crisis del derecho internacional público, las insuficiencias el Pacto Mundial de Refugiados (2018) que sólo atiende las heridas con olvido de sus causas (48, 51); empero, en nuestro caso, el régimen es algo mucho más que un remanente del pasado (53), inscrito en el ecosistema criminal y en la guerra no convencional.
Políticamente suspicaz, en más de una ocasión, el catedrático observa que el Estado Fallido puede tener representación en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, o hipotecarse con la representación de un distinto Estado, a los fines de su supervivencia. Esta sola y valiosa observación, probablemente lo llevará a un futuro ensayo sobre la viabilidad geopolítica y geoestratégica del Estado Fallido, cuya extinción no parece ser solitaria.
La manifestación inocultable, excesivamente elocuente y retadora para todo decisor público, está en el desplazamiento masivo de una ciudadanía desesperada que busca refugio en los países vecinos o allende los mares, como ha ocurrido con la diáspora, un término que tiende a barnizar y atenuar la tragedia. Huelgan los comentarios al respecto, víctima el propio autor de un injusto destierro, pero en lugar de invocar su propio testimonio, gana tiempo constatando que Estado Fallido alguno jamás reconocerá la situación (75), como – indica – el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados, no lo ha hecho: inevitable aludirlo, alguna tarea le impone al servicio exterior de la encargaduría presidencial venezolana, ahora.
A través de una pregunta, responde Marcano Salazar, pues, lucen necesarias las medidas colectivas para solventar el problema (21), llevándonos al Pacto Mundial de Refugiados y el carácter jurídicamente no vinculante que tiene. Empero, el autor lapidariamente expresa: “… Si los tratados de no proliferación de armas nucleares fuesen de este mismo tenor, el mundo no existiría hoy” (70). Por ello, el caro principio de la Responsabilidad de Proteger, a concretar mediante iniciativas y dispositivos coercitivos y militares, inclusive, que prevengan, resuelvan y reconstruyan.
Principio o concepto surgido del reporte de la Comisión Internacional Sobre Intervención y Soberanía de los Estados (2001), lo hemos planteado en la Asamblea Nacional, no admite más dilación con la aplicación del artículo 187, numeral 11, constitucional, a sabiendas de las condiciones que impone la pandemia. Será interesante para todo estudio, sea o no historiador, calibrar los argumentos que ha esgrimido la Fracción Parlamentaria16 de Julio en las sesiones plenarias, solitariamente.
El autor acierta al proponer una política pública de intervención humanitaria que tenga impacto en los ámbitos político-cultural, económico-internacional, doméstico-burocrático, cuestionando severamente principios como el de la autodeterminación y no intervención, frente a las tragedias humanitarias (16, 84). Además, plantea la creación de un órgano o autoridad competente que comprometa a los Estados afectados colateralmente por las crisis humanitarias que identifique al Estado Fallido y coordine la coalición militar, si fuere el caso: la Comisión Ejecutiva Mundial de Intervención Humanitaria (92).
Rechazan hechos vandálicos que se han llevado a cabo dentro
las universidades del país por parte de las fuerzas del régimen venezolano
El parlamentario asegura que ‘‘todo indica que lo aconsejable es volver a la Ley Orgánica de la FAN de 2005 en sustitución de la vigente ley de 2014’’
(Caracas. 21/04/20) Este martes, durante la sesión virtual de la Asamblea Nacional (AN), el diputado y miembro de la Fracción 16 de Julio, Luis Barragán, rechazó y condenó la consecutiva violación al recinto estudiantil y a la autonomía de la Universidad Simón Bolívar por las fuerzas del régimen de Maduro,‘‘a la violación directa de la autonomía, se le suma otra indirecta, gracias al hampa común que intenta ejercer una suerte de control social que ha sido conveniente al régimen’’, lo indicó con referencia a los hechos vandálicos que vivió la Universidad de Oriente.
Asimismo, agregó que ‘‘todas las instituciones escolares de
carácter público y privado, están a la intemperie de la delincuencia’’. Indicó
que, colegios como el San José de Tarbes de El Paraíso, en Caracas, han sido
objeto de hurtos consecutivos. De igual forma, señala que también se ha visto
en riesgo la integridad del personal de las religiosas de avanzada edad que
trabajan en la institución educativa.
‘‘Equipos electrónicos, materiales didácticos y hasta una
lavadora, se han llevado los ladrones’’, sentenció el parlamentario.
Volver a la Ley Orgánica de la FAN de 2005
Por otra parte, el diputado a la Asamblea Nacional, propuso que ‘‘la Comisión replanteé, considere y apruebe la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional de 2005 para la debida y pronta remisión y sanción de la plenaria de la Asamblea Nacional, en sustitución de la que está actualmente en vigencia, derivada de una arbitraria habilitación presidencial de 2014’’.
A su juicio, ha
habido un proceso de desconstitucionalización de la normativa castrense que,
incluso, ha desembocado en la reciente decisión de la espuria constituyente
sobre una ley constitucional.
El parlamentario también apuntó que ‘‘el último instrumento
legítimamente aprobado por el parlamento fue en 2005, con la presencia de la
oposición’’ y que, ‘‘para colmo’’, el ilegítimo aparato constituyente del
régimen pretende hacer de las milicias un componente de la Fuerza Armada que no
está previsto en el artículo 328 de la Carta de 1999.
Para finalizar, Barragán resaltó que ‘‘todo indica que lo
aconsejable es volver a la Ley Orgánica de la FAN de 2005 en sustitución de la
vigente ley de 2014, tan injusta y unilateralmente emanada de Miraflores’’.
La consabida cuarentena se ha convertido en una muy engañosa tregua para
el conflicto universitario, bajando la temperatura a una polémica que
tampoco la había ganado en sectores que aún apuestan por una resignación
glacial. Agravados los posibles escenarios, el asunto sigue pendiente.
El plazo para reordenar electoralmente a las universidades públicas y
autónomas, esperando otras vías para las privadas, según el arbitrario
oficioso, oficialista y oficial, está vigente y, lo que es peor, es
susceptible de toda suerte de manipulación negociadora. No imaginamos la
angustia de los oportunistas de la hora que dudan ante la supervivencia o
no del régimen, para obrar y celebrar en consecuencia.
Por cierto, la universidad venezolana ha sufrido trágicamente el
coronavius, por lo que ya sabemos de contaminados y de muertos, hasta nuevo
aviso. Relegados sus cursantes y egresados en el área de la salud, igualmente
reprimidos hasta por reclamar una gota de gasolina para atender a sus
pacientes, muchos menos los investigadores han sido convocados por la
usurpación que, además, emplea al huésped indeseable para un llamado a la
unidad nacional insincero y traidor que hace mella en varios núcleos de la
oposición nominal.
Excepto que CONATEL torpedeé la iniciativa, Aula Abierta, legítima
expresión de la sociedad civil organizada, ha planteado y propuesto un proyecto
de Ley Orgánica de Universidades tan necesario de conocer, discutir e impulsar
con la intensidad que la coyuntura permite. Ofrece una alternativa específica y
concreta que significa ganar tiempo para una discusión extraordinariamente
necesaria que conceda toda la sensatez política a un problemario tan complejo y
para el cual debemos tener una exacta e indispensable la voluntad
ciudadana.
La iniciativa legislativa ejemplifica muy bien una faceta a cumplir por
la sociedad civil y a la cual debe estar atenta la Asamblea Nacional, aún en
medio de todos los peligros que la asedian. Nada más propicio el receso
forzado para que la universidad, reflexionándose en un contexto del cual no
podrá escapar por demasiado tiempo, actúe – al menos – digitalmente para los
días que serán impostergables: los que diriman su propia existencia.
