La Coordinadora Nacional de Vente Venezuela alerta
sobre la profundización del Estado fallido venezolano y la necesidad de invocar
instrumentos internacionales como el Tiar y otras herramientas que no
dependerían de un solo país u organización
(Caracas.
11/05/2020) La coordinadora
nacional de Vente Venezuela, María Corina Machado, hizo un llamado este lunes a
la comunidad internacional a no postergar más la resolución de la peligrosa situación
que atraviesa Venezuela y abogó por la aprobación urgente de una “operación de
paz multifacética”, conformada por distintas organizaciones y países aliados.
A través de un documento, la líder opositora
venezolana alertó sobre la ausencia total de Estado de Derecho, la pérdida
indetenible del control sobre el territorio y la imposibilidad de garantizar la
seguridad humana en el país, características que, a su juicio, representan a un
“Estado fallido” que cada día se profundiza más.
A
continuación, el texto íntegro del pronunciamiento:
URGE UNA OPERACIÓN DE FUERZAS CONCERTADAS PARA DETENER LA TRAGEDIA DE VENEZUELA
A los ciudadanos y gobiernos democráticos de
Occidente;
Elevamos una alerta urgente sobre el deterioro
acelerado de la situación en Venezuela. Mientras el mundo está atendiendo la
crisis provocada por la pandemia del COVID-19, el régimen de Nicolás Maduro
aprovecha para aumentar el control social de la población, a pesar de que
simultáneamente pierde el control de las bandas criminales que ellos mismos
crearon, financiaron y armaron.
Postergar la resolución de la situación que atraviesa
Venezuela es un error garrafal que conllevaría un altísimo costo en vidas para
los venezolanos y en desestabilización para los demás países del hemisferio. Ha
quedado demostrado que la tragedia humana que aquí vivimos, así como las
dinámicas criminales que la provocaron, no pueden ser contenidas dentro de
nuestras fronteras, y sus perpetradores no descansarán en su propósito de
desestabilizar a las democracias de la región.
Por cada minuto que pasa, Venezuela profundiza
dramáticamente su ya agobiante condición de Estado fallido: ausencia total de
Estado de Derecho, pérdida incremental del control sobre el territorio y la
imposibilidad absoluta de garantizar un mínimo de seguridad humana en
cualquiera de sus dimensiones.
Nuestra nación atraviesa horas tan oscuras como
peligrosas. El efecto acertado de las sanciones internacionales ha reducido las
fuentes de financiamiento a las operaciones criminales de narcotráfico,
contrabando de combustible y oro, lo cual ha exacerbado la lucha por el control
territorial de las zonas donde se desarrollan estas actividades. En distintas
zonas del país, bandas criminales se valen de los momentos de incertidumbre y
de conmoción para consolidarse.
Estos grupos aprovechan al máximo las dificultades por
las que atraviesa el régimen que otrora los incentivó y los protegió. Aunado a
las profundas carencias de los venezolanos y a las vicisitudes acrecentadas por
la pandemia y el confinamiento, toman ventaja de la descomposición del régimen
para someter a la población civil, para desafiar su autoridad y asumirse como
tal en sus respectivas zonas. En medio de una carrera armamentista entre
bandas, se desarrolla una demencial guerra a muerte por la expansión de sus
territorios, con el consecuente riesgo a la vida de miles de ciudadanos
inocentes.
En el caso de las áreas urbanas, como Caracas, estamos
viendo una batalla campal en varias zonas populares. En Petare, uno de los
barrios más grandes de Latinoamérica, con más de medio millón de habitantes y
cientos de barriadas, desde finales de abril los ciudadanos viven en absoluta
zozobra por el enfrentamiento entre bandas delictivas que han tomado el control
de la zona ante la ausencia de gobierno y con unas fuerzas represoras del
régimen que se han visto sobrepasadas en su intento de frenar a estos grupos,
trayendo como resultado la profundización de las violaciones a los derechos
humanos al caer inocentes en estas operaciones. Esta dinámica se repite en otras
ciudades de Venezuela, donde dichos grupos operan a sus anchas.
Mientras el régimen hace creer que puede contener a
estas bandas, genera el efecto contrario, porque éstas saben que el mismo no
posee las herramientas para frenarlas, no sólo porque por años les permitieron
actuar sin límite, sino porque las fuerzas del régimen hoy no representan una
amenaza para ellas. Más grave aún, los colectivos armados (grupos paramilitares
creados por el régimen con fines de represión política) han comenzado a
asociarse con sectores militares para hacerse del contrabando de combustible,
ampliar sus zonas de control y, en el camino, aterrorizar y matar ciudadanos que
hoy protestan en las calles por el hambre y la falta de servicios.
Durante años, el régimen ha permitido que nuestro
territorio se vaya fragmentando progresivamente, en zonas bajo el control de distintos
grupos criminales dedicados a actividades ilícitas, incluyendo paramilitares y
terroristas extranjeros. Ahora este régimen experimenta la pérdida del
monopolio del terror que por años se propuso instaurar.
Simultáneamente, las Fuerzas Armadas se están
desmembrando y con ello corremos el riesgo de terminar de perder a la principal
institución llamada a recuperar la soberanía nacional, profundamente
desfigurada por el régimen criminal. Con el incentivo de mejores beneficios y
mayor capacidad operativa, estamos presenciando la migración de nuestros
efectivos militares hacia los grupos disruptivos para terminar conformando una
red de ejércitos sin comando centralizado, mezclando elementos militares, capos
criminales, paramilitares y grupos foráneos de terroristas y traficantes.
Hoy hacemos un llamado a la acción urgente de la
comunidad internacional. La atención de la pandemia no puede ocultar la
realidad de que en Venezuela se vive bajo fuego cruzado. Lo que hoy vemos en
Petare podría extenderse a todo el país, con graves consecuencias para la
región. Los gobiernos democráticos de las Américas deben finalmente
internalizar lo que significa tener un Estado fallido y criminal de las
proporciones de Venezuela en el corazón del continente.
Invocamos nuevamente el Tratado Interamericano de
Asistencia Recíproca (TIAR), y al principio suscrito por la Organización de las
Naciones Unidas de Responsabilidad para Proteger (R2P). A la Asamblea Nacional
de Venezuela, le reiteramos la urgencia de la aprobación del artículo 187
numeral 11 constitucional, como señal inequívoca de que los venezolanos estamos
dispuestos a hacer nuestra parte. En este contexto, es indispensable una
operación de paz multifacética, la cual no debe necesariamente estar bajo la
égida de una de una sola organización. Existen experiencias en las que se han
constituido coaliciones de organizaciones y países aliados que han sido
exitosas.
Los Estados miembros del TIAR cuentan con la
legitimidad para actuar con la urgencia que este caso amerita y articular los
aspectos de seguridad, control del territorio y desarme en una operación de
paz, que podría contar con la OEA, la ONU y el resto del Sistema Interamericano
para lo concerniente a salud, alimentación, reconstrucción de la
infraestructura, vigilancia de los derechos humanos, asesoría y observación
electoral. Los venezolanos hemos apelado y seguiremos apelando a todos los
medios de lucha para rescatar nuestra soberanía, nuestra libertad y el Estado
de Derecho.
Muchas veces en la historia, la comunidad
internacional ha llegado tarde a estos escenarios de masivo terror. Venezuela
se acerca aceleradamente a una situación de fragmentación total de su
territorio, de su soberanía e incluso de su identidad cultural como nación.
No permitamos que ocurra esta vez.
Caracas, 11 de mayo de 2020.
María Corina Machado
Coordinadora Nacional de Vente Venezuela
