El oficio militar requiere de una temprana y persistente prueba vocacional que asegure el posterior y exitoso desarrollo de aptitudes en el desempeño de las armas, con niveles de exigencia que no autorizan al desvío de sus fines, propósitos, metas y realizaciones. Al respecto, el artículo 328 de la Constitución marca una clara, directa e inequívoca pauta que, a juzgar por el más reciente comunicado del ministro de la Defensa (1), desmiente el carácter profesional de la Fuerza Armada.
En efecto, respondiendo al discurso de instalación del novísimo presidente de la Asamblea Nacional, Vladimir Padrino López hizo una interpretación sesgada y muy propia de quien ha convertido su condición de Comandante en Jefe en cabeza de un burdo partido armado, tipificando estos años como un escenario de golpismo, terrorismo y violencia política opositora; reclamando la legitimidad de Maduro Moros, a quien le tributa una absoluta e incondicional lealtad; y pidiendo respeto hacia el TSJ, con invocación del artículo 335 constitucional.
Reincidiendo en sus conocidas posturas (2), en nada abona a la especialidad de la corporación castrense, siéndole exclusivo el sector defensa (3): esgrime una posición partidista, objetiva y políticamente refutable respecto a la última década y media; desconoce los artículos 2, 3, 62 y 72 constitucionales que, al permitir la consulta referendaria, hacen del sufragio una incontestable fuente de legitimidad; olvida el Título V, Capítulos I y III de la Constitución, en relación al Poder Legislativo Nacional y al Poder Judicial y del Sistema de Justicia, obviando el consabido y obsceno fraude en el que incurrió la anterior Asamblea Nacional al designar a los magistrados del TSJ que apelan a una terca supervivencia que el citado ministro no se atrevería a defender, respondiendo a los específicos señalamientos resultantes de la investigación y el informe parlamentario correspondiente.
Por consiguiente, el comunicado no es el de un profesional del sector defensa, deslizándose ciertamente hacia un acto de sedición (4), preocupando en demasía por los efectos didácticos que pueda tener y tiene sobre los jóvenes oficiales, o los que aspiran a serlo. Nos referimos a las generaciones formadas completamente por este régimen, poco o en nada conocedoras de la experiencia de las décadas anteriores que, con todos los altibajos, incluyendo las vicisitudes de una insurrección armada auspiciada por la dictadura cubana, jamás se compadece con la del nuevo siglo: por lo menos, antaño, los ascensos, las contrataciones y todo lo atinente a la política militar, fue objeto del debate parlamentario y la opinión público supo y pudo defender su derecho a ventilarlo. Acotemos, fundamental responsable de la crisis humanitaria que todavía nos aqueja, fruto de las políticas nunca rectificadas en materia económica, más la corrupción generalizada, Maduro Moros abandonó sus tareas para garantizar el mínimo y debido abastecimiento de los insumos básicos, entregándolas a la entidad armada que, ajenas a la profesión y especialidad, ha fracasado sobretodo porque no le corresponde concebir, diseñar, aplicar ni evaluar esas políticas.
La negligencia manifiesta de Maduro Moros al provocar la referida crisis y sus consecuencias, implica declarar el abandono del cargo y la implementación de las previsiones absolutamente constitucionales que sancionó el constituyente pacíficamente, por cierto. E, igualmente, al pretender transferir y ocupar en tales tareas a la Fuerza Armada, como las ya consabidamente policiales, impactando sus niveles de profesionalismo, trastocándolas en un partido político, aconseja la destitución presidencial y la rápida convocatoria a las elecciones, solución de un irrefutable sello democrático.
El camino trazado por el régimen, por grandilocuentes que sean sus consignas, conducen a la desprofesionalización, desespecialización y, más temprano que tarde, desaparición de la corporación castrense, excepto cumpla las funciones de guardia pretoriana y clientelar de un socialismo tan real como el que más, versionando al Estado Cuartel. Por más vocación y talento que exhiba la joven oficialidad, ilusionada por el ulterior perfeccionamiento de sus destrezas y conocimientos, nula o escasamente informada del anterior y actual rol de la institución, el socialismo en curso la llevará al desencanto y quizá al retiro, excepto que se convierta en una irreemplazable fuente de supervivencia personal y familiar (5).
Retórica aparte, no es casual la pobre literatura que exhibe el régimen y sus personeros en torno a la Fuerza Armada, en la perspectiva del socialismo del siglo XXI, evitando aclarar las reales intenciones y pretensiones que les anima, corroborado por el inventario de Castellanos. A lo sumo, encontramos reflexiones como las de Aponte Rueda que concibe la profesionalización como una experiencia académica que lo lleve a la práctica (“haciendo uso al máximo del presupuesto militar en beneficio de la sociedad”), estrechando la relación del soldado con la organización castrense, llamando la atención por aquello de la “disminución de formalidades para la celeridad en la obtención del provecho colectivo sea esencial” o, sin trabajar en modo alguno el supuesto, la diga inscrita en la lucha de clases (6).
El ejercicio profesional de las armas, siendo el sector defensa una actividad exclusiva del Estado, no de sus circunstanciales conductores y, además, republicanizado el mando, institucionalizado y no personalizado, constituye una urgente reivindicación. Observa Sinopoli que, en el derecho constitucional comparado, la orientación es hacia una institución castrense disciplinada, políticamente pasiva y neutral, exclusivamente disponible para el sector defensa, añadiendo que “el legislador constituyente no ha querido dejar librado a niveles inferiores un tema tan vital como es el de la caracterización de la máxima fuerza pública estatal y el de las tareas que la misma debe encarar” (7).
(1) 06/01/17:http://www.mindefensa.gob.ve/mindefensa/2017/01/06/comunicado-de-la-fuerza-armada-nacional-bolivariana-5/
(2) Las que adquirieron el carácter de doctrina al exponerse solemnemente por ante la Asamblea Nacional. Vid. José Alberto Olivar (2016) “El discurso de orden del 5 de julio de 2014: la FANB toma la tribuna”, en: “El Estado Cuartel en Venezuela: Radiografía de un proyecto autoritario”, Negro Sobre Blanco, Caracas: 140-156.
(3) Buttó en materia del debido control civil sobre la Fuerza Armada, reivindica la plena autonomía del sector civil para formular las políticas del Estado en la defensa nacional, conceptualizándolas estratégicamente, mientras que al sector militar sólo le corresponde afrontar las amenazas, materializando aquéllas directrices, justificándose en términos presupuestarios. Vid. Luis Alberto Buttó (2015) “Civiles y militares. Manual indispensable”, Negro Sobre Blanco, Caracas: 61 s.
(4) Refiere Sinopoli: “… Las Fuerzas Armadas son inconcebibles como órganos deliberativos, en tanto que como órganos ejecutivos sólo se les admite una actuación en tanto que mero instrumento de las directivas impartidas por los representantes del pueblo y de las autoridades constituidas de acuerdo con la constitución del estado. De allí que en un gobierno de esta índole la deliberación o la acción política de la Fuerza Armada, intentando subrogar a los órganos normales de expresión de la voluntad popular, merezca ser calificada como delito de sedición. Precisamente, en el estado constitucional los ejércitos deben colocarse en las antípodas de esta desviación, para cumplir el trascendental papel de defensoras de la constitución y de la soberanía de la Nación pero bajo el estricto control de las autoridades civiles”. Vid. Santiago Mario Sinopoli (2003) “El derecho constitucional militar” [Tesis doctoral], Buenos Aires, en: http://bibliotecadigital.uca.edu.ar/repositorio/tesis/el-derecho-constitucional-militar.pdf
(5) Salvando las distancias respecto al Uruguay de las décadas anteriores, podemos – entre otras conjeturas – apuntar con Ramírez que el conservadurismo de la joven oficialidad venezolana actual se debe a la única e interesada versión recibida en su formación académica de cuño “chavista”, suponiéndose en una realidad tan natural, incuestionable como sempiterna. Empero, el problema ya no será la propia sobrevivencia, sino la de la institución castrense devenida partido político hegemónico: «Casi se podría afirmar sin temor a yerro, que los oficiales jóvenes representan el sector más conservador de las armas uruguayas; por extracción, por formación y por instinto. Ese instinto los mueve a pensar fundamentalmente en dos cosas; por un lado, caso de alféreces y tenientes, por lo general recién casados o próximos a contraer enlace, cuál será su fuente de ingresos de trocarse el régimen actual por otro, de distintas bases, y luego, cómo acceder al generalato en el menor tiempo posible. El instinto les dice que bajo esas condicionantes sólo podrán sobrevivir en esta organización; por ende, la consigna es preservarla». Vid. Gabriel Ramírez (1988) “El factor militar. Génesis, desarrollo y participación política”, Arca Editorial, Montevideo: I, 189.
(6) Paúl J. Aponte Rueda (2011) “Fuerza Armada Bolivariana: Una visión bicentenaria”, Vadell Hermanos, Caracas-Valencia: 79, 99 s. Cfr. Rafael Ramón Castellanos (2010) “Hugo Chávez Frías y la revolución bolivariana. Bibliografía”, El Perro y La Rana, Caracas.
(7) S.M. Sinopoli. Op. cit.
@LuisBarraganJ
