La larga y paciente reclamación del territorio esequibano, añadido el problema de la Fachada Atlántica, hoy, nos remite a un problema de mayor complejidad: la desintegración territorial misma del país reclamante. El solo enunciado del problema, suscita confusión en numerosas personas quizá por el hábito de una demanda formulada convencionalmente, en más de un siglo.
En efecto, la displicencia, negligencia u omisión sistemática del régimen socialista frente a Guyana, únicamente la rompen aquellas circunstancias ineludibles, extraordinarias y específicas que son capaces de generar un inmediato efecto político interno, como la remisión y el curso que sigue el consabido proceso judicial en la Corte Internacional de Justicia. Han faltado, por ejemplo, la constante suscripción y elevación de sendas notas de protesta ante Georgetown que abone a un expediente que podamos esgrimir – incluso – ante cualesquiera instancias internacionales, además de la cancillería del vecino país, aunque una de ellas, de las pocas notas generadas por estos años, no la tuvo por destinataria, sino a la Exxon Mobil para redundar en una postura ideológica y propagandística de ninguna eficacia jurídica a los efectos del reclamo mismo.
Insistir en los argumentos prácticamente escolares del asunto, luce ocioso y, en todo caso, hay obras que actualizan y profundizan una perspectiva que todavía pugna por conquistar un espacio de la opinión pública, como el compendio de trabajos arbitrados publicados bajo el título de “La cuestión Esequibo”, o los libros recientes de Manuel Donís, como “Venezuela y sus espacios marítimos en el Atlántico ayer y hoy”. La posición de Luis Emilio Bruni en torno a la soberanía, acotemos, desplegada en un interesante foro virtual, cobra un mayor importancia al permitirnos abordar una conducta culposa del régimen, trastocada evidentemente en otra dolosa.
En una reciente nota de prensa, referimos a la reciente carta dirigida por María Corina Machado al novísimo presidente guyanés, en la que, además de insistir en nuestra fundamental prédica reivindicativa, llama la atención del vecino mandatario respecto a la naturaleza del poder establecido en Venezuela y el riesgo que comporta para el hemisferio . Vale decir, la controversia entre ambos países, tiene un contexto radicalmente diferente al de décadas anteriores que también necesita de un liderazgo visionario para una región en peligro inminente.
Se ha dicho razonablemente del padecimiento de un Estado Fallido en Venezuela que, por cierto, autoriza la intervención humanitaria, aunque – por ejemplo –el Pacto Mundial de Refugiados (2018) versa más en torno a sus consecuencias que a sus causas, en el trance de una concreción que tarda del principio de la Responsabilidad de Proteger, observad a propósito de un reciente libro de Luis Manuel Marcano Salazar. Empero, yendo más allá, sostenemos que existe una crisis existencial del Estado venezolano, no sólo por un entronizado poder de facto y una población diezmada con un elevado porcentaje de desplazados y refugiados en otras latitudes, sino por la falta de un control efectivo de territorio nacional, distribuido y compartamentalizado por la delincuencia común y política decididamente organizada que nos ha hecho enclave del terrorismo internacional, los mercaderes de la droga, lavadores de capitales, etc.
Denominamos “síndrome del Esequibo”, la entrega paulatina de un territorio del cual fuimos tan injustamente despojados, pero también la concesión de extensos espacios al interior del país a los intereses y grupos irregulares y mafiosos; apuntemos, no sólo en las estratégicas áreas fronterizas y en el rico sur, sino en las más urbanizadas del centro norte del país, eufemísticamente conocidas como “zonas de paz”. A nuestro juicio, el estado Miranda lo ilustra muy bien con sus profusas áreas marginales, por el reconocimiento de delincuentes que, a veces, alcanzan la celebridad y, a modo de ensayo, por el nada inocente decreto sobre el doble turno para que los precarios consumidores accedan o intenten acceder a los insumos básicos, y el anunciado proyecto estadal de una ley de condominios orientada al desconocimiento de la propiedad privada: resueltamente negado el espacio público a una ciudadanía disminuida, la pretensión es la de conformar incontables guetos, so pretexto de la pandemia.
Podemos explicar el desprendimiento oficialista respecto al territorio esequibano y su proyección marítima, por el rompiendo con una política de Estado que heredó, aunque no puede ostentarla un Estado que está desmoronándose, y también porque queda atrás toda presunción de impericia, desidia y torpeza, a favor del deliberado propósito de contribuir a la reconfiguración territorial del continente. Significa suscitar todas las diferencias reales y ficticias de índole regional, social, cultural y hasta étnica en la región, estimulando la secesión que, al golpear al Estado Nacional en América Latina y El Caribe, permita la emergencia y estabilización de regímenes afines al venezolano: en un sentido, admitiendo la desintegración territorial del país, el madurato no sólo ha apostado a su supervivencia, escondiendo o encubriendo fuerzas que le hagan la pregonada “guerra de resistencia popular”; y, en otro, la entrega definitiva del Esequibo a Guyana, será una victoria pírrica en virtud de las divisiones sociales y raciales que la caracterizan, imposible de aliviar por las generosas perspectivas petroleras que cultiva, susceptible del chantaje cubano-venezolano.
