Las naciones no son solo grupos humanos
con características culturales comunes; también configuran espacios de
desarrollo económico y tecnológico que potencian, al mismo tiempo, la comunidad
política y de intereses sociales, lo que deriva finalmente en estructuras
administrativas que organizan el territorio; pero estas formas de organización
territorial no son artificiosas, responden casi siempre a la naturaleza de las naciones
que componen el Estado, por este motivo existen diversas fórmulas dentro de dos
grandes categorías: la federal y la unitaria.
Casi ningún Estado moderno alberga solo
una nación, aunque se crea con frecuencia que es así; esto ocurre con mucha
mayor incidencia en América, donde la mayoría de los Estados sirven a los
intereses de una mayoría nacional, sin que esto evada necesariamente el hecho
de que las naciones minoritarias también existan; esto lo hemos visto más de
cerca recientemente, en la lucha de los pueblos indígenas venezolanos, para
evitar que la mano voraz del socialismo arrase con sus hábitats, pero con mucho
mayor énfasis para evitar que se destruyan sus formas de vida, sus medios de
subsistencia y colapsen sus actividades económicas.
Incluso si el territorio del Estado
coincidiera con el territorio de una sola nación, el sistema administrativo
para desarrollar las potencialidades locales consignaría algunos factores que
resultan determinantes: el reparto del poder, el grado de autonomía de las
partes integrantes, el nivel de desarrollo y de atención a los intereses de las
comunidades vinculadas y finalmente el estado de los equilibrios necesarios
para garantizar el gobierno más justo y eficaz; el poder descentralizado
permite el reparto más o menos equitativo de las cargas y por consiguiente de
las responsabilidades y promueve el equilibrio de fuerzas tan necesarias para
asegurar un régimen liberal.
La descentralización del poder en
naciones multi-regionales, puede darse de dos maneras distintas: mediante
agentes del Estado central, mediante agentes de la Región y en combinaciones
diversas; la primera forma responde al Estado unitario y la segunda al Federal,
las combinaciones entre ambas describen fórmulas sui generis como el
mancomunalismo, el autonomismo, el regionalismo, entre otros; el caso de
Bélgica es particularmente llamativo, dado su carácter consociativista en el
que priman los acuerdos entre comunidades lingüísticas y culturales con el
mismo peso político; en Estados Unidos, donde las naciones indígenas no representan
minorías significativas, igualmente se ha dado a estas un estatus singular de
autonomía en las que se configura un pacto directo entre las mismas y el Estado
Federal; este nivel de asociatividad es, por mucho, deseable y replicable a
nuestra realidad.
Si la nación posee una estratificación
del poder que garantice el reparto subsidiario del mismo, aunque su
organización sea unitaria, cada región tenderá a la autarquía, si en cambio la
estratificación del poder no garantiza el reparto en consonancia con las
necesidades e intereses regionales, las comunidades estarán siempre
subordinadas a la Metrópolis del Estado, lo que generalmente se traduce en un
sistema ineficiente y hegemónico de una élite sobre minorías geográficas; esa
ha sido por mucho tiempo la situación del poder en Venezuela.
El Estado central ha manejado casi
exclusivamente por demasiado tiempo, aspectos tan trascendentes como el reparto
tributario, y ámbitos que podrían generar mayor productividad en las regiones,
si estas se encargaran de su desarrollo como es el caso de la educación,
régimen de seguridad y administración de riesgos, la justicia, salud pública y
régimen previsional; en fin, un Estado concentrado en la capital, no ha tenido
los mejores resultados, si se combina además con un Estado con vocación
estatizadora, en el que el gobierno funge como gran propietario y distribuidor
de la riqueza rentista; la transformación no solo debe asegurar la
desconcentración y liberalización económica, también debe asegurar el reparto
de la fiscalidad y de las atribuciones que, naturalmente, pueden gerenciar las
regiones, bajo un enfoque cónsono con sus realidades socioculturales.
La atrofia del poder político regional
con frecuencia también genera atrofia en otros ámbitos, principalmente el
económico, dificultando el desarrollo local a partir de la promoción de la
iniciativa ciudadana, lo que determina una ausencia de libertad notoria y
configura un escenario de escasa competitividad y atraso en relación con otras
naciones que sí permiten el despliegue de fuerzas activas en la base
geográfica; como ejemplo tenemos a los Estados Amazonas y Delta Amacuro, el
segundo de estos posee una riqueza petrolera de incalculables proporciones,
quizás mayor a la del Zulia, el primero en cambio, posee ingentes riquezas
minerales; las dificultades para que el sistema educativo penetre en las
sociedades indígenas mayoritarias en estos Estados, puede explicarse por la
centralidad con que se diseña el currículo, incluso el intercultural bilingüe;
un sistema educativo subsidiario, que relacione al individuo en su cosmovisión
con las potencialidades que le brinda el territorio que puede desarrollar
libremente puede tener un impacto positivo; un gobierno regional que no solo
sea garante de las políticas federales de desarrollo sino que posea la
capacidad de desplegar iniciativas propias, otorgando concesiones, habilitado
para asimilar cargas tributarias, capaz de poseer un patrimonio real, también afirma
al federalismo como método más efectivo para crecer.
El federalismo que necesita Venezuela
es muy distinto al federalismo nominal sujeto al Estado central, con
apariencias de descentralización administrativa y excusado por el eufemismo de
llamarlo cooperativo; esta última versión del federalismo, de cuño alemán, no
limita la iniciativa ni la autonomía regional, tan solo se asegura de que las
asimetrías no generen conflictos interregionales, sino que estimula la
cooperación interterritorial; una síntesis sui generis del federalismo
cooperativo y el mancomunalismo español ha sido sopesada en varias ocasiones,
de hecho, las formas constitucionales a partir de 1961 tendieron a lograr este
sistema; sin embargo, los esfuerzos deben aumentarse, la nación aspira a
autonomías locales por encima de gobiernos regionales fuertes que sean capaces
de garantizar la autonomía local más eficazmente.
Para que crezcan las ciudades, para que
se fortalezca la municipalización, es indispensable contar con estructuras
potentes que descentralicen el poder; pues la descentralización directa, como
se ha pretendido, ya lo hemos comprobado, lo único que hace es prolongar el
centralismo y fomentar la dependencia del gobierno federal.
