(Valencia 06.03.26) En el marco de la reciente aplicación de la Ley de Amnistía, los dirigentes políticos del partido Vente Venezuela en el estado Carabobo, Albany Colmenares y Nikoll Arteaga, quienes estuvieron 200 dias detenidos injustamente, fueron notificados oficialmente de su libertad plena.
Tras haber sido excarcelados previamente bajo medidas restrictivas —que incluían la presentación ante tribunales cada 15 días y la prohibición de salida del país—, el sistema judicial notificó este jueves el cese de dichas limitaciones. Sin embargo, lo que debería ser un paso hacia la justicia es recibido con cautela y críticas por parte de los afectados y sus representantes.
A pesar de la notificación, los dirigentes Albany Colmenares y Nikoll Arteaga señalaron que el proceso dista de ser una verdadera reparación para quienes fueron perseguidos por motivos políticos.
Albany Colmenares denunció la opacidad en la ejecución de estos beneficios legales:
»La amnistía se está aplicando bajo un proceso sumamente engorroso y discrecional. No existe una ruta clara que facilite el tránsito a la libertad de las víctimas; por el contrario, parece diseñada para mantener la incertidumbre hasta el último momento».
Por su parte, Nikoll Arteaga calificó la ley de «insuficiente» al no abordar el daño integral causado a los perseguidos.
Falta de reparación, para el dirigente politico no se contempla un resarcimiento de daños a las victimas, ni reconocimiento de la afectación moral y física tras los 200 días de prisión.
Arteaga resaltó que el Estado aún no ha dado respuesta sobre la devolución de bienes privados que fueron incautados al momento de las detenciones y alertó que mientras existan instrumentos como la «Ley contra el Odio», la no repetición de estos eventos no está garantizada.
Los dirigentes enfatizaron que la libertad plena de movimiento no significa la restitución total de sus derechos. La nota de prensa subraya que, para que exista una verdadera democracia, debe cesar el uso de leyes diseñadas intencionalmente para criminalizar la disidencia y se debe garantizar el ejercicio político sin temor a nuevas represalias.