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La educación se constituye en el pilar de una sociedad estructurada, pero en medio de una emergencia educativa, los gremios denuncian la crisis que viven escuelas, liceos, universidades: infraestructura deterioradas y comedores que no funcionan, además del irrespeto al derecho laboral en la defensa de la convención colectiva única y unitaria, la tabla salarial del magisterio y las medidas económicas del año escolar 2018-2019, que inciden negativamente en los trabajadores.

De igual manera, el régimen de Nicolás Maduro ha agudizado la situación de crisis económica, social y política, siendo responsable de la inmensa pobreza, hambre y deterioro de la vida de los venezolanos. Ha incumplido con los fines y principios constitucionales al colocar a la deriva e inercia la atención eficiente y necesaria de todos los niveles y modalidades del sistema educativo.

En su Artículo 102, nuestra Constitución concibe que la educación es un derecho humano y un deber social fundamental, es democrática,  gratuita y obligatoria. El Estado la asumirá como función indeclinable y de máximo interés en todos sus niveles y modalidades, y como instrumento del conocimiento científico, humanístico y tecnológico al servicio de la sociedad. La educación es un servicio público y está fundamentada en el respecto a todas las corrientes del pensamiento, con la finalidad de desarrollar el potencial creativo de cada ser humano y el pleno ejercicio de su personalidad en una sociedad democrática basada en la valoración ética del trabajo y en la participación activa, consciente y solidaria en los procesos de transformación social consustanciados con los valores de la identidad nacional, y con una visión latinoamericana y universal. El Estado, con la participación de las familias y la sociedad, promoverá el proceso de educación ciudadana de acuerdo con los principios contenidos de esta constitución y en la ley.

El inicio de clases del año escolar 2018-2019 se ha vuelto una agonía tanto para el educador como para los padres, representantes y alumnos en medio de esta emergencia educativa, y esto conlleva a tomar medidas donde todos salgamos ganando. Sin embargo, mientras el régimen se ocupa de lanzar unos anuncios que son cualquier cosa menos económicos, se agrava más la situación del regreso a clase. Los padres y representantes están con las manos atadas para adquirir uniformes, zapatos, útiles escolares y con esto, la alimentación, que ha sido un detonante en la vida diaria de la familia venezolana y la gran dificultad para mantener una dieta balanceada y esto ocasionará un coeficiente intelectual que afectará el proceso cognitivo y llevará a la deserción escolar y a la inasistencia escolar forzada.

El regreso a clases, según Fe y Alegría, no es nada alentador. Un 50% de sus alumnos no se inscribieron, mientras que 3.500 profesores renunciaron, muchos planteles se vieron desolados o con muy poca afluencia de estudiantes; esto lo afirmó la Asociación Venezolana de Educación Católica (AVEC). De igual forma, la Asociación Nacional de Instituciones Educativas Privadas (Andre) anunció que cerca de 400 escuelas cerrarán ante la deserción escolar. Significaría “el desplome de la educación venezolana”.

El Movimiento Educativo Simón Rodríguez también publicó algunas cifras que reflejan la crisis que vive el sector educativo, más de 1 millón de estudiantes abandonaron las aulas debido a la situación de emergencia humanitaria que se encuentra el país, pero más grave aún es la diáspora de docentes y el costo de las mensualidades de los colegios privados. Según Tulio Ramírez, la educación se está haciendo invisible. La cantidad de alumnos real que volverán a clases no es la única variable incierta para especialista en el tema. “Ya no se sabe si el colegio abrirá o, en el caso de la oficial, si la escuela estará en buen estado o si habrá PAE”, dice.

Esto me lleva a preguntar ¿quién va a cubrir la educación inicial, la primaria y la secundaria? En cuanto a la emergencia educativa, no solo significará urgencia, sino también prioridad. Se trata del hecho de educar y cubrir la instancia pertinente.

En consecuencia, la Coalición Sindical y los representantes del Sindicato del Magisterio, de los funcionarios públicos, jubilados, así como también padres y representantes del país, declararon la emergencia educativa ante la situación que enfrenta el sistema.

Recalcaré nuevamente el ingrediente más complejo y significante de esta crisis educativa: la deserción, la diáspora, sin alimentos, sin poder adquisitivo, transporte, la convención colectiva única y unitaria, salario y lo más importante: educación.

Desde el 13/09/2018 se produjo una Asamblea Magisterial de la Gran Caracas, Miranda y La Guaira, con educadores activos y jubilados, movimientos, Organizaciones Sindicales de base e IPASME, donde se acordó declarar la emergencia educativa, donde se rechazó y se denunció la violación de los derechos adquiridos. Asimismo, las Federaciones del Magisterio, Asocejupre, directivos de la CTV y la Unidad Democrática del sector educativo, donde se resaltó la pretensión del régimen de eliminar el tabulador salarial, la convención colectiva, primas, bonos, entre otros, en la larga lucha del Magisterio Venezolano; se destacó lo inamisible de querer descargar sobre los hombros de los trabajadores la crisis que la dictadura ha creado. No podemos permitirlo, depende de nosotros.

Yraida Velázquez, coordinadora de Asociaciones Ciudadanas en Distrito Capital.

@Yraidavelazquez